Por: Ximena Roncal/Latinoamérica21
Después de varias décadas de definir acciones multilaterales ante la crisis climática global, no solo los horizontes son desalentadores, sino que muestran el inminente fracaso de los compromisos asumidos desde los distintos organismos internacionales. El Informe 2023 del Foro Económico Mundial sostiene que los niveles atmosféricos de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han alcanzado máximos históricos, haciendo difícil de conseguir la meta global de limitar el calentamiento a 1,5 °C; incluso, debido al actual enfoque geopolítico de gases de efecto invernadero (GEI), diversas instancias han pronosticado un incremento de 2,7 °C de la temperatura a mediados de siglo, muy por encima de los objetivos trazados en el Acuerdo de París.
Con el 8,6% de la población del mundo y una aportación de 7,5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, América Latina y el Caribe (ALC) no escapa a las consecuencias e impactos graves derivados de la crisis climática: derretimiento de los glaciares andinos en el 30% de su superficie, la desertificación de algunas de sus zonas agrícolas, incremento de las inundaciones y los deslaves, así como amenazas a su infraestructura y a las poblaciones más vulnerables, que generalmente son las más expuestas a eventos extremos. La temperatura se ha incrementado entre 0,7 °C y 1 °C, y se estima que, en un escenario de altas emisiones, los efectos del cambio climático significarían alrededor de 4,6% y 30% del PIB per cápita desde los tiempos actuales al 2100 (CEPAL, 2024).
La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre ([UNDRR] 2024) afirma que Latinoamérica ocupa la segunda posición más expuesta por los desastres naturales, después de Asia y el Pacífico. El organismo enfatiza que más del 80% de los desastres en la región tienen como origen la crisis climática. Los eventos extremos son cada vez más letales, con lluvias en épocas secas, sequías pronunciadas, desaparición de especies animales, disminución de los niveles de ríos y lagos, etc., profundizados por las actividades humanas. En estos sucesos destacan los fenómenos Niño o Niña como los más recurrentes y agresivos. Los impactos adversos proyectados, así como las pérdidas y daños relacionados con la crisis climática, se intensifican con cada aumento del calentamiento global. A estos riesgos se suma el lento crecimiento, la inestabilidad política, el desplazamiento de comunidades enteras, la pérdida de derechos sociales y laborales, entre otros.
Uno de los principales países afectados por los desastres naturales es Brasil, con inundaciones (115) y tormentas (15), México destaca por la frecuencia de tormentas (81) e inundaciones (48), Colombia registró fuertes inundaciones (76) y movimientos de masas húmedos (23); en Argentina se presentaron 78 eventos, siendo los más relevantes las inundaciones y en menor medida las tormentas (17). Por su parte, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica han sido las naciones más afectadas en las últimas dos décadas. Entre 2000 y 2024, los desastres naturales en ALC han afectado a un número creciente de personas, cerca de 194.060.903, de las cuales 30.494 han perdido la vida y 1.989.564 se han quedado sin hogar.
Tanto las inundaciones como los ciclones, además de generar destrucciones, han desplazado a comunidades completas. De igual manera, el incremento del nivel del mar, las sequías y las olas de calor obliga al abandono de tierras y de seguridad social (ACNUR, 2024). El potencial destructivo de estos fenómenos incrementa la desigualdad dentro y entre las naciones de la región, lo que representa una amenaza existencial.
La UNDRR estimó que, para el año 2050, los impactos de la crisis climática pueden llegar a generar que 17 millones de personas en ALC abandonen sus hogares. Por su parte, la ONU ha pronosticado a nivel mundial un desplazamiento de doscientos cincuenta millones de seres humanos para el mismo año, números elevados y alarmantes. Los desastres naturales y los elevados costos en vidas y recursos que plantea la crisis climática nos sitúan frente a la necesidad de atacar las causas de la crisis climática. La mayor de ellas es, sin duda, la reducción de los gases de efecto invernadero. Por tanto, se requiere de manera ineludible una reforma energética. La pregunta es: ¿existe una sola vía para esa transición?
Contrariamente a los planteamientos propuestos por los países desarrollados que proponen una sola ruta, pensamos que ALC debe impulsar transiciones propias, distintas a las establecidas por las élites dominantes y sus lógicas de mercado. En consecuencia, es necesario apostar por otros imaginarios, considerando necesidades propias y la existencia de otras realidades económicas. Se trata de alternativas que implican obligatoriamente comprender el colapso climático no como un hecho aislado, sino como parte de la crisis civilizatoria del capitalismo.
