Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. La atención a la suspensión de contratos de trabajo a causa de la emergencia nacional también fue incluida en el compendio legislativo que el Congreso Nacional aprobó este jueves como parte de la Ley de auxilio al sector productivo y los trabajadores ante los efectos provocados por el Covid-19.
Frente a la suspensión de contratos laborales sin goce de salario, el Poder Legislativo dispuso en la sección siete de la nueva Ley de Auxilio, la asistencia “solidaria” a los trabajadores suspendidos a causa de la emergencia nacional.
La ley establece en su artículo 28 que “los trabajadores que sean objeto de una suspensión de contratos por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria nacional podrán recibir una aportación solidaria temporal”.
No obstante, en el apartado “A” de ese artículo, especifica que abarcara exclusivamente a “los trabajadores que se encuentren afiliados al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) con las aportaciones que al efecto realice el Estado y el sector privado”.
Específicamente, el RAP otorgará a sus afiliados un anticipo que “será fraccionado en 3 pagos mensuales sucesivos de igual valor, hasta un monto de 9 mil lempiras a desembolsar en 3 meses”, reza el artículo 36. Entre otras cosas, también indica que se podrá acceder a los fondos siempre y cuando la empresa pueda comprobar que sus actividades han sido afectadas por la emergencia.
Tras la aprobación de la medida legislativa, profesionales del derecho cuestionan que esa determinación legal no abarca en su totalidad la condición laboral de los trabajadores que no gozan de un contrato ni afiliación al RAP.
Para el profesional de las leyes, Fredín Fúnez, la decisión no representa un respiro para la clase trabajadora empleada sin la modalidad de un convenio laboral.
Por ejemplo, “la ley no beneficia a un sector de la economía informal que casi llega a un millón y medio. Tampoco a ese otro sector que es el sector que viven bajo la línea de la miseria”, afirma.
Sobre lo anterior, el abogado laborista, Fausto Cálix, también coincide que “no se han tomado medidas de fondo para solventar la situación que atraviesa la empresa privada y trabajadores, principalmente a empresas Mipymes, que son las que dan el mayor porcentaje de empleo en el país”.
Cabe agregar que la nueva disposición legislativa establece que para que los trabajadores accedan a los fondos, la secretaria del Trabajo deberá extender una constancia que habilite a las empresas a acceder a los beneficios de la nueva ley. Asimismo, aclara que “en ningún caso la emisión de la constancia representa una autorización por parte de la secretaria del Trabajo para la suspensión de contratos de trabajo”.
Un comentario
Por eso recularon ya que los dejaron evidenciados a lo azulitos y chelitos jejeje