Por: Redacción CRITERIO/FACTum
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La firma del convenio que daría vida a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la MACCIH se suspendió porque el Gobierno de Hernández envió, poco antes de la firma del convenio, un último paquete de observaciones que excluían definitivamente la posibilidad de crear, dentro de la MACCIH, una unidad independiente de investigadores y juristas internacionales que apoyarían el Ministerio Público hondureño en investigaciones de corrupción y dejaban a la misión como una simple asesoría técnica.
El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández suspendió la semana pasada un evento que había programado en Washington para firmar el acuerdo con la Organización de Estados Americanos que da vida a una misión especial anticorrupción.
A última hora, la embajada hondureña en la capital estadounidense suspendió el acto “por fuerza mayor”. Fuentes del Gobierno de Estados Unidos, cuyo Congreso estudia la asignación de fondos de cooperación al Triángulo Norte de Centroamérica, aseguran que la firma ha quedado en suspenso porque Tegucigalpa insiste en “quitar los dientes” a la misión. El Gobierno de JOH lo niega.
Una misión especial de la Organización de Estados Americanos viajó de emergencia el domingo 13 de diciembre a Tegucigalpa para volver a hablar con el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández sobre la instalación en el país centroamericano de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la MACCIH.
De lo que pase en las próximas horas depende el futuro de una comisión internacional pensada para combatir la corrupción que agobia al Estado hondureño, y que quedó de manifiesto a inicios de 2014 tras las revelaciones sobre desvíos de fondos del Seguro Social a la campaña que llevó a Hernández a la presidencia. De lo que pase depende también la asignación de los fondos de cooperación que Washington piensa otorgar a Honduras, según han confirmado a Factum fuentes legislativas en la capital estadounidense.
“El Senador Leahy fue fiscal antes de ser elegido para el Senado y él cree firmemente en la importancia de la independencia judicial, y apoya con firmeza a la CICIG en Guatemala. Él cree que para que el Gobierno de los Estados Unidos apoye la MACCIH esta debe de tener la integridad investigativa y de persecución del crimen, y la independencia de las autoridades comparables a la que tienen la CICIG. Dada la prevalencia de la corrupción, la violencia y la impunidad en Honduras, el pueblo hondureño merece esto y nada menos que esto.”
-Tim Rieser, asesor de política exterior del Senador Patrick Leahy.
Se suponía que todo estaba listo para que el Presidente Juan Orlando Hernández y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, firmaran el pasado jueves 10 de diciembre el convenio que daría vida a la MACCIH. Sin embargo, 72 horas antes del evento, la cancillería hondureña suspendió la firma por eventos de “fuerza mayor” que nunca explicó.
Tres fuentes que han participado en las negociaciones para establecer la misión, dos en Washington y una en Tegucigalpa, aseguraron que el evento se suspendió porque el Gobierno de Hernández envió, poco antes de la firma del convenio, un último paquete de observaciones que excluían definitivamente la posibilidad de crear, dentro de la MACCIH, una unidad independiente de investigadores y juristas internacionales que apoyarían el Ministerio Público hondureño en investigaciones de corrupción y dejaban a la misión como una simple asesoría técnica.
Miembros de Oposición Indignada, el grupo ciudadano que impulsó las marchas multitudinarias que desde junio pasado, y que ha acusado abiertamente de corrupción al Gobierno y ha pedido a la comunidad internacional que presione a Hernández para que permita la instalación de un organismo independiente, confirmaron el mismo lunes que se reunirían en Tegucigalpa con la misión de la OEA para insistir en que no permita una misión “sin dientes”.
Indignados y otras Instituciones no oficiales que conocen de cerca la propuesta y las negociaciones ya habían advertido, tanto en Honduras como en Estados Unidos, sobre la posibilidad de que MACCIH no tuviese la cintura política necesaria para emplazar a los funcionarios del Gobierno que resulten embarrados en actos de corrupción.
“Hay una creencia generalizada en Honduras de que la MACCIH es simplemente un intento del Gobierno hondureño para evitar la formación de un ente anticorrupción y anti impunidad similar a la CICIG”, escribieron el mes pasado Eric Olson y Katherine Hyde del Wilson Center, uno de los tanques de pensamiento de política exterior más respetados de Washington.
La CICIG es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente autónomo, financiado por Naciones Unidas, Estados Unidos y otros países, que tiene capacidades de investigación y que, entre otros, ha trabajado con la fiscalía guatemalteca los casos de corrupción que terminaron en la destitución de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y del expresidente Otto Pérez Molina.
En un reporte titulado “Nueve preguntas y observaciones sobre el nuevo mecanismo anticorrupción de Honduras”, Olson y Hyde también destacan el tema de la independencia que la MACCIH tendrá del Gobierno hondureño, así como de su credibilidad. “Muchos en el país creen que un cuerpo investigativo es necesario para lidiar con la corrupción generalizada, pero el Presidente Hernández prefiere ‘una solución hondureña’ caracterizada por un rol muy limitado de los investigadores internacionales”.
En una carta que enviaron a la OEA el 7 de diciembre pasado, tres días antes del evento programado para la firma del convenio MACCIH, cuatro miembros de Oposición Indignada expresaron varias “preocupaciones” sobre la naturaleza de la Misión; entre ellas: “que la propuesta no incluya un ente independiente de investigación…; el gobierno está solicitando a la OEA que no haya un coordinador o jefe de misión, (lo que) nos parece un error grave y una estrategia del gobierno para que no exista un responsable directo que asuma la responsabilidad del éxito o fracaso de la misión…”
Los Indignados dicen haberse reunido ya con fiscales del Ministerio Público que les han dicho que, tal como está la propuesta, el asunto terminaría siendo una simple asesoría técnica y, aseguran, “el resultado de las asesorías es que los casos siguen sin avanzar y que no dan los resultados esperados…”
La abrupta suspensión
Consultada respecto a las razones de la suspensión repentina del acuerdo entre la OEA y el Gobierno hondureño que dará vida a la MACCIH, y a los motivos que empujaron al ente interamericano a enviar una misión de última hora a Tegucigalpa, una diplomática hondureña en Washington remitió a un comunicado de prensa de la cancillería hondureña que intenta quitar calor al asunto:
“El Gobierno de la República recibirá en los próximos días un equipo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para acordar y programar los detalles de la fecha de suscripción del Convenio, las actividades y protocolo de los actos de firma y la instalación de la MACCIH, el cual será suscrito en enero de 2016, en la ciudad de Washington, DC…”, dice un comunicado de prensa fechado en Tegucigalpa el de diciembre pasado.
Ni esa ni ninguna de las comunicaciones oficiales anteriores explican por qué la firma se suspendió.
El primer correo electrónico había llegado el 1º. de diciembre. Lo enviaba Sofía Cerna, primera secretaria de la Embajada de Honduras en Washington. Como anexo venía la invitación: Arturo Corrales Álvarez, el Secretario de Estado para Asuntos Externos y Cooperación Internacional, requería “el placer de su compañía en la firma del acuerdo para establecer la Misión Anticorrupción y Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH). El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el Secretario General, Luis Almagro, firmarán el acuerdo”. La cita era el jueves 10 de diciembre de 2015 de 10 a 10:30 de la mañana en el Salón de las Américas de la OEA.
El 7 de diciembre, Sofía Cerna envió otro correo; en este venía como anexo una nota en la que el Gobierno de Honduras, a través de sus embajadores ante la Casa Blanca y la OEA, comunicaba que la firma del convenio MACCIH se había suspendido “por motivos de fuerza mayor”, y anunciaban que programaría un nuevo acto en enero próximo “cuando se convenga una nueva fecha con todos los actores involucrados”.
No es raro, en el mundo de la diplomacia, que estas cosas sucedan. Tampoco es raro que explicaciones tan vagas como “fuerza mayor” o “motivos de agenda” intenten justificar asuntos mucho más complicados.
Lo complejo en este caso es, según todas las fuentes consultadas y los análisis realizados en Washington respecto a la MACCIH por tanques de pensamiento, la naturaleza misma del mecanismo anticorrupción. La MACCIH que el Gobierno del Presidente Hernández quiere es una que sirva, solo, para asesorar, no para investigar y mucho menos para montar casos específicos contra funcionarios corruptos en los tribunales; mientras que la MACCIH que pide la sociedad civil representada por Oposición Indignada y ONG’s en Washington es una que, sin esas capacidades de investigación, no tiene sentido.
“Los niveles endémicos de corrupción e impunidad han contribuido a la incapacidad del Estado de Honduras de satisfacer las necesidades de la población y de construir instituciones transparentes”, dice, por ejemplo, Adriana Beltrán, encargada del programa de seguridad ciudadana en WOLA, otro influyente tanque de pensamiento en Washington. “La MACCIH requiere que se le otorgue poder, autoridad y un fuerte liderazgo si quiere tener éxito en generar las reformas profundas necesarias para combatir la corrupción y la impunidad en el país”, añade.
El dinero en juego
Y está, además, el asunto de los fondos para financiar el mecanismo anticorrupción. En el proyecto de presupuesto para operaciones en el extranjero que el comité de adjudicaciones del Senado aprobó en junio pasado hay $673.5 millones reservados para financiar la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, y, en específico, $2 millones de dólares reservados para dotar de fondos a la creación de un mecanismo anticorrupción similar a CICIG.
Esa adjudicación, cuya aprobación definitiva sigue pendiente en el Congreso en Washington, está sujeta a que los países del Triángulo Norte cumplan con algunas condiciones, como mejorar el combate a la corrupción que es, según el Departamento de Estado, una de las principales causas de violencia e irrespeto a los derechos humanos en El Salvador, Honduras y Guatemala. Si los países no cumplen con eso, y si el Secretario de Estado no certifica ese cumplimiento, el Senado puede congelar los fondos.
Tim Rieser, uno de los asesores legislativos del influyente senador demócrata Patrick Leahy, comparte la visión de que una MACCIH que merezca el apoyo de Estados Unidos debe parecerse mucho a la CICIG.
“El Senador Leahy fue fiscal antes de ser elegido para el Senado”, dijo Rieser, asesor del senador en asuntos política exterior, “y él cree firmemente en la importancia de la independencia judicial, y apoyo con firmeza a la CICIG en Guatemala. Él cree que para que el Gobierno de los Estados Unidos apoye la MACCIH esta debe de tener la integridad investigativa y de persecución del crimen, y la independencia de las autoridades comparables a la que tienen la CICIG. Dada la prevalencia de la corrupción, la violencia y la impunidad en Honduras, el pueblo hondureño merece esto y nada menos que esto”.
Patrick Leahy es miembro del comité de adjudicaciones del Senado, que es donde la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos decide a quién le da dinero de los contribuyentes estadounidenses y bajo qué condiciones.
Pero antes de que todo eso pase, por ahora, en el caso de Honduras, la cooperación depende, en parte, de lo que finalmente firmen el secretario general Almagro y el Presidente Hernández respecto a MACCIH: para que el Gobierno de Estados Unidos lo apoye, dijo el Senador Leahy a través de su asesor, la misión debe ser “independiente” y tener “integridad investigativa y de persecución del crimen”.
La respuesta del Gobierno de Juan Orlando Hernández, por ahora, es una: que la propuesta de creación de MACCIH, tal como existe, representa “la voluntad política del gobierno en su lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras”.
La misión de la OEA regresa el miércoles 16 de diciembre a Washington. Según el comunicado de la cancillería hondureña del 7 de diciembre, de la visita a Tegucigalpa saldrá una nueva fecha para la firma del convenio MACCIH en Washington. Y de acuerdo a quienes siguen las negociaciones desde Washington, de esa visita depende el futuro mismo de MACCIH, el prestigio de la OEA y del Gobierno de Juan Orlando Hernández.(Tomado de la revista Factum)
