Analistas advierte que la Doctrina “Donroe” profundiza el control de Estados Unidos sobre Centroamérica, incrementando la presión sobre los territorios y la violencia contra comunidades y personas defensoras.
Tegucigalpa, Honduras. – El control estratégico de Estados Unidos sobre Centroamérica nunca ha estado en duda. La región ha sido escenario de conflictos ideológicos que han fracturado la cohesión de sus pueblos y facilitado el manejo de estados débiles. Bajo el corolario Donald Trump de la Doctrina Monroe –también conocido como Doctrina “Donroe”– se perfila la continuidad de esa lógica, con mayor presión sobre los territorios y más violencia contra comunidades y personas defensoras.
Para Alberto Maresca, en The impact of the Second Trump Administration on Latin American Foreign Policy, el corolario Trump es una reinterpretación de la Doctrina Monroe de 1823 para reafirmar la preeminencia de Estados Unidos en América Latina, limitar la influencia de potencias extra-regionales –especialmente China– y alinear a los países de la región con los intereses estratégicos de Washington en seguridad y competencia geopolítica.
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Desde Centroamérica, la historiadora guatemalteca Ana Luisa Arévalo, el economista hondureño Ismael Zepeda Galo y el integrante salvadoreño de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin) Pedro Cabezas, advierten que esta política no representa una ruptura sino una intensificación de patrones históricos: control territorial, tutela sobre estados débiles y fortalecimiento de gobiernos dispuestos a alinearse, aun cuando ello implique mayor criminalización y violencia contra comunidades que defienden la tierra y los bienes comunes.
Para Arévalo, esta continuidad responde a una relación histórica de intervención que ha ido más allá de los cambios de gobierno. “No es solamente que nos pongan o nos quiten presidentes. Han decidido el tipo de nación que somos”, señala, al advertir que estas decisiones han marcado los límites del desarrollo político y económico en países como Honduras y Guatemala. En ese sentido, subraya que Centroamérica no enfrenta una coyuntura excepcional, sino la reafirmación de un patrón: “somos países intervenidos”.
Desde una lectura económica y geopolítica, Zepeda apunta a que esta relación no puede entenderse solo como dependencia. “Más allá de la dependencia, existe una tutela de Estados Unidos sobre estados tan pequeños y débiles como los centroamericanos”, explica, una condición que reduce el margen de maniobra de los gobiernos y dificulta la construcción de proyectos soberanos, tanto a nivel nacional como regional.
En el plano territorial, Cabezas advierte que esta intensificación tiene efectos concretos sobre las comunidades. “Centroamérica está destinada como una zona de sacrificio para la economía global”, sostiene, al referirse a un modelo que prioriza el acceso a recursos y bienes estratégicos por encima de los derechos colectivos. Para garantizar ese esquema, agrega, “se han socavado las instituciones democráticas a costa de los derechos humanos”, generando escenarios de criminalización y represión contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
Desde la perspectiva de derechos humanos y economía política, la investigadora del Institute for Policy Studies, Jen Moore, señala que el corolario Trump abre un escenario favorable para inversionistas y élites locales interesadas en profundizar proyectos extractivos, turísticos y de privatización del territorio. “Habrá expectativas de avanzar sobre proyectos como las ZEDE [Zonas de Empleo y Desarrollo Económico], el turismo y la extracción minera”, advierte, lo que podría profundizar dinámicas de despojo, empobrecimiento y violencia contra comunidades indígenas y campesinas.
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El Corolario Trump no introduce una lógica nueva en Centroamérica, al contrario, vuelve más explícita y agresiva una relación histórica de control. Desde la perspectiva de las personas entrevistadas, para los territorios y las poblaciones marginalizadas, esto se traduce en menos margen de decisión, mayor presión sobre la tierra y un escenario donde la violencia deja de ser una consecuencia para convertirse en una herramienta de ordenamiento territorial.
