Tegucigalpa. – Tras dos noches pernoctando frente al Instituto Nacional Agrario (INA) en la capital, las y los representantes de las comunidades Lencas del suroccidente de Honduras se trasladaron este jueves 18 de julio a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
¿Su propósito? Exigir la confirmación de las sentencias de las ocho personas condenadas por el asesinato de la lideresa Berta Cáceres.
Al arribar a la CSJ, las poblaciones representadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), acuerpadas por sectores campesinos del Bajo Aguán y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, exigieron a los magistrados de la Sala de lo Penal dar la cara.
“Que los magistrados den la cara […] si es que trabajan en favor del pueblo”, exigieron las y los presentes. Cuestionaron, además, que la justicia hondureña no tenga problemas en ratificar rápidamente los fallos contra personas de escasos recursos, mientras los ocho condenados por el crimen llevan años en espera de la confirmación.
Tras aproximadamente una hora y cuarenta minutos frente al edificio de la CSJ, el magistrado de la Sala de lo Penal, Mario Díaz, salió a declarar que están trabajando y que están cerca de emitir una resolución con respecto a los recursos de casación pendientes, que fueron interpuestos por la defensa de los condenados y que habían retrasado la ratificación de los fallos.
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“No puedo dar un día exacto, porque sería irresponsable de mi parte hacerlo. Lo que sí les digo es que estamos trabajando fuertemente y que eso va a estar en el menor tiempo posible y será del conocimiento público”, concretó el magistrado Díaz.
CLAMAN POR JUSTICIA PARA BERTA CÁCERES Y PERSONAS DEFENSORAS DEL TERRITORIO ASESINADAS
Previamente, las y los liderazgos expresaron a través de un megáfono que siguen a la espera de justicia por los crímenes en contra de la población Lenca que se opuso al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Río Blanco por parte de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
“Confirmen las sentencias para los asesinos de Berta”, fue parte de las exigencias planteadas frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia. Afirmaron que si deben regresar la otra semana para recibir respuesta, lo harán. Foto: Archivo Criterio.hn
María Santos Domínguez, lideresa de la comunidad de Río Blanco en Intibucá, afirmó que se presentaron ante el edificio de la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia para Berta Cáceres asesinada por quienes denomino “corruptos” y “sinvergüenzas” quienes siguen en espera de una sentencia firme, así como los autores intelectuales que siguen sin ser sometidos ante un proceso judicial.
“La compañera Berta perdió su vida por defender a los pobres y las comunidades que fueron abandonadas. No hay ningún gobierno que nos haya apoyado, por eso estamos al frente de este palacio [de justicia]”, declaró.
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Otra petición realizada durante el plantón fue investigar las denuncias por los asesinatos de campesinos y campesinas en el Valle del Aguán, y los nexos de estos crímenes con los agroindustriales afincados en la zona.
Además de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la Plataforma Agraria, se sumaron a la movilización integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, entre ellas Liana Funes.
“Hace ocho años y dos meses asesinaron a nuestra hermana y compañera Berta Cáceres. Hace ocho años que se hirió al pueblo de Honduras, asesinando a una compañera, a una mujer, a una luchadora que guiaba el camino de las luchas de las resistencias y de los sueños de una vida digna para los pueblos en este país”, comentó Funes.
Catalina Hernández de La Esperanza, Intibucá, se dirigió a los magistrados de la Sala de lo Penal y advirtió que cada día se sumaran más personas y organizaciones exigiendo la confirmación de los fallos contra los siete autores materiales y el coautor del crimen, además de demandar que se proceda judicialmente contra los autores intelectuales.
“No les quieren hacer nada [a los autores intelectuales] porque son parte de la argolla. Aquí las autoridades están muy de acuerdo con los empresarios, se ponen de acuerdo para arreglar las situaciones y venirnos a dar un discurso muy bonito a nosotros los pobres, a nosotras las comunidades humildes, a los campesinos, a las mujeres”, reclamó Hernández, que recordó que quienes deberían ser protegidos son aquellas personas que están en el campo protegiendo el agua y produciendo.
