El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), revela que alcaldías y partidos políticos encabezan incumplimientos a la Ley de Transparencia en 2025
Tegucigalpa, Honduras. – El informe del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) reveló que partidos políticos y alcaldías figuran entre los principales incumplidores de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tras evaluar la actualización de los portales de transparencia de 449 instituciones obligadas —entre municipalidades, entidades centralizadas y descentralizadas— durante el primer semestre de 2025.
Para este período, solo 207 alcaldías cumplieron con los parámetros exigidos, lo que implica que más de 90 gobiernos locales reprobaron la evaluación, evidenciando debilidades persistentes en materia de rendición de cuentas y acceso ciudadano a la información pública.
De acuerdo con el IAIP, se produjo una disminución en el nivel de cumplimiento por parte de las municipalidades, principalmente por no respetar los plazos de publicación de la información.
En el informe se examinó el cumplimiento de los artículos 4 y 13 de la Ley de Transparencia, que establecen la obligación de publicar de oficio información clave sobre la gestión institucional, el uso de fondos públicos y los mecanismos de participación ciudadana.
El artículo 4 de la referida normativa, es claro al señalar que todas las instituciones obligadas deben publicar información relativa a su gestión y brindar datos completos, veraces, adecuados y oportunos sobre la aplicación o ejecución de fondos públicos.
Asimismo, obliga a divulgar los procedimientos de contratación y los contratos celebrados, los cuales deben publicarse en el sitio oficial que administra la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), quedando los titulares de las instituciones responsables de remitir la información correspondiente.
En tanto, el artículo 13 detalla al menos 19 obligaciones específicas de publicación oficiosa, entre ellas: la estructura orgánica, funciones, atribuciones, estados financieros, liquidaciones presupuestarias trimestrales, salarios de los funcionarios, contrataciones públicas, informes de ejecución presupuestaria y mecanismos de participación ciudadana.
La normativa también establece obligaciones particulares para cada poder del Estado, incluyendo la publicación de decretos ejecutivos, sentencias judiciales firmes, informes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y resoluciones del Congreso Nacional, así como la difusión de sesiones plenarias y de comisiones.
Sin embargo, los resultados muestran que los componentes donde más reprobaron las instituciones evaluadas fueron Estructura Orgánica, Planeación y Rendición de Cuentas, Finanzas, Regulación y Normativa y Participación Ciudadana.
26 ALCALDÍAS CUMPLEN CON MÁS DE TRES COMPONENTES DE EVALUACIÓN
Criterio.hn revisó el informe de cumplimiento e identificó que sólo 26 alcaldías cumplen con más de tres componentes de evaluación. Entre las municipalidades que lograron cumplir con más de tres componentes de evaluación figuran la Alcaldía de Santa Ana de Yusguare (Choluteca), la Alcaldía Municipal de Nueva Arcadia (Copán) y la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Yojoa (Cortés).
También destacan las alcaldías de Alauca y Yuscarán (El Paraíso), Curarén, La Venta, Reitoca, Valle de Ángeles y Vallecillo (Francisco Morazán), así como Villeda Morales (Gracias a Dios).
En Intibucá cumplieron Colomoncagua y Concepción, mientras que en Islas de la Bahía figura la Alcaldía Municipal de Roatán. En La Paz aparecen Aguanterique, San Juan y San Pedro de Tutule.
Asimismo, lograron resultados favorables Lucerna y Mercedes ambos en el departamento de Ocotepeque; Guarizama y Patuca en Olancho; El Níspero, Nuevo Celilac y Protección en el departamento de Santa Bárbara, así como Aramecina y Caridad en el sureño departamento de Valle.
No obstante, la mayoría de alcaldías no alcanzó los estándares mínimos exigidos por la ley, evidenciando fallas estructurales en la gestión de la información pública y una débil cultura de rendición de cuentas en el ámbito local.
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En el caso de los partidos políticos, el informe del IAIP expone que seis institutos políticos reprobaron los cinco componentes evaluados, incumpliendo de manera integral las disposiciones de transparencia.
Entre los partidos que no cumplieron con la Ley de Acceso a la Información Pública se encuentran el Partido Alianza Patriótica, el Partido Anticorrupción (PAC), el Partido Democracia Cristiana (DC), el Partido Frente Amplio (El Frente), el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Unificación Democrática (UD).
En septiembre de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) eliminó la personería jurídica a los partidos Unificación Democrática (UD), Frente Amplio, y otros tres.
Estas organizaciones políticas, pese a administrar recursos públicos provenientes del financiamiento estatal, no publicaron de forma adecuada información relacionada con su estructura, finanzas, normativa interna ni mecanismos de participación.
El incumplimiento de los partidos políticos resulta particularmente llamativo por el uso de fondos de la deuda política –que se le otorga a cada uno de los partidos que participa en los procesos electorales—.
El retroceso en el cumplimiento por parte de alcaldías y partidos políticos plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión y las consecuencias reales frente al incumplimiento reiterad
