El Decreto 04-2022, conocido como la «Ley de Amnistía» política, el Decreto 117-2019 sobre la inmunidad parlamentaria, y los artículos 17 y 96 del Código Penal vigente, son algunos de los decretos que, según la misión de expertos para la instalación de la CICIH en Honduras, facilitan la corrupción en el país
Sobre el andamiaje legal vigente en Honduras, la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) pidió hoy a los tres poderes del Estado realizar reformas urgentes al marco legal hondureño para facilitar la instalación del mecanismo anticorrupción.
Tegucigalpa, Honduras. – El informe de la Misión del equipo de expertos de Naciones Unidas, obtenido de manera exclusiva por Criterio.hn, señala que uno de los principales obstáculos para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) es el marco legal vigente.
“Se constató que más allá de la normativa de aplicación general, existe un andamiaje legal que facilita la apropiación indebida de recursos por parte de funcionarios públicos y otros actores de carácter privado”, cita de manera textual, parte de un párrafo que hace alusión a los obstáculos de la instalación de la CICIH en Honduras..
El documento indica que, hasta el momento, en el país, se han implementado solo tres de las 26 medidas legales necesarias para la llegada de la CICIH, lo que indica que aún quedan 23 medidas por aprobar.
Entre las no implementadas está la derogación de los artículos 4 y 8 del Decreto 04-2022, conocido como la “Ley de Amnistía” política. El artículo 4 refiere la concesión de amnistía a personas procesadas penalmente, incluyendo aquellas con sentencias firmes, cuando se trate de casos relacionados con motivaciones políticas ocurridas durante el Golpe de Estado de 2009.
Por otro lado, el artículo 8, del mismo decreto regula la creación de la CICIH bajo la asesoría de Naciones Unidas. Este artículo señala que la comisión debe estar dirigida por profesionales de reconocida honorabilidad, seleccionados por el Estado de Honduras a partir de propuestas presentadas por Naciones Unidas.
El informe también menciona la inmunidad parlamentaria establecida en el Decreto 117-2019, la cual refiere a la inmunidad a diputados por cometer actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, lo cual representa otro obstáculo para combatir eficazmente la corrupción.
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REFORMAS AL CÓDIGO PENAL
Además de los decretos previamente mencionados, el equipo sostiene que existe un marco legal que facilita la corrupción de funcionarios públicos. Este permite, por ejemplo, la apropiación indebida de recursos por parte de empresarios y otros actores privados. Esta situación queda reflejada en normativas aprobadas en el Congreso Nacional que abarcan temas tributarios, registrales y las concesiones mineras.
Por otro lado, aseguran que no es necesario modificar la Constitución para combatir la corrupción y otros delitos graves. En cambio, proponen una reforma al Código Procesal Penal para fortalecer el mecanismo de querella, otorgando mayor autonomía para iniciar procesos penales o participar en casos del Ministerio Público.
También sugieren ampliar el concepto de «víctima» en el artículo 17 e incluir delitos como la corrupción y el crimen organizado en el artículo 96. Estas reformas solo requieren mayoría simple en el Congreso.
La Misión de Expertos de Naciones Unidas ha propuesto, además, reformas para mejorar el sistema de justicia en Honduras, centradas en casos complejos como la corrupción y los delitos financieros.
Entre las recomendaciones destacan la creación de un circuito de jueces especializados, el fortalecimiento del juzgado de privación de dominio y la creación de una Unidad Fiscal de Alta Complejidad dentro del Ministerio Público, con acceso a bases de datos clave, para mejorar la lucha contra estos delitos.
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Sobre este panorama, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, defendió que el gobierno no solo solicitó el diagnóstico realizado por la misión de expertos, sino que también ha impulsado la creación de una CICIH autónoma bajo los estándares de la ONU y ha pedido celeridad en las negociaciones.
Reina señaló, mediante un publicación en X, que los principales obstáculos provienen de sectores políticos y económicos que se benefician del esquema de corrupción público-privada instaurado durante gobiernos anteriores.
PETICIÓN A LOS TRES PODERES DEL ESTADO
Sobre el andamiaje legal vigente en Honduras, la organización Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) instó, a los tres poderes del Estado a realizar reformas urgentes, señalado como un obstáculo para la instalación de la CICIH debido a la impunidad heredada del anterior Congreso Nacional.
En su comunicado, pidieron a la presidenta Xiomara Castro compartir sin demora información, al Poder Judicial, presidido por Rebeca Ráquel Obando, le solicitaron reestructurar el Circuito Judicial Anticorrupción, basándose en la experiencia de la MACCIH, convocar jueces de carrera mediante concurso público y fortalecer la carrera judicial.
Por su parte, al Congreso Nacional, liderado por Luis Redondo, le exigieron convocar una sesión inmediata para discutir y aprobar las reformas propuestas por la ONU, transmitiendo las sesiones en cadena nacional para que la ciudadanía conozca quiénes apoyan o se oponen a la instalación de la CICIH.
