Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Nominadora se apresta a conocer los resultados de la fase de investigación que se realiza a las y los postulantes a magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2023-2030.
El reglamento de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora, en su artículo 28, establece que las y los postulantes que hayan superado una serie de filtros, se someterán a una fase de investigación que comprenderá aspectos profesionales, personales y patrimoniales.
Hay 105 postulantes en carrera, quienes han superado previamente las pruebas psicométricas y toxicológicas, al igual que el examen de conocimientos jurídicos. Este último se ha visto envuelto por dos factores: supuesta filtración de respuestas e intentos por permitirle a los reprobados continuar en la nominación, ello al margen de que establece el artículo 19 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora.
El proceso en cuestión inició el 21 de noviembre de 2022, fecha en que las y los 105 postulantes que continúan activos en la carrera por llegar al Supremo hondureño comenzaron a ser entrevistados y visitados en sus domicilios.
Además de ello, la Junta Nominadora ha solicitado información relacionada con las y los postulantes a las siguientes instituciones y organizaciones: Ministerio Público, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Servicio de Administración de Rentas, Dirección Policial de Investigación y Unión de Notarios de Honduras.
“Estas instituciones enviarán cualquier información a la Junta Nominadora y nos permitirán identificar que las y los postulantes no tengan algún tipo o antecedente de acción ilegal. Una vez que tengamos esas documentaciones, cuyo plazo para recibirla termina el próximo lunes (5 de noviembre de 2022), vamos a analizarlas y a revisarlas”, informó la secretaria general de la Junta Nominadora, María Elena Sabillón.
Posteriormente, indica el reglamento, toda la información que se conozca estará sujeta al estricto respeto de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar, así como la imagen del postulante en cumplimiento con la Constitución de la República, los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado.
DENUNCIAS Y TACHAS
Una vez que las y los postulantes superen esa fase, se habilitará un período de denuncias y tachas, mediante las cuales ciudadanas y ciudadanos podrán denunciar o evidenciar que cualquiera de las y los postulantes poseen inhabilidades para ocupar las más altas magistraturas del Poder Judicial hondureño. Sin embargo, éstas deberán estar debidamente sustentadas y ser entregadas en un plazo de siete días, para lo cual la Junta Nominadora habilitará un correo electrónico.
La secretaria de la Junta Nominadora, María Elena Sabillón, manifestó a medios locales que hasta el momento han recibido 23 denuncias y tachas, no obstante, todavía no es momento para resolverlas. Entre las candidatas y los candidatos, según análisis que ha hecho Criterio.hn, hay perfiles de personas que han tenido actos reñidos con la ley.
RESTO DEL PROCESO
Después de la resolución de denuncias y tachas, la Junta Nominadora proseguirá con las entrevistas públicas y con el resto de la aplicación de matriz de evaluación. De la matriz, cabe mencionar, ya se han evaluado un total de 20%, que corresponde al examen de conocimiento jurídico. El resto de la matriz puntuará criterios de integridad, ética y lo restante de idoneidad.
Antes del 23 de enero de 2023, conforme a la matriz de evaluación, la Junta Nominadora elaborará un listado con las y los mejores 45 postulantes (como mínimo). La nómina la recibirá el Congreso de la República y allí, con al menos 86 votos, las diputadas y los diputados seleccionarán a las 15 personas que integrarán el pleno de magistradas y magistrados entre 2023 y 2030.
De los 105 postulantes que continúan en carrera, 70 son hombres y 35 son mujeres, por lo que solo 12 de ellas quedarán sin posibilidades de integrar la nómina que deberá contar con al menos 23 mujeres.
Además, dentro del pleno de magistradas y magistrados, que se integra por 15 togadas y togados, deberá haber mínimamente mujeres. En la Corte que vacará en sus cargos el 27 de enero de 2023, la proporción es de diez hombres versus cinco mujeres.
En el único período en que una mujer, Vilma Cecilia Morales (2002-2009), presidió el Poder Judicial, hubo ocho magistradas y siete magistrados. El resto de los períodos han sido predominados por hombres, habiendo históricamente 37 presidentes y una presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
