Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Una de las recomendaciones que hace el Examen Periódico Universal (EPU) al Estado de Honduras es ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
Se trata de un tratado internacional al que se han suscrito 24 países de la región, que define protocolos para la protección del ambiente y la participación ciudadana.
Entre sus objetivos está garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Además, “la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, como se lee en el artículo 1 de dicho acuerdo.
La repuesta del Estado hondureño, no obstante, ha sido que tomará “nota” de esta recomendación, lo cual refleja la poca importancia que se le otorga a la defensa del medio ambiente, opinó al respecto el representante de la Coalición contra la Impunidad, Joaquín Mejía Rivera.
Esa realidad se traduce también en persecución por parte del Estado contra líderes ambientales, como en el caso de los defensores del río Guapinol que llevan casi dos años presos, y en violencia por parte de grupos poderosos que llegan al grado de quitarles la vida, como ha ocurrido con las lideresas tolupán y lenca, respectivamente, María Enriqueta Matute en 2013 y Bertha Cáceres en 2016, entre otros.
Honduras, de hecho, es uno de los países más peligroso para los ambientalistas y defensores de la tierra, según la organización Global Witness. En la última década al menos 150 fueron asesinados, 14 de ellos en 2019, según el último reporte.
Debido a la indiscriminada explotación de los recursos, en el país se pierden aproximadamente 23 mil hectáreas anuales de bosque, dijo el biólogo Malcolm Stufkens.
“No podemos seguir perdiendo tantos bosques y valiosos ecosistemas. Los bosques son vida”, agregó en el marco del Día Internacional de los Bosques que se conmemoró este domingo, a la vez que exigió políticas públicas coherentes.
Y es que la deforestación de los bosques comienza mediante los planes anuales de manejo forestal que son aprobados por el Instituto de Conservación Forestal (IFC) y otorgados a poderosas empresas, en un maridaje entre empresarios y funcionarios que “a través de actos de corrupción han entregado de manera inconsulta nuestros bienes comunes y naturales”, señala el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Amparadas en la impunidad y la complicidad del Estado, estas empresas son incontrolables, como declaró al diario español El País, el líder indígena José María Pineda. “No respetan los límites con las fuentes de agua. Además, si marcan un árbol, se llevan tres”, denunció.
