El partido Libre, aprovechando los recursos e instituciones del Estado, ha convocado una movilización con el objetivo, entre otros, de expresar su oposición a un supuesto golpe de Estado que, según afirman, se estaría gestando contra la presidenta Xiomara Castro
Analistas cuestionan el uso de recursos públicos para fines políticos, señalando que la movilización se enmarca en un periodo electoral y refleja una acción valiéndose del poder
Tegucigalpa, Honduras. – Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la alcaldía municipal y otras instituciones dedicadas a brindar apoyo a la población hondureña han sido puestas a disposición para el evento político denominado ‘Poder popular contra el golpe de Estado y en defensa de la autodeterminación de los pueblos’.
Esta movilización fue convocada el 9 de septiembre mediante un comunicado institucional, en el que se anunció que el 14 de septiembre se movilizarán los colectivos, movimientos sociales, la resistencia y el Partido Libre.
Inicialmente dirigido a la militancia de Libre, el llamado se extendió a toda la ciudadanía a través de una cadena nacional transmitida sorpresivamente la noche de ayer jueves 12 de septiembre.
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CUESTIONADA CADENA NACIONAL
En cadena nacional se informó que la movilización política del partido Libre se llevará a cabo casi de manera paralela a los tradicionales desfiles del 15 de septiembre. Por ello, las mismas medidas de seguridad, logística y planificación que se emplean para el aniversario patrio serán aplicadas a la movilización de Libre.
El vicecanciller de la república, Gerardo Torres, fue el encargado de liderar el espacio televisivo y radial, en el que explicó que el objetivo de la movilización es mostrar apoyo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Además, el objetivo es “participar en el evento político Poder popular contra el golpe de Estado, en defensa de la dignidad, la democracia y frente a la amenaza a nuestra independencia, ya que las fuerzas ultraconservadoras que impusieron una narcodictadura ahora intentan desestabilizar el país con un golpe de Estado que el pueblo debe repeler’.
En la transmisión también estuvieron presentes el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez; el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana; y representantes de las Fuerzas Armadas, para manifestar el apoyo brindado a la misma.
Estos últimos señalaron que su participación activa, tanto en la movilización de Libre como en los desfiles del 15 de septiembre, responde a una orden directa de la comandante de la Fuerzas Armadas, presidenta Xiomara Castro y de la ministra de Defensa, abogada Rixi Moncada.
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MUESTRA DE PODER
Al respecto, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), comentó que la utilización de las instituciones por parte del gobierno refleja un intento de mostrar su poder, ya que el motivo que se conmemora el 15 de septiembre no es un apoyo político, sino la conmemoración de la patria.
En esta misma línea de pensamiento, el sacerdote jesuita Ismael Moreno Coto, conocido como padre ‘Melo’, condenó el uso repetitivo de la cadena nacional para convocar una actividad partidaria.
La aprobación de la cadena nacional, criticada por Moreno y otros hondureños, estaba legalmente fundamentada.
Según el artículo 226 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, el espacio de cadena nacional debe ser cedido ‘cuando la solicitud provenga del presidente de la República. En este caso, CONATEL dará cumplimiento inmediato al pedido’, estipula textualmente el reglamento.
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POLITIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
En tanto, el gobierno sostiene que la movilización no tiene tintes políticos. En un video difundido hoy, Gerardo Torres afirmó que la lucha contra un golpe de Estado y la defensa de la democracia no son responsabilidad de un partido, sino de todo el pueblo hondureño.
‘Openerse a un golpe de Estado y a los poderes fácticos, así como a las presiones internas y externas, no es tarea de un solo partido político. Es una causa de toda la población hondureña que no quiere regresar al pasado’, manifestó Torres.
No obstante, según el director ejecutivo del CESPAD, Gustavo Irías, estas acciones son producto de la falta de cultura democrática y el clientelismo político, factores que han caracterizado a los diferentes partidos en el poder.
«Esperaríamos que no se utilizaran los recursos públicos para fines políticos, pero ya vemos este primer evento, esta movilización en medio de un periodo electoral, enmarcada en la coyuntura actual», declaró Gustavo Irías a Criterio.hn.
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UNA CONSTANTE
El uso de instituciones públicas para fines políticos partidarios no es nuevo. En los últimos días, se han empleado tanto los medios de comunicación estatales como las redes sociales de diversas instituciones públicas para promocionar la movilización.
Este cuestionamiento no es nuevo; semanas atrás se plantearon críticas similares cuando los medios estatales fueron utilizados para cubrir la anticipada gira de la precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada.
Sobre dicha acción, Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), calificó esta acción como inapropiada, ya que considera que dichas actividades deben financiarse con recursos privados, no públicos.
En 2023 hubo movilizaciones el 18 de julio, donde se exigió la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria y el apoyo a la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), y el 29 de agosto, con el objetivo de presionar para la elección del fiscal general y el fiscal adjunto.
En cada una de estas ocasiones se cuestionó el uso de recursos públicos, la logística y el involucramiento de empleados estatales en la ejecución de estas movilizaciones masivas.
Este año también fue criticada la realización del Foro de São Paulo y la Cumbre de la CELAC, organizados el pasado 28 de junio en conmemoración del golpe de Estado de 2009. Ante estas críticas, el gobierno defendió que los gastos fueron cubiertos por el Partido Libre.
