Ministerio Público solicita traslado al “Pozo” de dos alcaldes y dos expolicías

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Ministerio Público informó la tarde de este jueves que ha solicitado el traslado de dos alcaldes   y dos policías hacia la cárcel de máxima seguridad  conocida como “El Pozo”, ubicada en Ilama de Santa Bárbara.

La solicitud de  los  traslados son para los alcaldes de Yoro  y San Fernando, Ocotepeque, Arnaldo Urbina Soto y Jairo Arnoldo Chichilla, respectivamente. Asimismo contra los expolicías, Héctor Jacinto Mendoza y Roberto Armando Carranza.

La solicitud la formuló la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida ante el Poder Judicial, detalló el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

LOS SOLICITADOS

El alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, se encuentra en prisión en el Centro Penal de San Pedro Sula, acusado por los delitos de lavado de activos y almacenamiento ilegal de armas prohibidas.

Arnaldo Urbina Soto, alcalde de Yoro.

El líder del Partido Nacional fue capturado en julio del 2014 e inmediatamente enviado al Tercer Batallón de Naco, Cortés. Pero meses después fue enviado al Centro Penal de San Pedro Sula, donde se conoció hace algunos meses que recibía visitas a toda hora y que tenía tratos privilegiados.

En tanto el alcalde de San Fernando, Ocotepeque, Jairo Fernando Chinchilla, fue capturado el pasado el pasado 12 de marzo de 2016, acusado por el delito de sicariato. El edil, también perteneciente a las filas del partido de gobierno y se encuentra recluido en el centro penal de San Pedro Sula. Al momento de su captura se le acusó de liderar la  banda criminal denominada  “Los Carrillos”.

Jairo Arnoldo Chinchilla, alcalde de San Fernando, Ocotepeque.

Por su parte los expolicías, Héctor Jacinto Mendoza y Roberto Armando Carranza, se encuentran recluidos en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, de Támara, Francisco Morazán, acusados por el delito de asociación ilícita en perjuicio de la seguridad del Estado.

Mendoza y Carranza se habrían infiltrado en la policía y se supone que desde adentro proporcionaban información a grupos criminales.  También se presume que son los responsables de acabar con la vida de dos fiscales del Ministerio Público, asesinadas hace tres años en la ciudad de San Pedro Sula.

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