Por: Nathalie Alvarado, Robert Muggah y Katherine Aguirre
América Latina y el Caribe es una región altamente violenta, con niveles de homicidios que superan holgadamente las tasas de una epidemia. En algunas partes, superan a las zonas en guerra.
Hay muchas formas de violencia en la región, desde lo colectivo y lo interpersonal a los ajusticiamientos extrajudiciales y la violencia sexual.
Quizás por ello la región también es un laboratorio de prevención de violencia y de innovación. Un gran número de políticas y programas, tanto públicos como privados están siendo implementados. Muchos involucran estrategias preventivas que privilegian soluciones del orden judicial, en salud, educación e incorporando nuevas tecnología.
La mayoría pueden ser catalogadas como intervenciones de tipo “seguridad ciudadana”.
Un elemento clave de la seguridad ciudadana es que busca reducir la violencia (física, sicológica o sexual) y no sólo el control del crimen (ya sea el acto o su omisión, definido por el derecho común o estatutario como merecedor de un castigo). Esto implica un acercamiento integral a la seguridad pública, en contraste con un enfoque de control policial y de disuasión.
Antes del surgimiento de la seguridad ciudadana hace algunas décadas, los gobiernos en América Latina y el Caribe típicamente invertían en la represión y el encarcelamiento como la manera más efectiva de controlar la violencia criminal. Las autoridades nacionales querían ser la garantía única de la ley y el orden. Dicho coloquialmente como “mano dura”, las instituciones policiales y militares realizaron una guerra en contra del crimen con métodos de tolerancia cero.
Los resultados de estos esfuerzos fueron trágicamente predecibles, incluyendo una expansión masiva en la policía (y en guardias de seguridad privadas más recientemente), leyes draconianas, sentencias duras y un incremento explosivo en las poblaciones carcelarias. El abordaje militarizado efectivamente criminalizó y estigmatizó segmentos completos de la población y se asocia con el surgimiento, y no la disminución, de las pandillas organizadas y sus formas asociadas de violencia colectiva.
Más recientemente, muchos países en América Latina y el Caribe han visto un cambio en el paradigma dominante de seguridad pública. Tras décadas de dictadura y guerra civil, gobiernos, el sector privado y la sociedad civil buscaron reformas profundas en la seguridad y a justicia, incluyendo una migración hacia sistemas judiciales acusatorios y una mayor supervisión de parte de la autoridad civil. Algunos esfuerzos fueron más exitosos que otros, y el énfasis fue en la supervisión y entrenamiento policial, la implementación de técnicas de policía comunitaria, sistemas de justicia restaurativa, nuevas alternativas a las políticas de drogas, y la inversión en programas de rehabilitación, tanto social como económico.
Hubo un rápido aumento en la seguridad ciudadana en la región en las últimas dos décadas. El Instituto Igarapé, con el apoyo y la contribución del BID, ha documentado más de 1.350 intervenciones en seguridad ciudadana a lo largo de 20 países y territorios en la región desde fines de los 90. Si bien con frecuencia cuentan con la supervisión de las instituciones nacionales y municipales, muchas de estas iniciativas contaron con el apoyo de agencias bilaterales, notablemente el BID, el Banco Mundial y otras.
Para mejorar la transparencia y compartir conocimientos en lo que funciona (y lo que no), el BID e Igarapé diseñaron una visualización interactiva e intuitiva de los datos – el panel de seguridad ciudadana – para ayudar a los formuladores de políticas, investigadores y practicantes del sector.
Permite a los usuarios interactuar con la información y visualizar las actividades a lo largo del tiempo y por tema. La información está organizada según cuándo empezaron las intervenciones, dónde están encaminadas (a nivel de país, estado o ciudad), donante, estrategia funcional, objetivo de amenaza, presupuesto y otros indicadores. La herramienta también incluye una innovación funcional llamada “semáforo” que reporta sobre la evidencia disponible de su efectividad.
El panel también revela algunas tendencias intrigantes, incluyendo:
Una alta concentración de intervenciones en Brasil, Colombia, México y Centroamérica, países que registran altos niveles de violencia y que contribuyen más de dos terceras partes de las actividades desde 1998;
Un enfoque en intervenciones en seguridad ciudadana a nivel nacional (47%) frente a nivel ciudad (32%) o región específica (7%).
Un aumento paulatino en las actividades en seguridad ciudadana desde los años 90, pero un aumento fuerte desde fines de la década pasada, con dos terceras partes de las intervenciones arrancando entre 2006 y el 2009;
Una gran proporción de apoyo a la seguridad ciudadana que proviene de las agencias multilaterales y bilaterales. No obstante un incremento en la cooperación sur-sur, las agencias internacionales aún aportan el 70% del apoyo financiero en la región; y un enfoque persistente en intervenciones en seguridad ciudadana en la prevención del crimen común y el crimen juvenil, con la mayoría de las estrategias enfocadas en mejoramientos en la entrega de servicios.
El panel de seguridad ciudadana nos da una mirada rápida a la distribución y alcance de las actividades. También permite un análisis micro, crítico para gobiernos interesados en explorar soluciones. El sistema de “semáforo” permite a los usuarios monitorear lo que funciona, y lo que no. La evidencia es desalentadora. Una muestra preliminar del 10% de la base de datos revela que apenas el 7% de las 1.350 intervenciones tienen una evaluación robusta con un impacto positivo. Más del 57% de los programas no cuentan con evaluación de ningún tipo.
Los gobiernos de América Latina y el Caribe están invirtiendo grandes sumas en nuevas herramientas para mapear el crimen. Sistemas de mapeo “hot spots” y modelos predictivos del crimen están comenzando a surgir. Mapas de “crowd sourcing” y de plataformas de medios sociales también comienzan a generarse de grupos ciudadanos. Las herramientas de visualización de datos y las nuevas tecnologías ofrecen una solución importante, pero no son de por sí solas una panacea. Aun así, una mayor comprensión del tipo de intervenciones disponibles y la evidencia de su impacto es más importante que nunca.
