Por: Arabeska Sánchez
Desde hace unos años se observan aparatosos operativos de seguridad que resultan en un montón de capturas, incautaciones de bienes, dinero y armas; además del rescate de algunas víctimas y la deportación de otros tantos migrantes irregulares que llegan a las fronteras hondureñas.
También ha podido verse la supervisión de negocios de servicios alimenticios, educativos y clínicos. Toda esa parafernalia es acompañada por fiscales del Ministerio Público, con la justificación de asegurar la acción jurídica de las actuaciones de FUSINA.
FUSINA, entendida como la fusión de las instituciones de seguridad y justicia como una coordinadora insterinstitucional juntó a militares, policías, fiscales, forenses y jueces para corretear criminales y sus bienes a lo ancho y largo del territorio nacional. Este esfuerzo de trabajo de cientos de funcionarios públicos presentó esta semana los resultados que han tenido en los últimos 3 años.
De acuerdo a los datos, cada año se realizó un promedio de: 13 inhabilitaciones de pasos fronterizos ilegales, 10,229 retención de migrantes irregulares, destrucción de 3 narcolaboratorios, la incautación de: 27,502 cartuchos de municiones, 2,860 armas ilegales, 232 kilos de pasta de droga, 43,746 libras de marihuana, 5,042 kilos de cocaína, 4 extradiciones hacia EEUU, 118 bandas criminales desarticuladas, 3,220 órdenes de captura ejecutadas, y 12,211 capturas policiales realizadas.
El gráfico a continuación muestra los datos condensados para los últimos tres años:
Con respecto al recurso económico incautado que puede pasar a engrosar el presupuesto que las instituciones de seguridad y justicia ya tienen asignado, se observa un promedio anual de 127,445,666 millones de lempiras; es decir 382,337,000 millones de lempiras en los últimos tres años; (casi un tercio de lo recaudado en el tributo de seguridad poblacional más conocido como la Tasa de Seguridad).
Mientras las jugosas cantidades de recursos incautados se presentan como los principales logros de seguridad del gobierno; en los tribunales la historia no siempre se apareja con cantidades igualmente aparatosas de judicializaciones. Dejando entrever la cruda realidad y la brecha de impunidad que aún se mantiene en el país.
A propósito de judicializaciones, resulta que aquellos mismos fiscales que tienen investidura de ley para realizar los requerimientos fiscales en tribunales, hoy andan en la calle acompañando el quehacer “Fusina” para no “planchar” en la aplicación de procedimientos legales que requiere la tarea policial de captura y recolección/aseguramiento de potenciales evidencias de juicios que aún no vemos desarrollados.
Ministerio Público
Entonces, ¿acaso dio el Ministerio Público un giro hacia una política de “prevención Pre-delictual” (actuación antes que el delito acurra) descuidando así su principal tarea fiscal “Post-delictual” (acusación en tribunales de victimarios y criminales) en el monopolio de persecución penal que lo caracteriza, o le rinden al ministerio Público 1500 fiscales para prevenir y también procesar el delito en la Corte?.
En el recuento, sobresale la poca optimización de recursos a la que estamos acostumbrados los hondureños, quizás este es un tema que deba analizarse con mayor detalle y decidir si los pocos recursos con que cuenta el MP serán utilizados como policías judiciales o como agentes en tribunales, sin dejar pasar ningún caso criminal a la ya incontable cadena de casos que han caído en impunidad.
