Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- «La guerra no declarada que existe en Honduras, ha servido de catalizador para la desterritorialización de nuestras comunidades, las que se han convertido en un objetivo para la elite de poder local y empresas transnacionales».
El aniversario del arribo del pueblo Garífuna a Honduras se inició con la nefasta noticia de la muerte de 3 menores de edad Garífunas, los que se ahogaron cuando se encontraban rumbo a la comunidad de Sangrelaya a participar en la conmemoración que se planeaba efectuar en esa comunidad.
La trágica noticia se enmarca en la grave situación por la que atraviesa nuestro pueblo en Honduras. Los Garínagu fuimos expulsados en san Vicente, tras haber librado dos guerras consecutivas en contra de los ingleses, y en la actualidad nos encontramos paulatinamente siendo expulsados de Honduras.
La guerra no declarada que existe en Honduras, ha servido de catalizador para la desterritorialización de nuestras comunidades, las que se han convertido en un objetivo para la elite de poder local y empresas transnacionales.
La demolición de la comunidad Garífuna de Río Negro iniciada en el año 2009, en la que sus habitantes sufrieron un hostigamiento frontal por parte de la alcaldía y el empresario canadiense Randy Jurgenson, el que amenazó a los miembros de las comunidades de expropiación forzosa, sentó un precedente, el cual fue replicado a lo largo de todas las comunidades Garífunas de la Bahía de Trujillo.
Con la aprobación de las declaradas inconstitucionales “ciudades modelo”, se pretendió despojar 24 comunidades Garífunas, y se hizo obvio la existencia de un plan para erradicar la población Garífuna de Honduras. Posterior al golpe del poder legislativo al judicial como represalia por haber declarado inconstitucional las ciudades modelo, el poder ejecutivo maquilló las ciudades modelo reintroduciéndolas como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), las cuales incluyen 20 comunidades Garífunas.
La deplorable entrega de la plataforma marítima de la Moskitia a la empresa British Gas, transacción que fue efectuada en forma inconsulta, ha colocado en riesgo el futuro de las comunidades Garífunas, las que en caso de un accidente serían las más afectadas por un posible derrame de hidrocarburos.
El continuo proceso de colonialismo interno que sufren los pueblos indígenas del país, tiene consecuencias irreversibles. El fracaso premeditado de la educación bilingüe intercultural, ante la ausencia de voluntad política del ministerio de Educación de conceder las plazas de maestros a indígenas ha generado una acelerada pérdida de los idiomas vernáculos.
Al mismo tiempo la pérdida del territorio ha incidido en el deterioro de la dieta, la que se ha occidentalizado dando lugar a un sinnúmero de las enfermedades no transmisibles, con un enorme costo económico especialmente para las personas de la tercera edad.
La descomposición social en Honduras y la entrega del país al crimen organizado, tiene consecuencias insondables para nuestras comunidades, las que algunas de ellas desgraciadamente se ven afligidas por la influencia de grupos exógenos, empecinados en apoderarse de los bienes comunes. La sobrevivencia de la familia extensa Garífuna, matrifocalidad y cultura se encuentran íntimamente ligadas con la preservación del territorio ancestral.
El 18 de diciembre del año pasado, El estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la violación del derecho a la consulta previa, que posee el pueblo Garifuna; además de los despojos territoriales cometidos por el estado. Hasta la fecha el estado parece ser que desconoce las sentencias y se ha llamado al silencio, situación que lo compromete por su inacción en la aplicación y acatamiento de la justicia.
A los 219 años de haber sobrevivido el confinamiento y exterminio en la isla de Baliceaux, la travesía desde las Antillas menores hasta Roatán, además de 194 años de gobiernos republicanos en los cuales se nos ha visto como invasores; para el pueblo Garinagu es inminente el reconocimiento pleno de nuestros derechos colectivos, territoriales y culturales como ciudadanos de este país.
