Continuarán exigiendo castigo para quienes conformaron la red de corrupción que instaló los proyectos mineros en el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, entre estos, quienes desde el gobierno local de Tocoa falsificaron documentos públicos para favorecer a Inversiones Los Pinares
Tegucigalpa. – Lucha y resistencia continuarán hasta alcanzar justicia ambiental para el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía y las comunidades que llevan una década de oposición frente a los intereses mineros.
Así lo expuso Juana Esquivel, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, con relación a la resolución 209/2024 en la que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) resolvió sin lugar la solicitud de prórroga del componente ASP.
“Para el comité [y las personas defensoras], la resolución de la no renovación para 30 años más que solicitó la empresa Inversiones Los Pinares para la concesión minera ASP de 100 hectáreas, nos parece un pequeño paso, pero importante, de cara a la liberación del Parque Nacional Carlos Escalera”, compartió Esquivel.
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La defensora señaló que, si bien el instrumento aún no está en firme, continuarán luchando hasta lograrlo y desde ya prevén que la empresa involucrada recurrirá a impugnar la resolución 209/2024, con fecha del 11 de julio de 2024.
Un día después de realizar la negatoria del componente ASP, Inhgeomin declaró también sin lugar la solicitud de prórroga de la concesión minera no metálica denominada ASP2, bajo la resolución 214/2024, también de 100 hectáreas y cuyo propósito era la extracción del óxido de hierro.
Ambas resoluciones están sustentadas bajo el recientemente publicado Decreto 18-2024, que establece la protección del ecosistema y la restauración de las zonas afectadas producto de la actividad minera.
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MINAS EL VENADO Y LAS GOLONDRINAS
Esquivel sostiene que para alcanzar justicia para el Parque Nacional Carlos Escaleras y todas las comunidades que están en lucha y resistencia, primero se debe iniciar el proceso de liberación completa de todas las concesiones otorgadas dentro del área protegida.
Esto incluye la mina El Venado explotada por la empresa Jamar Comercial Industrial, instalada en Gualaco, Olancho; y la mina Las Golondrinas a nombre de Canteras y Más, en Sabá, Colón.
El 27 de junio de 2024, la Sala de lo Constitucional falló una sentencia de amparo a favor del municipio de Sabá en el nororiental departamento de Colón, ordenando la cancelación del proyecto minero Las Golondrinas, tras reconocer la vulneración a los derechos de 21 comunidades y sus fuentes de agua.
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Esquivel remarcó que mientras estas empresas no saquen hasta la última máquina de los territorios, no se llegue a un proceso de restauración del área protegida y una reparación de los daños ocasionados, todavía habrá mucho porque luchar.
“Hay mucho porqué continuar organizándonos y resistiendo hasta que logremos la justicia para el Parque Nacional Carlos Escaleras, como hemos venido luchando desde hace más de 10 años”, declaró la defensora.
ARGUMENTO DE RESOLUCIÓN INVISIVILIZA ACTUACIONES ILICITAS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
Para Juana Esquivel, si bien la resolución es un paso adelante en el proceso de justicia, también es una resolución únicamente sustentada en el Decreto 18-2024, “lo cual esta ocultando o invisibiliza toda la argumentación técnica, ambiental, legal y la oposición comunitaria que hemos tenido por más de 10 años”.
Este sentir es compartido por Rita Romero, representante legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, quien la semana pasada expresó a Criterio.hn que sustentarlo únicamente en el Decreto 18-2024 invisibiliza los ilícitos, que a la vez son causales de no renovación del proyecto minero.
Esquivel remarcó que continuarán exigiendo castigo para quienes conformaron la red de corrupción para la destrucción del Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, por lo que apuntó que el Ministerio Público, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF) aún tienen pendientes.
Entre los que destacó restaurar el área protegida, develar a todos los responsables detrás de los actos de corrupción para la instalación mineras en el área protegida, incluyendo a quienes desde el gobierno local falsificaron documentos públicos para favorecer a Inversiones Los Pinares.
