El exfuncionario explicó que estos acontecimientos sucedieron en 2022 y la denuncia la hizo la Secretaría de Transparencia a principios de 2023, cuando él era el titular de esa institución.
Las denuncias de la Secretaría de Transparencia son un llamado de atención a la necesidad de mejorar la planificación y asegurar el cumplimiento de las leyes para garantizar el buen uso de los recursos públicos y fortalecer la confianza en la gestión gubernamental.
Tegucigalpa, Honduras. –Edmundo Orellana Mercado, exsecretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ha revelado que en 2022 más de 300 instituciones fueron denunciadas por no planificar adecuadamente e incumplir la Ley de Contratación del Estado. Este alarmante dato pone de manifiesto serias deficiencias en la gestión pública y la falta de cumplimiento de las normativas vigentes.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el exfuncionario precisó que sólo el 30% Sólo el 30% de lo que tenían el presupuesto para ejecutar a través de compras y de licitaciones en general, se consignaron en el plan de compras. Esto significa que una gran mayoría de las obras, suministros y licitaciones no contaban con una planificación adecuada, lo que contraviene las disposiciones generales de presupuesto.
Agregó que la Secretaría de Transparencia no autorizó las compras, sin embargo, algunos hicieron caso omiso. Por ello, se denunció a esas instituciones que incumplieron la Ley de Contratación del Estado.
“La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLC) tiene la responsabilidad de autorizar a las secretarías e instituciones para hacer uso de su presupuesto de ejecución de obras, compra de suministros y licitaciones en general, de acuerdo con la ley», explicó Orellana Mercado. Sin embargo, para que esto sea posible, las instituciones deben incluir en sus planes de compras anuales todo lo que tienen previsto adquirir o ejecutar como obra.
El exsecretario subrayó que en 2021 y 2022 muchas instituciones no cumplieron con estas disposiciones, lo que llevó a una falta de planificación y una gestión ineficiente de los recursos públicos. «La planificación es crucial para garantizar la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos públicos. Sin una adecuada planificación, se abre la puerta a la improvisación y a posibles actos de corrupción», advirtió el exfuncionario.
DESCONOCIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PASÓ FACTURA
En ese sentido, explicó que estas acciones revelan que hay una mala ejecución presupuestaria, o al menos había en aquel momento, porque estos procesos de compra y licitación no se adaptaban a la Ley de Contratación. Orellana atribuye estas prácticas a que el personal encargado de las compras y licitaciones desconoce la normativa.
“Usted ve que los ministros dicen, por ejemplo, que la Ley de Contratación del Estado les pone plazos muy largos para llevar a cabo las licitaciones, pero no es cierto. Los plazos para ejecutar los procedimientos de selección de contratistas, entiéndase por esto la licitación el concurso y la contratación directa, lo fijan los mismos ministros en los pliegos de condiciones”, dijo a Criterio.hn el exfuncionario.
Agregó que “en aquella ocasión cuando se descubrió el problema fue porque hubo una queja generalizada de los secretarios de Estado, durante la realización del Consejo de Ministros, en el que señalaron que la Ley de Contratación les tenía con problemas y que no podían ejecutar”.
Es por ello que se pidió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la Secretaría de Transparencia que realizarán una evaluación para verificar los problemas que habían en los procedimientos de selección.
Durante ocho meses se realizó un trabajo conjunto con los oficiales de compras y licitaciones de las diferentes instituciones y municipalidades. “Y los resultados del estudio, es que la responsabilidad de los retrasos y de la mala ejecución era culpa de quienes realizan los procesos –ejecutores de compras–, no era culpa de la ley”, externó.
Lo anterior implica que el problema es que no se capacitan a los oficiales de compras, por lo que, la Secretaría de Transparencia realizó varios talleres, “pero muy pocos atendieron nuestro llamado ellos siempre se fueron por los atajos”.
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Añadió que “por estas acciones van a tener problemas, porque en el futuro cuando tengan esas evaluaciones y salgan los errores, muchos van a ir a la cárcel, porque violaron la Ley de Contratación del Estado”.
En ese sentido, mencionó que para esas personas que incumplen la Ley de Contratación del Estado se les debe imponer multas y sanciones, y en algunos casos estos son expedientes pueden ser llevados ante el Ministerio Público para que la fiscalía indague y concluya si existe comisión de delitos
