No sólo se trata alargar un estado de excepción o de entregar los centros penitenciarios a militares, sino que desde el poder ejecutivo se debe exigir resultados visibles, dicen analistas abordados por Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- El próximo 06 de diciembre del presente año se cumple un año desde que se instauró el estado de excepción en Honduras. La medida se implementó en medio de una ola de criminalidad, sin embargo a casi un año de su implementación, la violencia no cesa en el país.
Desde que se implementó el estado de excepción parcial, mediante el decreto PCM 29-2022, este se ha ido renovando, la última ampliación quedó en vigor para el 06 de octubre de 2023.
Cada vez que se ha extendido la medida se han involucrado más sitios, hasta la fecha se encuentran bajo el mandato 158 de los 298 municipios del país; las autoridades han justificado que, el fin es reducir delitos como criminalidad, homicidios y extorsión.
La Secretaría de Seguridad, a través de su portal de información, informa que la tasa de homicidios en Honduras se ha reducido en un 17 por ciento, es decir, 238 muertes menos en comparación al mismo periodo, pero del año anterior.
Sobre el tema, la integrante de la Articulación Ciudadana Justicia y Transparencia (ACJT), Jimena García Merino, opina que las medidas que se han implementado en materia de seguridad no han dado los resultados esperados.
“Al final parece que el estado de excepción solo ha servido para hacer propaganda en ciertos lugares, al querer decir que se está haciendo algo, pero en la realidad no se ve una disminución en la violencia”, opina la entrevistada.
Destaca que en el país se siguen viendo militares altamente armados, con carros acondicionados con los mejores implementos, no obstante esa inversión no se ve reflejada en mejoras para la ciudadanía. Lo anterior es evidente en los sucesos que a diario se ven en el país.
Apunta que es urgente que, -ante el incumplimiento de la promesa de regresar los militares a las calles- lo mínimo que se puede hacer es exigirles resultados.
“Si se dice que los militares solo estarán por un tiempo, lo mínimo que se puede hacer es pedirles resultados claros, porque de momento seguimos con los homicidios y una la tasa de feminicidios alta que se presentan hasta 300 casos anuales”.
Ante ello, recalca que un plan de seguridad también pasa por fortalecer el sistema de justicia, porque de nada sirve realizar capturas si luego los criminales quedan libres y vuelven a las calles a delinquir, declara la importancia de una verdadera estrategia de seguridad que contemple todas las aristas.
Se recuerda que el pasado 19 de julio de 2023, el secretario de Seguridad, Gustavo Sanchez, -con solo un mes ostentando el cargo-, presentó ante los diputados del Congreso Nacional (CN), un informe de resultados.
En esa ocasión detalló, entre otras cosas, sobre las medidas de prevención implementadas hasta el momento como: mesas de seguridad ciudadana, policía comunitaria y escolar capacitada con personas expertas en temas de prevención de violencia de manera integral. “En 2022 y 2023 se redujo la violencia en ocho puntos” manifestó Sanchez, ante los congresistas.
INFORME SOBRE INTERVENCIÓN EN CENTROS PENITENCIARIOS
La militarización también se dio en los centros penitenciarios de Honduras, esta medida se determinó desde junio de 2023, luego de las muertes múltiples suscitadas en el Centro Penitenciario de Adaptación Femenina (PNFAS).
Mediante Consejo de Ministros la presidente Xiomara Castro determinó que los 25 centros penitenciarios serían intervenidos por la Policía Militar de Orden Público (PMOP), durante un año.
La decisión se tomó pese a los múltiples cuestionamientos de defensores de derechos humanos que advirtieron que este ente armado no es el idóneo para asumir dichas funciones.
Tras esta intervención se ha suscitado muertes de privados de libertad, heridos e incluso casos de tortura, según denuncias que han conocido organizaciones defensoras de derechos humanos.
Ante ello la comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, Melissa Escoto, manifiesta que tras la intervención es necesario que los entes armados presenten un informe de los avances; que en primer lugar detalle cómo fue encontrada la situación en los centros penitenciarios.
Después -explica Escoto- debe detallar las mejoras que ya han implementado los militares para mejorar la situación en los centros penitenciarios, con base al respeto a los derechos humanos, cumpliendo los fines de las penas que son la rehabilitación.
“En el informe que ya hemos recomendado que se debe emitir, se pide que se detalle qué acciones se han tomado para castigar incluso a responsables de actos como heridas y torturas”, apuntó Escoto a Criterio.hn
En este sentido, apunta que que la rendición de cuentas se debe presentar a la presidenta Castro, “hay que recordar que cualquier comisión o intervención que se nombre para cualquier problemática es, gestión por resultados”.
