Por: Arabeska Sánchez
Con lo conocido actualmente sobre los destinos de los bienes que han sido arrebatados a algunas estructuras de criminalidad organizada por años, fácilmente puede llegarse a la conclusión que el sistema fraudulento con el cual los bienes pudieron haber ido a parar nuevamente a los mismos grupos -aunque no precisamente los mismos nombres pero si sus mismos representantes legales o testaferros- a través de procesos de subastas públicas que aparentemente han estado permeadas por la corrupción de dar a conocer las basas de las mismas antes de su publicación o ventas directas.
En el reciente informe dado a conocer a la ciudadanía a inicios del presente año sobre auditoria a la OABI, sobresalen prácticas de ventas directas que se anticiparon a los procesos de publicación de las bases o requisitos legales de las subastas, también arrendamientos de bienes inmuebles, e incluso la administración de bienes empresariales delegados a servicios terciarios, mientras que muchas de esas empresas fueron también reportadas como caídas en quiebra sin mayores razones de sus declaraciones juradas de impuestos que cada año se realiza en el Sistema de Administración de Rentas -ni señales del control sobre este asunto-.
Así se percibe hoy que es muy posible que estos procesos en donde se les quitó bienes de origen ilícito a estos grupos pudieron fácilmente volver a ellos durante el tiempo de sus juicios o incluso en la reventa o subasta que posteriormente a esos juicios se hicieran; que habrían llevado también a dejar una mora de pagos sin cobrar en la oficina encargada de la custodia legal de estos bienes -inmuebles, muebles, semovientes, y papel moneda- que posteriormente podría ser objeto de demandas a menos que los correspondientes análisis de especialistas financieros y criminológicos hicieras la detección a tiempo de esta gran fachada con la cual se ha hecho creer que el crimen organizado que ha operado en Honduras se quedó sin sus recursos financieros. Esto a pesar de existir sobre algunos de estos grupos juicios similares sobre lavado de activos en otros países del continente y el caribe.
Esta radiografía del descontrol en la administración de las incautaciones que ya muchos hemos comenzado a notar, no ha dejado a ningún funcionario requerido, pero si algunos de ellos que han estado ejerciendo esa tarea han aparecido mencionados en los diarios con las publicaciones sobre los primeros juicios llevados a cabo en la ciudad de Nueva York a quienes aparentemente los imputados les hicieron pagos para que avisaran con tiempo la lista de bienes a incautar y así evadir las incautaciones en su momento, posteriormente se ve en la ultima auditoria de la OABI que aun habiendo sido incautados los medios de recuperación no les faltaron, en un aparente descontrol administrativo que reporta una cantidad de bienes muy distinta de la que se estuvo reportando en cada operativo durante al menos una década, pero hacer de la tragedia de una pobre jirafa la perfecta distracción para no tomar acciones sobre esta realidad, ha sido solo uno de los trucos implementados para desviar la atención en lo sustancial de la investigación criminal.
Se desconoce la lista de directores que han pasado por ahí, pero no así los casos que ya comienzan a surgir, unos relacionados a procesos de extradición, unos demandando al estado, otros demandando por devolución de bienes ya quebrados, y algunos otros demandando por despidos, e incluso demandas por devolución de dineros en cuentas bancarias cuyos destinos están tan perdidos como los bienes que fueron a parar a manos de los mismos grupos criminales. En cuanto a factores que se facilitaron para que esto les funcionara así, no se deja de identificar los caros sistemas de administración y contabilidad o software que aparentemente iban a permitir un manejo eficiente de estos recursos, mientras que los sistemas de caja fuerte de bienes valiosos que generalmente se ponen a disposición de estos procesos tampoco dan cuenta de todo lo depositado.
Podría decirse que ese es el verdadero banco quebrado que también se atrevió a hacer préstamos a empresas insolventes que las tercerías administraron y ahora se desconoce quienes conforman ese pool de genios empresariales que se han hecho humo desde que comenzaron a ser conocidos algunos anticipos de juicios por venir.
Así, seguramente sabremos pronto, que sucedió realmente con los 7,099 bienes inmuebles y muebles -muy pocos asignados legalmente a oficinas gubernamentales, y a arrendatarios que escribieron las deudas con la OABI en hielo-, mientras que de los fondos que pasaron transferidos con firmas por aquí y por allá a otros dueños o beneficiarios, o aquellas que han pasado de país en país… de esos quien sabe… en fin, no cabe ninguna duda que ha sido un jugoso negocio para muchos, posiblemente los mismos a quienes se les incautó estos bienes, y porqué no, talvez algunos de sus nuevos socios que hicieron de este círculo vicioso y corrupto su perfecta oportunidad criminal. Hasta la próxima entrega que estemos bien.
