La minería y la construcción de carreteras han acelerado la degradación del área protegida. El Comité señala omisiones y licencias irregulares mientras persiste la impunidad por el asesinato del defensor Juan López
Tegucigalpa, Honduras. – El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, al no resolver siete oposiciones interpuestas desde 2020 contra el megaproyecto minero Pinares-Ecotek, instalado en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras Mejía«.
La abogada del comité, Rita Romero, explicó que entre enero y septiembre de 2020 las comunidades afectadas presentaron oposiciones documentadas que advertían los impactos ambientales y sociales de este proyecto minero ubicado dentro de un área protegida. “El ministro Lucky Medina no ha resuelto ninguno de los siete expedientes administrativos que corresponden a las licencias ambientales del megaproyecto”, señaló Romero.
Romero recordó que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) emitió el 13 de octubre de 2025 una resolución que negó a la empresa Inversiones Ecotek S.A. de C.V., parte del Grupo EMCO, el permiso de ampliación de una concesión para operar una planta peletizadora de óxido de hierro en Tocoa, Colón. Esta decisión se suma a la cancelación de dos componentes extractivos del proyecto en 2024 dentro del área protegida.
“La autoridad minera ya reconoció el daño y canceló tres componentes del proyecto, pero el ministro Medina sigue sin resolver. Hace más de un año se aprobó el decreto 18-2024, que obliga a coordinar el rescate y restauración inmediata del Parque Nacional, pero no se ha hecho nada”, añadió la abogada.
El ministro Lucky Medina respondió de inmediato vía X a la denuncia del Comité de Bienes Comunes de Tocoa, asegurando que el proyecto minero ya está cancelado o suspendido y defendió la suspensión de concesiones mineras. Asegurando que, la denuncia sería “desestimada”.
Sin embargo, su respuesta fue cuestionada por omitir los reclamos sobre la falta de implementación del decreto de restauración y la resolución de trámites pendientes, aspectos claves que mantienen la preocupación de las comunidades.
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HAY ABUSO DE AUTORIDAD Y RIESGO PARA LA SALUD
La zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía ha sufrido una grave degradación ambiental tras la explotación minera para extraer hierro y otros metales cuya composición aún se desconoce completamente. “Lo que sí sabemos es que ya hay un deterioro enorme en el Parque Nacional que consiste en corta ilegal del bosque. Se ha descubierto toda la cubierta forestal dentro de la zona núcleo del parque”, enfatizó Limbor Velásquez, integrante del Comité en Defensa de Bienes Comunes y Públicos.
Esta destrucción ha intensificado procesos de erosión que contaminan los ríos, particularmente el San Pedro y el Guapinol, afectados tanto por el avance de la mina como por la carretera construida para facilitar las operaciones extractivas.
Por su parte, Leonel George, miembro del CMDBCP, sostuvo que la denuncia también responde a decisiones del ministro que contravienen el interés público, como la convocatoria a cabildo abierto para autorizar el uso de coque de petróleo, una sustancia no regulada en Honduras. “Aquí se está poniendo en riesgo la salud y la vida de las comunidades. Exigimos que se cancelen definitivamente los proyectos mineros en Tocoa”, expresó.
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“SEGUIMOS EXIGIENDO JUSTICIA POR JUAN LÓPEZ”
El asesinato de Juan López, líder social y defensor ambiental de Tocoa, marcó un antes y un después en la lucha por la defensa de los bienes comunes. La noche del 14 de septiembre de 2024, López fue atacado a balazos. Su crimen, que permanece impune.
Juana Esquivel, integrante del comité, recordó que esta defensa de los bienes comunes también tiene un costo humano. “Seguimos exigiendo que el Ministerio Público avance hacia la autoría intelectual, que investigue quiénes pagaron y se beneficiaron de este crimen”, reclamó Esquivel, al denunciar la impunidad que persiste alrededor del caso.
Esquivel aseguró, además, que los proyectos mineros en Tocoa se han sostenido sobre una base de irregularidades, incluyendo el uso de un acta falsificada emitida durante la administración municipal de Adán Fúnez.
“Se ha presentado todo tipo de pruebas técnicas, científicas y sociales sobre el impacto del megaproyecto, pero las autoridades se han limitado a dilatar sus respuestas. El ministro Lucky Medina está violando su deber como funcionario público de garantizar el derecho al ambiente sano y la salud de la población de Tocoa”, manifestó la defensora.
