Tegucigalpa, Honduras.- El memorándum de entendimiento con los términos de referencia para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), queda amparado en una prórroga, pues este jueves 15 de junio vence el primer plazo de seis meses suscrito en el documento firmado el 15 de diciembre de 2022.
Precisamente en el inciso 17 del memorándum de entendimiento con los términos de referencia, firmado en Nueva York, Estados Unidos, por el canciller hondureño Enrique Reina y el subsecretario general de Naciones Unidas para Europa, Asia Central y América del Departamento de Asuntos Políticos, Miroslav Jenča, establece literalmente que una vez vencido el acuerdo, se podrá optar a una prórroga de seis meses.
Misma que, hasta el momento, no ha sido anunciada desde el Poder Ejecutivo, sin embargo, la representante de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, adelantó en el Twitter Spaces de Criterio.hn, celebrado el pasado 17 de mayo, que sería necesario una prórroga porque el proceso requiere de mayor tiempo.
Lo paradójico del caso es que, pasaron seis meses desde la del memorándum, y, hasta la fecha, no se ha avanzado en ninguno de los pasos que establece dicho documento para que en Honduras se pueda instalar la prometida y ansiada misión anticorrupción internacional, lo que, en palabras sencillas, podría representar temor de la clase política a ser investigados.
El secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, aseguró que, pese a que hasta el momento no hay avances ni voluntad, la misión anticorrupción llegará a Honduras y con todas las facultades para investigar actos de corrupción y presentarlos directamente a los Tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“La CICIH viene en este gobierno, en este año no porque hay que derogar decretos que tendrán que ser ratificados hasta el próximo año. Esto significa que de venir la CICIH sería en enero, febrero o inicios de marzo del próximo año. Vendrá con colmillo y garras para investigar casos de corrupción”, mencionó Orellana en conversaciones con Criterio.hn.
Orellana aseguró que las bancadas mayoritarias en el Congreso Nacional firmaron un acuerdo antes de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (2023), en el que se rumora que establecieron derogar los decretos de corrupción y reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP).
“Yo entiendo que las bancadas se pusieron de acuerdo para aprobar la reforma constitucional, cuando se pusieron de acuerdo para elegir la Corte Suprema de Justicia, ya hay un compromiso para derogar estos decretos sólo toca esperar que lo hagan para dar un avance en lo que es la llegada de la CICIH al país”, agregó.
Ante la penumbra que todavía rodea la llegada de la CICIH, la expresidenta de Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juliette Handal, enfatizó que es lamentable tener que importar justicia a Honduras, lo que pone en evidencia la ineficiencia de las instituciones operadoras de justicia.
“El combate a la corrupción es importante, y por eso apoyamos la venida de la CICIH, para que fortalezca las instituciones e investigue casos de corrupción de políticos. Pero es lamentable que tengamos que importar justicia a nuestro país”, mencionó Handal en medios de comunicación.
“Sabemos que la raíz de los problemas en Honduras se llama falta de justicia porque hay corrupción e impunidad, y no funciona un verdadero estado de derecho, lo que a simple vista refleja que no hay, ni ha habido respeto a la ley y la Constitución de la República; es importante que seamos conscientes de eso”, añadió.
Para que la primera fase tenga éxito se deben derogar los decretos 116-2019, 117-2019, 57-2020, 93-2021 y 04-2022, que en síntesis, impiden que el Ministerio Público (MP) secuestre documentos sin la previa autorización de un juez, amplían el secreto bancario en el caso de lavado de activos e incluyen delitos comunes como la malversación de caudales públicos en una amnistía.
En las próximas semanas, en cumplimiento a lo establecido en el memorándum, llegará un equipo de expertos de Naciones Unidas a Honduras, encargado de brindar asistencia técnica para iniciar la investigación, enjuiciamiento y combate contra la impunidad y la corrupción público-privada de alto impacto, incluidos los tres poderes del Estado.
De igual forma, evaluarán los instrumentos, instituciones y capacidades existentes en el país para luchar contra la impunidad, corrupción y su enjuiciamiento, incluido en relación con el ejercicio independiente de la acción penal pública.
Además, mientras la misión de expertos de la ONU esté en Honduras, discutirá la creación del convenio de la CICIH, con el secretario de Transparencia, Edmundo Orellana y la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, mismo que será enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional para su aprobación.
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PROCESO DE LA SEGUNDA FASE
La segunda fase establece que se empezaría con la ratificación del convenio bilateral negociado entre la ONU y los delegados por el gobierno de Xiomara Castro, a través del cual se establecería formalmente el mecanismo.
De acuerdo con el memorándum, en la segunda fase se acordaría en dónde ubicarán las oficinas del mecanismo y se concluirán los acuerdos de carácter financiero, para que el mecanismo pueda operar los protocolos de trabajo y la selección de los casos de redes de corrupción público-privada.
Sin embargo, pese a todo lo que establece el memorando para instalar la CICIH en el país, el designado presidencial Salvador Nasralla, consideró que es solamente un trámite para mostrarle al mundo que el gobierno quiere luchar contra la corrupción.
“Al final para que la imagen del país no quede mal como que no queremos la CICIH, se firmó eso (memorándum) para seguirle dando largas al asunto. Es un respiro para los delincuentes, narcotraficantes y políticos”, señaló.
“Se cumplieron los 6 meses y mis declaraciones siguen teniendo validez porque en Honduras no se le da continuidad a nada que favorezca al pueblo”, agregó.
