Tegucigalpa, Honduras. Bajo la figura de preliberación, establecida en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, 3,011 privados de libertad, entre hombres y mujeres, han sido liberados en los últimos cinco años. Según analistas, esto es ambiguo, ya que podría interpretarse en dos escenarios: la reducción de la sobrepoblación en los centros penales o criminales siendo beneficiados bajo esta medida.
De acuerdo con información compartida por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) a través de la petición de información SOL-INP-418-2024, 3,011 privados de libertad han sido beneficiados con esta medida en los últimos cinco años. Sin embargo, esa cifra podría aumentar, ya que para los próximos meses de 2024 está estimado que más de 500 privados de libertad se sumen a la lista.
Del total de privados de libertad beneficiados con esta medida (3,011) en los últimos cinco años, se podría calcular que la mayoría, o gran parte de esa cantidad, fue beneficiada después de que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) tomara el control administrativo y operativo de todos los centros penales, luego de la masacre registrada el 21 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social(PNFAS).
Los privados de libertad que han sido beneficiados con esta medida provienen principalmente de los centros penales Támara, ubicado en el municipio de Distrito Central, y Siria, localizado en el municipio El Porvenir, ambos en el departamento de Francisco Morazán, en el centro de Honduras. Además, también fueron liberados bajo esta medida internos que estaban en “El Pozo”, una cárcel conocida por albergar a pandilleros del barrio 18.
En 2023, fue cuando más privados de libertad fueron liberados debido a que los jerarcas de la Policía Militar, en su rol de interventores designados por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, impulsaron a la Mesa Técnica de Descongestionamiento de Centros Penitenciarios.
A través de esta mesa, buscaron reducir la población penitenciaria mediante el proceso de enrolamiento, que analiza los expedientes criminales de los privados de libertad y valora si estos, cumpliendo previamente con una serie de requisitos, están en condiciones de ser reinsertados en la sociedad.
Lo anterior lo aseguró el coronel Ramiro Fernando Muñoz, jefe de la PMOP y encargado de la intervención penitenciaria: “Esto no es por hacerles un favor, es porque es nuestra obligación. Todos los expedientes serán revisados por los abogados del Instituto Nacional Penitenciario, y aquellos que cumplan con los requisitos saldrán en libertad”.
Para que un privado de libertad sea beneficiado con la preliberación, debe cumplir una serie de condiciones establecidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
Entre estas condiciones se encuentran estar próximo a cumplir su condena, haber participado en cursos para aprender algún oficio que facilite su acceso a un empleo, tener una conducta histórica positiva dentro de la cárcel, y ser sometido a estudios psicológicos, económicos, entre otros.
Estos análisis, según la ley, deben ser realizados por profesionales que formen parte del Comité Técnico de Instituciones (CTI), el cual se encarga de emitir una resolución al director del centro penal, determinando si el privado de libertad puede ser beneficiado con la preliberación.
REDUCIR LA SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA
Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos, opinó que durante este proceso se pueden encontrar una serie de desafíos e irregularidades, pero es necesario continuarlo por dos factores: reducir la población penitenciaria y porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado durante muchos años que el Estado hondureño garantice procesos legales justos para los privados de libertad.
“Eso ha sido una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es positivo, ya que recordemos que más 49% de la población penitenciaria está ahí sin haber sido condenada. Además, hay personas que enfrentan ciertas condiciones de salud, edad avanzada, y podrían ser beneficiadas con cambios en medidas sustitutivas.”, mencionó Mejía en conversaciones con este medio digital.
Lo expuesto por Mejía tiene sentido. Según el INP, la población penitenciaria está compuesta por 18,902 privados de libertad. De esta cantidad, 8,016 todavía están enfrentando un proceso judicial. El resto, 9,791, ya fue sentenciado. Es decir, aproximadamente el 42% de los privados de libertad están tras las rejas sin una sentencia del poder judicial.
EL PROCESO DEBE SER CONFLIABLE Y RIGUROSOS
El abogado penalista Salomón Amador opinó que, aunque es estratégico reducir la población penitenciaria, el proceso debe ser literalmente riguroso para evitar, como ha pasado históricamente, que privados de libertad ligados a estructuras criminales y al narcotráfico recobren su libertad para nuevamente inmiscuirse en el mundo criminal.
“No es algo nuevo saber que el crimen organizado ya ha penetrado varias instituciones. ¿Qué podría suceder como resultado de esta medida si no es manejada con transparencia y rigurosidad? La criminalidad organizada podría infiltrarse para beneficiar a los líderes de las maras y pandillas y así poder reintegrarse a sus filas”, mencionó el abogado.
La opinión de Amador se debe a los antecedentes que han desnudado precisamente el vínculo que la Policía Militar del Orden Público ha tenido con el crimen organizado y, con esta medida que está avanzando, podría continuar.
Muestra de ello es que, a finales de 2023, el coronel Rodimiro Arita fue capturado mientras intentaba ingresar casi 500 mil lempiras a un centro penal, el cual dirigía, para entregárselos a los líderes de la pandilla Barrio 18.
Sin embargo, aunque Arita es señalado por dos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones durante una cuestionada intervención penitenciaria, un juez con competencia territorial nacional en Materia Penal de Criminalidad Organizada y Corrupción, en mayo del corriente año, lo benefició con el cambio a medidas distintas a la prisión preventiva. Es decir, se está defendiendo en libertad.
