Tegucigalpa, Honduras. – Entre 2019 y 2023, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) remitió al Ministerio Público (MP) 183 expedientes de policías posiblemente involucrados en actos ilegales.
Esto, según la información proporcionada por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales a través de la solicitud de información SOL-DIDADPOL-109-2024. El análisis de datos indica que el año con mayor número de expedientes remitidos al MP fue 2021, con 50 casos, lo que equivale al 27% del total (183).
Seguido está 2022, con 40 expedientes remitidos, lo que constituye el 22%. Luego, 2020, con 22 casos (12%). Aunque las ilegalidades cometidas por policías proliferaron en 2023 debido a las facultades otorgadas por el estado de excepción, ese fue el año con menos expedientes enviados al MP: 6 (3%).
Además, la dependencia policial que investiga actos ilegales dentro de la institución detalla que estos expedientes abarcan fechorías cometidas tanto por integrantes de la Escala Básica de la Policía Nacional como por comisionados.
Sin embargo, no se especificaron cuáles fueron las ilegalidades cometidas por estos uniformados dentro de la institución ni cuáles de ellas constituían delitos, argumentando que esa es una tarea del Ministerio Público.
La ironía del caso es que más de 50 de los expedientes enviados durante el período mencionado fueron devueltos por el Ministerio Público debido a dos factores: la falta de evidencia suficiente para iniciar una investigación y que las faltas expuestas eran de carácter administrativo, es decir, no constituían delitos de índole penal.
Lo cierto es que, a pesar de la baja cantidad de expedientes remitidos al MP durante el período analizado, existen casos que han revelado el vínculo entre elementos policiales y el crimen organizado, así como la corrupción que ha persistido históricamente. Estos vínculos han florecido en períodos en los que incluso los altos mandos han estado implicados en actividades ilegales.
Lo anterior se evidencia con los más de 10 policías de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) que están siendo procesados judicialmente en 2024 por cometer diversas ilegalidades, amparados en las facultades otorgadas por el estado de excepción.
Además, el vínculo entre algunos agentes y la corrupción queda al descubierto con la reciente condena de tres policías por su participación en redes de corrupción dedicadas al tráfico de permisos y licencias de conducir en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
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HISTORICAMENTE POLICÍAS HAN ESTADO ENVUELTOS EN ILEGALIDADES
Este número, según analistas en temas de seguridad, podría representar solo una pequeña parte de la realidad. Históricamente, algunos uniformados han sido no solo señalados por el ente investigador, sino también sentenciados por el Poder Judicial por formar parte de estructuras de corrupción y criminalidad dentro de la institución.
Kenneth Madrid que la institución carece de estrategias no solo en temas de seguridad, sino que también enfocar medidas para sacar de la institución a policías que tengan vínculos con la criminalidad y corrupción. (Fotografía: Horacio Lorca)
Por ejemplo, el analista en temas de seguridad Kenneth Madrid expuso que la única manera viable y a corto plazo para depurar constantemente a la Policía es reforzar todos los aspectos de la Didadpol. Esto permitiría que la Dirección, entre otras cosas, realice investigaciones periódicas sobre todos los funcionarios.
“Lo que es correcto, y hacia dónde debe dirigir la Secretaría de Seguridad su atención si realmente desean identificar las manzanas podridas y llevar a cabo una acción efectiva, es estructurar el Centro de Control de Confianza de Didadpol y comenzar a certificar anualmente a cada uno de los policías”, opinó el abogado Kenneth Madrid.
Kenneth Madrid hizo hincapié que una certificación anual de los policías permitiría identificar a aquellos que están involucrados en actividades ilícitas y a los que operan de manera correcta.
Según él, este enfoque es la verdadera depuración policial dentro del marco jurídico, ya que la implementación de comisiones interventoras ha demostrado ser ineficaz. En lugar de recurrir a medidas temporales, Madrid aboga por un fortalecimiento estructural de la institución para asegurar una depuración efectiva y sostenible.
Lo expuesto por Madrid tiene sentido. En 2016, durante el gobierno del expresidente narcotraficante Juan Orlando Hernández, Honduras emprendió un proceso de depuración policial para eliminar la corrupción y el crimen organizado infiltrado en la Policía Nacional. La medida buscaba separar a los oficiales implicados en actividades ilícitas y reformar la institución para mejorar su integridad y transparencia.
Sin embargo, el proceso fue ampliamente criticado por su falta de efectividad. La depuración no logró erradicar las redes de corrupción arraigadas dentro de la Policía Nacional.
Además, la ausencia de seguimiento y supervisión adecuada permitió que muchos de los problemas persistieran. Las reformas necesarias para un cambio estructural duradero no se implementaron completamente, resultando en un esfuerzo que no cumplió con sus objetivos.
Frente a las instalaciones de Casa Presidencial protestaron varios policías depurados exigiendo su reintegro a las filas de la institución. (Fotografía: Horacio Lorca)
De hecho, en abril de 2024, un grupo de policías que habían sido separados durante la depuración liderada por Omar Rivera, actual secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), amenazó con demandar al Estado. Exigieron que la presidenta Xiomara Castro iniciara un proceso transparente para su reintegración.
