Por: Víctor Meza
Así suele resumir la sabiduría popular la situación aquella, entre otras, de aparente ingratitud que convierte al otrora amigo o aliado en sospechoso e incómodo apestado. Y eso es lo que deben sentir todos aquellos personajes contaminados por el virus de la corrupción, que en su momento fueron o proclamaron ser entusiastas y serviles aliados de las políticas intervencionistas de Washington en Centroamérica.
El anuncio de una inminente investigación para hacer un inventario, algo así como la galería borgesiana de la infamia, de todos aquellos políticos y funcionarios corruptos que habitan y pululan en los pasillos oficiales de los tres países del llamado Triángulo del Norte, es decir Guatemala, El Salvador y Honduras, ha generado una ola de temor, casi de pánico en algunos casos, entre las élites políticas y empresariales de los tres países mencionados. Ya se imaginan los posibles candidatos a figurar en tan temible galería, las consecuencias indeseables de semejante “honor”. Pérdida de visas, para empezar, lo que para muchos casi equivale a perder la propia identidad y la razón de su existencia; luego vendrán las sanciones más drásticas y contundentes, desde las de carácter simplemente patrimonial hasta aquellas que supongan la temible extradición cuando proceda.
La decisión ha sido adoptada por el Congreso de los Estados Unidos, en respuesta a la propuesta hecha por una destacada legisladora de origen hispano. El razonamiento es simple: si la migración es considerada por la nueva Administración Trump como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, se hace necesario buscar los orígenes y características de semejante “amenaza”. La lógica elemental indica que tales orígenes están fuera del territorio norteamericano, más concretamente en aquellos países, los del Triángulo Norte, por ejemplo, en donde nacen y se reproducen o transitan los grandes flujos migratorios de personas que buscan mejores condiciones de vida en Norteamérica. Y ¿por qué no encuentran tales condiciones y oportunidades de una vida mejor en sus propios países, a los cuales, razona Washington, se les ha proporcionado en el pasado y se les otorga en la presente ayuda millonaria de todo tipo, desde puramente humanitaria hasta militar y financiera…? La respuesta es una sola y demoledora: la razón hay que buscarla en la corrupción reinante, que le permite a los dirigentes locales, en un clima de grosera impunidad, apropiarse de buena parte de esa ayuda y, por arte de magia mercantil, convertir los dineros públicos en fondos privados. Por lo tanto, el mal hay que comenzar a combatirlo ahí mismo en donde se origina, es decir entre los políticos y funcionarios corruptos que desvían los recursos nacionales para engrosar sus propias fortunas, impidiendo así el desarrollo real y la creación de mejores condiciones de vida y bienestar para sus propios ciudadanos.
O sea, en pocas palabras, hay que combatir la corrupción en los países generadores de migración para reducir el crecimiento amenazante de la misma y disminuir el riesgo y las amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Para lograr ese objetivo hay que comenzar por identificar a esos políticos y funcionarios corruptos, incluir sus nombres y demás datos en una especie de listado infernal de la infamia, y así proceder a aplicarles la ley y sacarlos de la circulación pública. Ya existe un precedente regional muy aleccionador: en Nicaragua le aplicaron la llamada ley anticorrupción Magnitsky al señor Roberto Rivas, todopoderoso e intocable hasta entonces Presidente del Consejo Supremo Electoral de ese país. El gobierno se vio obligado a retirarlo del cargo y refugiarlo en otro rincón burocrático de menor visibilidad, pero de parecida impunidad.
La aprobación de la propuesta y el mandato legislativo para que las diferentes agencias del gobierno norteamericano procedan a ejecutarla, ha creado temor y confusión en los círculos políticos de la región. No son pocos los funcionarios, diputados y dirigentes de los paridos políticos que han empezado a poner sus barbas en remojo. Eso explica esa alocada carrera por modificar apresuradamente leyes e instituciones, en un afán delirante por blindar sus posiciones, proteger sus fortunas y ponerse a salvo de los ojos de Washington. Es como si el barco se les hundiera y las ratas empezaran a abandonarlo.
No son pocos los que tendrán en mente, en esta hora fatal, el viejo proverbio aquel que advierte cuán mal suele pagar el diablo a quienes mejor le han servido…
