Por: Julio César Hernández
Garantizar a sus poblaciones una alimentación adecuada es una obligación de los Estados centroamericanos, establecida en sus constituciones, leyes e instrumentos internacionales de derechos humanos, destacando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por todos los países de la región. Una alimentación es adecuada cuando es suficiente en términos de cantidad y calidad para satisfacer las necesidades nutricionales de las personas, y permitirles llevar una vida activa y saludable: los centroamericanos tenemos derecho a estar protegidos contra el hambre y la malnutrición. Todas las personas deben poder acceder a una alimentación adecuada, sin discriminación alguna. Esto incluye el acceso a alimentos seguros, sanos y nutritivos, así como la disponibilidad de servicios básicos de agua potable y saneamiento.
Centroamérica enfrenta enormes desafíos para garantizar que todas las personas tengan una alimentación adecuada. La seguridad alimentaria, la cual se refiere a la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de alimentos suficientes y nutritivos para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, y que es uno de los aspectos necesarios para garantizar el derecho a la alimentación, ha empeorado en los últimos años. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestra que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave se incrementó en 2019-2021, debido principalmente por la pandemia del COVID-19 y a desastres ambientales: en Costa Rica se pasó de una prevalencia promedio de 12.2 en 2014-2016 a 15.9 en 2019-2021; en El Salvador de 42.2 a 46.5; en Guatemala de 42.7 a 55.9; y, en Honduras de 41.6 a 49.9.
Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en Centroamérica, 2014-2016 y 2019-2021
Las esperanzas de dejar atrás la pandemia y de que la seguridad alimentaria empezara a mejorar mermaron por la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta guerra causó un aumento en los precios de los combustibles, los fertilizantes y, significativo, de los alimentos. La mayoría de los países de Centroamérica, a excepción de Panamá, registró a diciembre del 2022 una variación interanual en los precios de los alimentos arriba del 10%, siendo el porcentaje más alto en Costa Rica (19.1%). Este encarecimiento de los alimentos ha impactado negativamente en el acceso, especialmente para las personas con ingresos más bajos.
Variación interanual del precio de alimentos y bebidas no alcohólicas en Centroamérica, diciembre del 2022 (en porcentajes)
Dentro de las acciones que los Estados deberían realizar para contrarrestar los efectos negativos que distintos fenómenos económicos, sociales, políticos o ambientales pueden tener en la seguridad alimentaria, está la de implementar intervenciones para el fomento de la producción local, generar reservas de alimentos, subsidiar y proteger agricultores, fortalecer la infraestructura agrícola, transferencias en efectivo, entrega de alimentos, entre otras.
El seguimiento al financiamiento público para intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional es esencial para evaluar los esfuerzos que los Estados realizan para garantizar el derecho a la alimentación. El Icefi, en conjunto con Save the Children, monitoreó en 2022 el presupuesto público de Guatemala para seguridad alimentaria y nutricional, encontrando que la administración central invirtió USD 1,401.8 millones, equivalentes al 1.5% del producto interno bruto y al 10.0% del presupuesto total de egresos, una intervención insuficiente ante el nivel de inseguridad alimentaria en ese país. Este monitoreo incluyó evaluaciones por entidades, programas, ubicación geográfica, grupos de gasto y fuentes de financiamiento, información que la sociedad civil ha usado para nutrir las discusiones, el análisis y las recomendaciones al gobierno.
Los gobiernos centroamericanos deben poner en práctica metodologías que les permitan medir y evaluar la inversión pública en seguridad alimentaria, pudiendo usar la implementada por el Icefi como orientación. Desde un enfoque más amplio, garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación es un asunto que involucra a todos los integrantes de una sociedad, sin embargo, los Estados, como garantes de los derechos de sus poblaciones, tienen un papel preponderante. Además, por ser una problemática multicausal, además de medidas directas para la atención de la seguridad alimentaria y nutricional, los Estados centroamericanos también deben avanzar hacia políticas fiscales que reduzcan los altos niveles de desigualdad y pobreza en la región, por ser las principales causantes de la inseguridad alimentaria, así como en políticas públicas que garanticen a todas las personas los ingresos que les permitan un nivel de vida digno.
