| Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa, 16 de noviembre de 2018. Las organizaciones que conforman la Misión de Observación Calificada que observa el juicio por el asesinato de la defensora Berta Cáceres expresan su profunda preocupación porque el pasado lunes 12 de noviembre se celebró una audiencia sin avisar previamente a las víctimas del caso, lo cual se suma a una serie de graves irregularidades que han sido denunciadas desde el inicio del proceso.
El pasado miércoles 9 de noviembre, el Tribunal notificó públicamente a las partes que el juicio se retomaría hasta el martes 13 de noviembre a las 09:00 a.m.; sin embargo, el lunes 12 de noviembre, el Poder Judicial publicó en su Twitter que el juicio se estaba reanudando. Este mensaje parece ser el único anuncio público del cambio y constituye una nueva violación al principio de publicidad, así como a los derechos de representación de los intereses de las víctimas. En dicha audiencia, se evacuaron las extracciones telefónicas que corresponden a dos de los imputados, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, ambos ligados a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA).
Aunque el 19 de octubre el Tribunal declaró a la acusación privada en abandono de la causa y ordenó al Ministerio Público asumir su presentación, en este caso, ni la familia de Berta Cáceres ni Gustavo Castro fueron informados respecto del cambio de fecha de la audiencia. Esto imposibilitó que tanto ellos, como la Misión de Observación Calificada, quien se presentó ante el Tribunal al inicio del debate oral y público para expresar abiertamente su interés en seguir el proceso público, otros observadores de organizaciones de la sociedad civil hondureña e internacional, el cuerpo diplomático y medios nacionales e internacionales pudieran acudir a observar la audiencia; es decir, en la práctica se trató de una audiencia secreta.
El principio de publicidad del proceso estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.5), además de proteger los derechos de las personas acusadas y los intereses de las víctimas, se constituye como un medio esencial para que pueda ejercerse el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades públicas por parte de la comunidad en general, siendo también un presupuesto de la eficacia de la función judicial y la legitimación de la democracia participativa.
A las víctimas y sus representantes – además de ser excluidos del proceso y no ser informados de este tipo de decisiones – también se les denegó la posibilidad de transmitir las audiencias, así como el acceso a las grabaciones del juicio. Esto implica que la asistencia a las audiencias es el único medio por el cual las víctimas, sus representantes y la sociedad en general pueden obtener información sobre el desarrollo del proceso. Estos hechos violentan el derecho de acceso efectivo a la justicia y la protección y garantía del derecho a la verdad.
Asimismo, a nivel nacional supondría la vulneración de diversos preceptos del Código Procesal Penal Hondureño que aseguran los derechos de información y de asistencia a las audiencias por parte de las víctimas.
Concretamente el artículo 161 que enumera estos derechos expresa en su apartado 2) y 4) el derecho de la víctima a “ser informada de los resultados del proceso aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite” y el derecho a “participar en las audiencias públicas conforme a lo establecido en este código”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha señalado que “los procesos nacionales son también una forma de hacer valer el derecho a la verdad. Los tribunales imparten justicia, pero también evalúan los hechos de acuerdo a rigurosos criterios de prueba y de procedimiento, y dejan constancia de ellos en las actas judiciales. Al promover el derecho a la verdad, los Estados deberían garantizar un amplio ius standi en el proceso a todo lesionado y a toda persona u ONG con interés legítimo”.
Las organizaciones que conforman la Misión de Observación denuncian esta nueva irregularidad que afecta los derechos de las víctimas y a la vez solicitan que se respete el principio de publicidad y que se les permita ser parte del proceso. La Misión continuará monitoreando y denunciando las irregularidades que observe el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de homicidio en contra de Gustavo Castro.
Firman:
Canadian Centre for International Justice – Canadá
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) – Nicaragua
Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) – Guatemala
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) – Honduras
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) – Colombia
Comisión Internacional de Juristas (CIJ) – Internacional
Due Process of Law Foundation (DPLF) – Estados Unidos
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) – Honduras
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos – Internacional
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos – Internacional
Guatemala Human Rights Commission (GHRC-USA) – Estados Unidos
Impunity Watch – Holanda
Joseph P. Berra del Promise Institute for Human Rights de UCLA – Estados Unidos
National Lawyers Guild, International Committee – Estados Unidos
Observatoire International des Avocats – España/Francia/Italia/París
Plataforma Internacional Contra la Impunidad – Ginebra
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