Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Una coalición de organizaciones de sociedad civil exigió el martes la derogación del nuevo Código Penal, asegurando que profundiza la impunidad de narcotraficantes, malversadores de caudales públicos, y viola la libertad de expresión.
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Aseguran que la legislación permitiría imponer “penas piadosas” a los condenados por el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y a las personas que se encuentran en proceso penal de lo que antes fue la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Viviendas (Soptravi) y a los del caso de la Primera Dama, porque podrán presentar recursos para que se les aplique la ley penal más favorables a ellos.
Además, beneficiaría a las personas que actualmente están siendo investigadas por gobiernos extranjeros por tráfico de drogas, ya que, con la disminución de la pena por este delito, preferirán someterse a la débil justicia de Honduras para evitar ser extraditadas.
“Todas las organizaciones de sociedad civil aquí reunidas, exigimos al Congreso Nacional la abrogación del nuevo Código Penal, consecuentemente se elabore una norma congruente con la realidad nacional”, dijo la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, auspiciadora del evento.
La legislación aprobada en el Congreso Nacional, y que entraría en vigencia en noviembre, disminuye fuertemente las penas para delitos como el narcotráfico, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, contrabando, secuestro, violación y delitos contra las mujeres.
“Es evidente que nuestros congresistas han creado un Código Penal que vendrá a generar mayor impunidad en los delitos de cuello blanco, que en nuestro país son recurrentes”, dijo la coalición liderada por el CNA e integrada por organizaciones empresariales, académicos universitarios del derecho, parlamentarios que apoyan la lucha contra la corrupción, de investigación económica y de defensa de la libertad de expresión.
Aseguraron, que aunque hubiera condenas en casos de delitos contra la administración pública, los encausados nunca irán a la cárcel debido a la disminución de las penas.
Las organizaciones dicen que el nuevo Código Penal es un “artilugio jurídico” que permitiría que personas que han cometido el delito de narcotráfico, “eviten ser extraditados” al someterse a la débil justicia hondureña “evitando penas aplicadas en cortes” de los Estados Unidos.
Advierten que el tráfico de drogas, después de que el Código Penal aun vigente, establece una pena de entre 15 a 20 años, se modifica por una de 7 a 10 años, “considerándose esta pena, como los actos preparatorios para evitar extradiciones y ser sometidos a la justicia hondureña, todos aquellos que actualmente están siendo investigados por gobiernos extranjeros”.
En el caso del delito de malversación de caudales públicos, la pena pasó de entre 6 y 12 años de cárcel a entre 4 y 6 años, lo que permitiría a los condenados por el robo en el IHSS y a los encausados en lo que fue Soptravi y en el de la Primera Dama, alcanzar “penas piadosas”, al acogerse al nuevo Código Penal, según la coalición.
El de fraude contra la administración pública, disminuye la pena, actualmente de 6 a 12 años, a una de 5 a 7 años de prisión, “permitiendo tal castigo que los funcionarios escasamente condenados puedan gozar de arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico, entre otras penas”.
“Es evidente que el interés de los legisladores que aprobaron el decreto 130-2017 (nuevo Código Penal) fue apiadarse de quienes cometerán delitos de criminalidad organizada y ensañarse en contra de la delincuencia común, que normalmente es cometida por los sectores que presentan necesidades como consecuencia de la mala administración de los fondos públicos”, aseguraron.
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Colegio de Periodistas
Entre las organizaciones de la coalición, se encuentra el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), presidido por Dagoberto Rodríguez, que también encabeza la junta directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP).
Rodríguez, es un violador reincidente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al negarse a publicar información del ente de pensiones en el Portal Único de Transparencia, negando el acceso a información tanto a los afiliados como a la ciudadanía en general.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ha impuesto al IPP, representado por Rodríguez, una multa de mas de 26.000 lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y ha calificado al ente en 5 oportunidades con cero por ciento, por resistirse a publicar información a la que está obligado en el Portal Único de Transparencia.
Rodríguez, ha presentado además 8 Recursos de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra de Resoluciones del IAIP, pretendiendo que el ente de pensiones de los periodistas no sea sujeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
También, la dirigencia del IPP se encuentra en estado de desobediencia al incumplir resoluciones del IAIP, de entregar informacion administrativa y financiera, solicitada desde el año 2015 al ente de previsión de los periodistas. Y antes, su ex presidente, Eduin Romero, fue sancionado con una multa de 8.000 lempiras por violar la ley de Transparencia.
