El Consejo Europeo debería suspender el acuerdo de asociación con Honduras mientras no se cumpla la obligación de alcanzar el pleno cumplimiento de todos los derechos humanos y libertades elementales entre otros artículos.
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La Misión internacional “Justicia para Berta Cáceres”, ha pedido a la Unión Europea la suspensión de la ayuda de 30 millones de Euros que serían destinados para instituciones como el Ministerio Público y el sistema de administración y operación de justicia.
En el punto que se basa en las recomendaciones preliminares en torno a la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países, Beverly Kim en representación de Jubileo Sur de Argentina y citando los artículos 1, 2, 12, 24, 29 y 45 y 355 del acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus estados miembros por un lado y Centro América por otro, el Consejo Europeo debería suspender el acuerdo de asociación con Honduras, mientras se incumpla la obligación de alcanzar el pleno cumplimiento de todos los derechos humanos y libertades elementales entre otros artículos.
Ante las irregularidades surgidas en el asesinato de Berta Cáceres y de otros miembros del COPINH, se debería evaluar la financiación de España y de la Unión Europea al programa “Euro Justicia” que asciende a 30 millones de euros y que tiene como principales beneficiarios al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial, suspendiéndose temporalmente hasta que se esclarezcan las responsabilidades sobre el asesinato de Berta Cáceres.
Suspender de manera inmediata todas las concesiones que se han dado en territorio del pueblo lenca sin consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas.
Desmilitarizar los territorios del pueblo lenca y respetar la autonomía territorial y el autogobierno de sus comunidades, reconociendo al COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria.
También demandaron dar cumplimiento efectivo al convenio 169 de la OIT, mediante un acuerdo que reconozca a las comunidades lencas y a todos los pueblos indígenas hondureños, el pleno derecho a ser salvaguardas protectores y gestores de sus territorios y bienes comunes, de la naturaleza y de su cultura.
Exhortaron al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), involucrado en el financiamiento del proyecto Agua Zarca a cancelar su participación al tiempo que instamos a la compañía financiera holandesa para el desarrollo (FMO) y FinnFund a transformar la suspensión temporal de sus inversiones en una suspensión definitiva.
Instaron a los países e instituciones financieras multilaterales, desde donde llega el financiamiento directo e indirecto a Honduras para proyectos conflictivos, como el de Agua Zarca, que cumplan con sus obligaciones extraterritoriales. Como consecuencia de sus actos u omisiones en la medida que impactan sobre los derechos humanos en los territorios afectados por sus inversiones.
Toda entidad financiera tiene obligaciones de verificar que los impactos sociales y ambientales no sean dañinos y violatorios de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza, acotaron.
Demandaron que se investigue la relación de la Compañía Holandesa para el Desarrollo (FMO) con el grupo financiero Ficohsa y su participación en el proyecto Agua Zarca.
