Cómo lidiar con el atolladero de Honduras

Por:Juan Carlos Hidalgo/CatoAtLiberty

Hay buenas razones para creer que hubo fraude en las elecciones presidenciales de Honduras. The Economist hizo un análisis estadístico de los resultados de las elecciones y encontró «razones para preocuparse» sobre la integridad del voto, aunque no fueron concluyentes. Un informe de la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos señala que «las irregularidades, los errores y los problemas sistémicos que plagan esta elección [que] dificultan tener certeza sobre el resultado».

En el corazón de la controversia está cómo los resultados de las elecciones presidenciales cambiaron drásticamente después de un apagón en la publicación de información que duró casi 38 horas. Un primer informe publicado por el Tribunal Electoral (TSE) el lunes 27 de noviembre a la 1:30 a.m. (diez horas después de que se cerraran las urnas y después de que los dos principales contendientes se declararan ganadores) mostró al candidato opositor Salvador Nasralla al frente del presidente Juan Orlando Hernández 45.17% versus 40.21%, con 57.18% de las hojas de conteo de las mesas de votación contadas. Luego vino el apagón, durante el cual los funcionarios del Partido Nacional de Hernández argumentaron que los resultados se revertirían una vez que se reanudara la divulgación de información.

 Su reclamo fue que las hojas de conteo inicialmente reportadas provenían de centros electorales en áreas urbanas, mientras que los bastiones del Partido Nacional están en áreas rurales. De hecho, cuando el TSE comenzó a revelar información nuevamente el martes por la tarde, la ventaja de cinco puntos de Nasralla disminuyó constantemente y luego desapareció.

Con casi todos los votos contados, Hernández ahora está adelante por 1.6 puntos. Otras irregularidades documentadas por la OEA incluyen hojas de registro faltantes, contenedores abiertos e incompletos con material electoral de las mesas electorales y criterios no divulgados para procesar las boletas que llegaron al centro de recolección de TSE.

¿Ahora qué? La oposición exige un recuento completo al estilo de Florida. Esto prolongaría la incertidumbre sobre quién ganó las elecciones, pero dado el alcance de las irregularidades, parece una solicitud justa. Sin embargo, algunos funcionarios del campo de Nasralla también afirman que la elección ha estado irremediablemente contaminada.

El mismo Nasralla propuso una segunda vuelta con Hernández, pero la constitución no permite tal posibilidad. El verdadero peligro es que la oposición rechazará cualquier cosa que no sea la repetición de las elecciones, incluso si hay un recuento transparente. Una repetición de las elecciones, por costosas que sean, también crearía un precedente ominoso para disputar resultados electorales cercanos en el futuro. También es justo decir que el campo de Nasralla no es probable que conceda la derrota bajo ninguna circunstancia. Su coalición de izquierda -conocida llamativamente la «Alianza de oposición contra la dictadura» – iba a protestar si Nasralla era derrotada, independientemente del margen. También incumplió una promesa firmada de respetar el resultado que emana del TSE y amenazó con continuar el caos provocado por sus partidarios «hasta que el país llegue a su fin».

 En lugar de ser un actor responsable durante la crisis, Nasralla está dando cada vez más la impresión de que no quiere una solución institucional para ello. Por ejemplo, Nasralla todavía tiene que presentar un desafío formal a las elecciones, a pesar de que se extendió un plazo legal hasta el viernes para darle a su Alianza más tiempo para hacerlo. Él no ha presentado evidencia de hojas de conteo manipuladas tampoco.

No hay formas fáciles de salir de este atolladero y es probable que un lado termine sintiéndose engañado. Aún así, debe resolverse una solución: el TSE debe facilitar la verificación de todas las 18,103 hojas de conteo y, si surgen anomalías, permitir un recuento de aquellas en las que haya discrepancias. Este proceso debe ser monitoreado de cerca por observadores de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea. Es su tarea servir como árbitros últimos y certificar si se han cumplido las condiciones para un proceso transparente de verificación y recuento.

Un acuerdo institucional después de las elecciones podría ser parte de la solución: dado que el Tribunal Constitucional de Honduras revocó la prohibición de la reelección presidencial, el Congreso debería establecer la reelección no consecutiva (como en Chile, Costa Rica y Uruguay). Además, se debe presentar una segunda vuelta para las elecciones presidenciales. Finalmente, el nombramiento de los jueces de TSE debe ser retirado del Congreso y entregado al Tribunal Supremo para garantizar su imparcialidad.