Dos años después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 se firmó el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras, más conocido como “Acuerdo de Cartagena” para que el país retornara a las instancias internacionales
Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. –La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sigue resonando en la vida política de Honduras y, aunque, su ideólogo admite que actualmente no hay condiciones para que esto se cristalice, el tema siempre genera polémica.
Durante una comparecencia ante medios de comunicación el asesor presidencial y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, aseguró que el Acuerdo de Cartagena, firmado por él y el expresidente, Porfirio Lobo Sosa, contempla el compromiso del Estado de Honduras de celebrar una Asamblea Nacional Constituyente.
De su lado el expresidente, Porfirio Lobo, consultado por una radioemisora, dijo que no recuerda si lo afirmado por Zelaya, en efecto, está consignado en el Acuerdo.
El asesor presidencial y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya (2006-2009)—, derrocado el 28 de junio de 2009, precisamente por su intención de instalar una ANC mediante el proyecto de consulta popular, más conocido como “Cuarta Urna —, aseveró que el exmandatario nacionalista, Juan Orlando Hernández (extraditado a Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico) se negó a aprobar el Acuerdo de Cartagena desde el Congreso Nacional.
Hernández fungió como presidente del Congreso Nacional cuando Lobo Sosa se desempeñaba como presidente de la república (2010-2014). El acuerdo se firmó el 22 de mayo de 2011 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, por parte del presidente Porfirio Lobo Sosa y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, bajo los auspicios de los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia y el fallecido Hugo Chávez de Venezuela.
El acuerdo de Cartagena fue aprobado, el 2 de febrero de 2022, por el actual Congreso Nacional presidido por el diputado Luis Redondo mediante el Decreto No. 4-2022 que contempla la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan.
El artículo 7 del Acuerdo, aunque no lo establece de manera literal, refiere que la reforma al artículo 5 de la Constitución, relativo al plebiscito y referéndum como mecanismos de consulta para someter a la voluntad del pueblo de manera directa las decisiones políticas, sociales y económicas, serían utilizados para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
“Por lo tanto, la solicitud que el expresidente Zelaya ha manifestado de convocar una Asamblea Nacional Constituyente se enmarcará en estos mecanismos de consulta. En tal sentido, el Gobierno de Honduras se compromete a tomar las medidas que estén en el marco de sus atribuciones legales, a velar por los derechos electorales de los ciudadanos, así como a encomendar a la Comisión de Seguimiento que verifique el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la realización de plebiscitos en la República de Honduras, cuando dicho proceso sea iniciado por algún sector, con total respeto de las atribuciones legales de los poderes del Estado, las cuales se complementan en los trámites relacionados con dichos procesos”, reza el Acuerdo.
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NO HAY AMBIENTE
Zelaya ha sido enfático al afirmar en varias ocasiones que una de las principales razones de la conformación del Partido Libertad y Refundación (Libre) es la celebración de una consulta popular, no obstante, aseveró que no es momento para ello.
Asimismo, dijo que el Partido Libre “no va a dejar nunca esa visión de darle democracia al país y un cambio al sistema político hondureño, pero no hay condiciones porque los sectores pudientes y las élites gobernantes de este país se mueren si les dicen que van a convocar al pueblo”.
En ese sentido, anunció que el proyecto de consulta será enviado al Congreso Nacional antes que finalice el 2023 para que la oposición lo conozca ya que se requiere de sus votos.
Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para los dirigentes y diputados del conservador Partido Nacional.
El primero en pronunciarse fue el presidente de ese instituto político y excandidato a alcalde del Distrito Central, David Chávez, quien por medio de sus redes sociales calificó las palabras de Zelaya como un distractor.
Entre tanto, el secretario de Transparencia y Anticorrupción, Edmundo Orellana Mercado, dijo a Criterio.hn que no es momento de realizar una consulta popular.
Orellana Mercado apuntó que la Asamblea Nacional Constituyente es un tema que ha sido abanderado por el expresidente Manuel Zelaya desde que fue presidente y que a la fecha mantiene vigente.
“Somos muchos los que pensamos que es necesaria la consulta popular por supuesto que sí, porque necesitamos una nueva Constitución de la República, pero comparto la opinión de él -Manuel Zelaya- en que este no es el momento para convocar a una asamblea porque no están dadas las condiciones”, puntualizó.
El funcionario amplió que una de las razones por la que no se debe convocar una Constituyente es porque se va a integrar con diputados, que en algunos casos están imputados ante los tribunales y no conocen la ética, entonces el resultado sería una mala Asamblea Nacional Constituyente.
Orellana Mercado figuró entre los funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), pero renunció al cargo de secretario de Defensa a pocos días del golpe de Estado porque no estaba de acuerdo con el mecanismo de consulta a través del proyecto de la “Cuarta Urna”.
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