Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El proceso judicial contra 31 personas defensores del agua, recursos hídricos y medio ambiente en Honduras y el encarleamiento contra 12 de éstas ha provocado la condena de varias organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
Mientras el Estado hondureño se ensaña contra las personas que se oponen a un proyecto minero en la comunidad de Guapinol, Tocoa, en el departamento de Colón, varias organismos internacionales ha levantado la voz de protesta.
Amnistía Internacional es una de las primeras organziaciones en alzar su voz. La organización demanda al Estado de Honduras garantice una investigación independiente e imparcial, y con apego a todas las garantías del debido proceso.
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la organización recuerda, mediante un comunicado, a las autoridades hondureñas que sólo se debe hacer uso de la prisión preventiva de forma excepcional, cuando exista un riesgo considerable de huida, o un potencial perjuicio para las víctimas o testigos, o sea probable la alteración por parte de las personas investigadas de las pruebas existentes o en la investigación misma. Sin embargo, la orden de captura contra los defensores de Guapinol se emitió pese a que éstos se presentaron voluntariamente en los tribunales.
La Comisión Internacional de Juristas, también rechazó la actuación del Estado hondureño y enfatizó mediante un comunicado que tanto Honduras como Guatemala vienen sufriendo una práctica que pretende detener y poner obstáculos a la función que cumplen defensores de derechos humanos, que protegen el derecho a un ambiente sano y buscan que se respete el principio de legalidad.
La denominada criminalización de la protesta social, se ha convertido en un fenómeno recurrente en Guatemala y Honduras, en la que el Derecho Penal es utilizado como instrumento de persecución y deslegitimación de la labor que las y los defensores de derechos humanos llevan a cabo en dichos países”, dice la Comisión Internacional de Juristas.
En Honduras, la explotación minera que lleva a cabo la empresa Inversiones Pinares en el Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, denominado posteriormente “Carlos Escaleras Mejía”, está causando graves daños a los recursos naturales existentes en dicha región.
Las organizaciones manifiestan su preocupación por la forma en la que están actuando los jueces y fiscales al buscar acusar a las y los defensores de derechos humanos, por delitos que no permitan una medida sustitutiva, y de esa forma, garantizar que sean perseguidos, permanezcan en prisión, sin gozar de una medida sustitutiva durante el proceso.
A la lluvia de quejas también se ha sumado el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que solicitan su intervención urgente ante la situación que están viviendo las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos solicita lo siguiente.
Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i.- Poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento – incluso a nivel judicial- en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, y respetar en todas circunstancias su derecho a un debido proceso permitiendo que el proceso se lleva a cabo privilegiando la libertad de los 31 defensores del derecho al agua en Honduras;
ii.-Poner fin a la utilización de figuras delictivas como la asociación ilícita para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio;
iii. Garantizar el derecho al debido proceso de las personas que han sido criminalizadas y evitar el uso de la prisión preventiva, la cual, en el contexto hondureño está siendo utilizada para la desmovilización social en violación a los estándares internacionales;
iv.-Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la legalidad de las concesiones mineras que originaron el conflicto, los daños ambientales y las acciones de las guardias de seguridad de la empresa, policías y miembros de las fuerzas armadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
v.-Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos;
vi.-Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.
vii. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
3 respuestas
Si entregó al hermano ,para salvarse ,q le importa a el .
Malditos
Como si le importara a este gobierno espurio