Por: Marlon Ochoa
La irrupción del movimiento de indignación ciudadana ha abierto las heridas históricas de nuestra sociedad. Desde la coordinación de Oposición Indignada se han priorizado tres exigencias legítimas para la solución de la actual crisis: CICIH, renuncia de Juan Orlando Hernández y juicio político contra los fiscales general y adjunto. Estas exigencias han sido acuerpadas y asumidas por una gran mayoría del pueblo movilizado.
Estos momentos de crisis son una magnífica oportunidad para tantear el nivel de conciencia política del pueblo, que en esta ocasión ha demostrado que desde el golpe de Estado ha asumido una actitud más atenta ante el debilitamiento progresivo de la institucionalidad y del Estado de derecho. Estas tres exigencias, por tanto, se han visto desbordadas por un pueblo que ahora, más que nunca, comprende mejor la colusión entre los poderes fácticos y el poder formal.
La primera herida histórica que se ha puesto en relieve, es la discrecionalidad con que el gobierno nacionalista ha reconducido las estructuras y acciones del poder judicial, a lo que el pueblo ha respondido manifestando la necesidad de la independencia judicial.
Esta profunda desconfianza en el poder judicial, se vio manifestada en el acto de derribamiento de los cercos de la CSJ el pasado jueves, para retirar de la sala de juicios orales al periodista David Romero, quien estaba siendo víctima de un juicio con claros fines políticos, tal como lo han confirmado las declaraciones del juez Josué Agüero Echenique. La recepción favorable ante este tipo de acciones, demuestra el nivel de hartazgo de la población frente a la colusión de poderes.
Ante el recién iniciado proceso de elección de los magistrados de la CSJ, y para que no se replique lo ocurrido con la elección del Comisionado de Derechos Humanos, el movimiento de indignación ciudadana deberá responder asumiendo como propia la exigencia por un proceso transparente; evidenciando las ya maduras negociaciones entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, por la repartición de los magistrados, tal como se confirmó en la votación contra el juicio político del fiscal adjunto en Gracias.
La segunda herida histórica es la del debilitamiento progresivo del Estado de derecho, profundizada a través de acciones como la del golpe técnico contra la sala constitucional en 2012, lo que ha develado la urgente necesidad de un nuevo pacto social, una constituyente. Según una encuesta levantada en la movilización de las antorchas del pasado viernes 10 de julio, la exigencia por la instalación de una asamblea nacional constituyente es casi igual de popular que la instalación de la CICIH (70.6% y 73.9% respectivamente).
Después del fraude en las elecciones de 2013, se ha generado una desconfianza aguda hacia el proceso electoral. El camino hacia el proceso de 2017 reabrirá esta tercera herida histórica. En ésta y la siguiente legislatura se debatirán urgentes reformas electorales propuestas por los partidos de oposición. La población, ahora consciente de que sin esas reformas, el Partido Nacional continuaría gobernando espuriamente el país, impulsará las urgentes transformaciones en materia electoral que proponga la oposición.
Todas estas exigencias, que no son paralelas, sino centrales, giran en torno al tema fundamental de las movilizaciones: el combate contra la corrupción y la impunidad. Pero para lograr que el movimiento las asuma como prioritarias, será necesario profundizar la discusión y la democracia a lo interno.
La construcción de la identidad política del movimiento pasará a través de la actualización y el enriquecimiento de sus propuestas. Para estar a la altura del momento histórico, no debemos permitir que su ritmo nos rebase.
*Marlon Ochoa. Grupo de Discusión y Pensamiento SPS
