MAGIA LEGISLATIVA

Por: Víctor Meza

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Tegucigalpa.-Como si fuera un acto de magia – negra, por supuesto -, algunos malabaristas inescrupulosos, revestidos de autoridad y consentido sigilo en los pasillos del Congreso Nacional, decidieron, así porque sí, porque les conviene, “corregir” el texto de una ley ya aprobada en la Cámara Legislativa, y acomodar, a su propio gusto y conveniencia, la redacción del texto para permitir las generosas contribuciones que suelen aportar muchos contratistas del Estado a las arcas voraces de los partidos políticos, especialmente en tiempo electoral.

La Ley de financiamiento, transparencia y fiscalización de partidos políticos y candidatos, más conocida como Ley de política limpia, aprobada desde el  mes de octubre del año pasado, sufrió modificaciones en al menos tres de sus artículos esenciales, además de tergiversar y prolongar el plazo de su entrada en vigencia. La maniobra, tan burda como despreciable, obedece al interés de las cúpulas partidarias por impedir el funcionamiento de una ley que permita la supervisión, eventual investigación y condena inevitable de las prácticas dolosas que acostumbran para recibir dineros de dudosa procedencia y, más concretamente, las “voluntarias” contribuciones de grupos o empresarios aislados que compran de esa manera una especie de seguro para evitar el chantaje y contar con la buena voluntad de los políticos, una vez convertidos éstos en futuros gobernantes. Una forma sui generis de invertir recursos para obtener más y seguras ganancias y privilegios en su actividad económica.

La criminal acción de tergiversar a propósito el texto de una ley ya aprobada por el pleno de los diputados, ha generado el disgusto de muchos, especialmente de algunos representantes de los países que generosamente cooperan con Honduras, sobre todo en la financiación del proceso electoral. En carta oficial, dirigida al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, un político de fulgor escaso, el embajador de Francia, presidente pro tempore del Grupo de cooperantes G-16, expresa la preocupación suya y de sus colegas por la inaceptable manipulación del texto de la ley. Cambiar los textos de leyes ya aprobadas ha sido una práctica vieja y manoseada en el Poder Legislativo. Con el pretexto de revisión gramatical, los “expertos” modifican los signos de puntuación, cambian las palabras, alteran el orden de la redacción, todo con el fin de acomodar la ley a favor de los intereses de quienes les encomiendan la tarea y les pagan por hacerlo. Pero esta vez, según parece, se les ha pasado la mano. A tal grado que hasta el G-16, normalmente tan comedido y excesivamente cauteloso al momento de emitir opiniones, se ha visto obligado a expresar públicamente su sorpresa, por no decir molestia y disgusto, ante la burda maniobra de los políticos minúsculos que controlan la Cámara Legislativa.

Es hora ya de poner un alto definitivo a estas prácticas vulgares de manipulación y manoseo en la vida política de la nación. Tal costumbre no es otra cosa más que la expresión del deficit de cultura política democrática que aqueja a la mal llamada “clase política” local, y de la abundancia de vulgaridad e irrespeto por la ley que le caracterizan. Imposible no experimentar un cierto sentimiento de vergüenza ajena ante la comunidad cooperante internacional por las maniobras tan deleznables que acostumbran hacer muchos de los dirigentes políticos del país.

La denominada Ley de política limpia, si en efecto se cumple y pone en práctica, puede y debe ser un instrumento útil y apropiado para vigilar las fuentes de financiación de las campañas políticas en tiempo electoral. Se, por experiencia propia, cuán complicado puede resultar un ejercicio de monitoreo y vigilancia sobre las finanzas de los partidos políticos, En las elecciones del año 2013, nuestro Centro de Documentación llevó a cabo y desarrolló un proyecto de investigación sobre este tema. El resultado fue un amplio y muy documentado informe sobre los millonarios y exagerados, además de sospechosos, gastos de la campaña electoral de entonces. Un documento valioso que no ha tenido, lamentablemente, todo el impacto que debería tener para corregir errores y aplicar buenas y mejores prácticas de supervisión y control sobre los dineros sucios que invaden los espacios políticos, especialmente en momentos de decisión electoral. La nueva Ley de política limpia, a pesar y en contra de las “modificaciones” limitantes que le introdujeron los diputados al texto original preparado por la MACCIH, puede y debe ser una herramienta válida para limitar los abusos y descubrir las misteriosas fuentes que generan flujos millonarios de dinero sucio para alimentar la voracidad ilímite de muchos políticos del patio. Por eso, y muchas razones más, es tan importante que el Congreso Nacional escoja a los mejores y más creíbles entre los treinta aspirantes a dirigir la Unidad Técnica de vigilancia y supervisión que tendrá la nueva Ley de política limpia. Hay que evitar a toda costa la nociva y maligna politización partidaria de esa Unidad Técnica.