Tegucigalpa.- La Misión Internacional de Observación (MIO-Honduras) del proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia en Honduras llama a diputadas y diputados del Congreso Nacional que tengan cuentas pendientes con la justicia a abstenerse de votar por las magistradas y los magistrados de la Corte que ejercerán funciones entre 2023 y 2030.
Este jueves 15 de diciembre de 2022, la MIO-Honduras ofreció una conferencia de prensa y, a través de ella, presentó el informe Proceso de Elección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras: Etapa Inicial de la Selección por la Junta Nominadora.
Mediante ese documento, la MIO-Honduras realizó una serie de sugerencias al proceso de nominación y elección de la Corte Suprema de Justicia, pero destacó la que realizó a las diputadas y los diputados del Congreso Nacional que tiene cuentas pendientes con la justicia, a quienes llamó a abstenerse de votar y evitar, en ese sentido, conflictos de interés.
“Consideramos que los diputados deben abstenerse de votar si tienen conflictos de interés o están sometidos a investigaciones que deben conocer los tribunales de justicia, en particular si están vinculados a proceso de investigación por corrupción, crimen organizado y violencia sexual. Solo así se evitará que elijan a sus propios jueces en una futura revisión de casos que actualmente están en su contra”, declaró la integrante de la MIO-Honduras y codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Claudia Martin.
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La elección de las 15 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, que ejercerá funciones entre 2023 y 2030, se efectuará el 25 de enero de 2023 en el Congreso Nacional. La Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte remitirá al Legislativo un listado con al menos 45 candidatas y candidatos y, entre ellos, se elegirá a quienes actuarán como máximos impartidores y administradores de la justicia hondureña durante los próximos siete años.
ANTESALA A LA ELECCIÓN
Con relación a la antesala de la elección de las magistradas y los magistrados, la MIO-Honduras llamó a las diputadas y los diputados del Congreso a actuar con la misma transparencia que se le ha exigido a la Junta Nominadora.
“Ello a fin de transparentar el proceso. Diputadas y diputados deben conducir entrevistas públicas a los 45 candidatos, hacer públicos sus votos y fundamentar sus decisiones”, agregó Martin. Durante la última elección de las magistraturas del Supremo hondureño, que se realizó en 2016, hubo señalamientos de sobornos a diputadas y diputados, a fin de elegir a candidatas y candidatos afines a grupos de poder político y económico, así como a estructuras del crimen organizado y del narcotráfico.
Por otra parte, la MIO-Honduras criticó la lentitud de la Junta Nominadora con relación a los expedientes y a las secretividad con que se ha manejado la fase de investigación socioeconómica. El miércoles 14 de diciembre, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) alertó a la ciudadanía acerca de la opacidad durante esta etapa del proceso.
Ante ello, Juan Jiménez Mayor, jefe de la MIO-Honduras y también exvocero de la desaparecida MACCIH, dijo lo siguiente: “Sesionar algunos aspectos vinculados al proceso de manera reservada violenta el principio de máxima transparencia, un elemento fundamental. Cualquier elemento que pueda distorsionar este principio no es adecuado y, por lo tanto, esperamos que Junta Nominadora acate la responsabilidad que tiene en este proceso tan importante para Honduras”.
La MIO-Honduras también se pronunció en torno a la sugerencia que la Unión de Notarios de Honduras (UNH) realizó al Congreso, mediante la cual instó a ese poder del Estado a interpretar el artículo 19 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.
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Sobre ese específico, Claudia Martín declaró: “Consideramos que esta solicitud, que afortunadamente no consiguió éxito, sería perjudicial para el proceso porque cambiaría reglas de juego que están en aplicación”.
Otro de los puntos sobre los cuales la MIO expresó su preocupación en el informe es la judicialización de algunas etapas del proceso, tomando en cuenta que algunas personas ya descalificadas del proceso han interpuesto recursos de amparo ante la CSJ, en detrimento de la Ley de la Junta Nominadora.
“Esto o puede significar que pueda perturbarse el proceso y llevar a que se suspenda, afectándose el cumplimiento de todas las etapas del proceso”, manifestó, por su parte, el integrante de la MIO-Honduras y exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
La MIO-Honduras arribó al país en respuesta a una invitación de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, sigla en inglés), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) y Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC). Se ha reunido con distintas comisiones del Congreso Nacional y con representantes de la Junta Nominadora.
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