El acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Nacional para contar las 2,792 actas con inconsistencias fue sellado en las oficinas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), lo que reaviva cuestionamientos sobre la independencia del proceso electoral y la injerencia económica en la política
Tegucigalpa, Honduras. – A puerta cerrada, representantes del Partido Nacional y del Partido Liberal sellaron el acuerdo para realizar el conteo de votos mediante el escrutinio especial de las 2,792 actas electorales con inconsistencias, en las instalaciones del grupo empresarial. El pacto, reaviva las dudas sobre la transparencia del proceso y la creciente influencia del poder económico en las decisiones políticas del país.
Al termino de la reunión en las instalaciones del Consejo hondureño de la empresa privada (Cohep), el vocero del Partido Liberal, Arístides Mejía reveló que buscan acelerar el proceso electoral para llegar cuanto antes a una declaratoria oficial. “Queremos que el proceso culmine lo más pronto posible y que el segundo en la contienda reconozca el triunfo del primero, de modo que el nuevo gobierno asuma con toda la legitimidad necesaria”, señaló.
El analista político Héctor Soto interpretó el reciente acuerdo como una muestra del acercamiento gradual entre las cúpulas del bipartidismo y del papel cada vez más visible de los sectores empresariales en la mediación política. “Este es un acuerdo que va mostrando, primero, un paulatino acercamiento entre las cúpulas del Partido Liberal y Nacional, algo que se percibía desde las primarias, pero que ahora se consolida”, afirmó Soto.
En su análisis, destacó que el bipartidismo ha vuelto a recurrir a “los históricos árbitros que siempre ha reconocido para mediar y gestionar crisis”, entre ellos el Cohep, al que describió como “una parte interesada que busca proyectarse como actor de diálogo entre las dos principales fuerzas políticas”.
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“EL COHEP ASUME UN ROL POLÍTICO QUE HISTÓRICAMENTE HA FAVORECIDO AL BIPARTIDISMO”
Héctor Soto aseguró que el pacto realizado en la sede del Consejo empresarial, pone nuevamente sobre la mesa la histórica función del sector empresarial como mediador político en Honduras. “El Cohep ha sido, desde el retorno a la democracia, un actor que se ubica cerca del bipartidismo. Junto con la embajada de Estados Unidos y las iglesias, ha sido parte de los árbitros tradicionales que median cuando hay crisis”, explicó Soto.
Según el analista, el hecho de que la reunión se efectuara en la sede empresarial no fue casual, sino un movimiento estratégico que le permite mostrarse como un espacio neutral de convergencia entre las dos fuerzas políticas tradicionales. “Para el Cohep eso implica un costo político —porque se expone a la crítica de intervencionismo—, pero también un beneficio, porque se posiciona como un actor con capacidad de facilitar el diálogo entre los partidos que siguen concentrando la mayoría de votos”, apuntó.
Soto considera que la intervención del Cohep se da en un contexto de vacío institucional, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha perdido autoridad y legitimidad. “Lo ideal habría sido ver a un CNE sentándose con las dirigencias de los tres partidos para destrabar el proceso, pero eso hubiera sido un abordaje técnico. Lo que estamos viendo ahora es una dimensión política del acuerdo entre el liberalismo y el nacionalismo, con el empresariado jugando el papel de árbitro informal”, sostuvo.
Pese a las críticas, el analista dijo que amplios sectores de la población no perciben el papel de los empresarios como negativo. “En medio de la polarización, la incertidumbre y el desgaste institucional, la ciudadanía ve con buenos ojos cualquier gesto de entendimiento. El Cohep, aunque representa intereses empresariales, termina siendo visto como un agente que promueve el diálogo y reduce tensiones”, afirmó.
No obstante, aclaró que esta participación también evidencia una debilidad mayor del sistema político: “El problema no es que el Cohep dialogue, sino que la institucionalidad estatal esté tan debilitada que necesita árbitros externos para resolver una elección”.
Por su parte la diputada Fátima Mena Consideró, que las reuniones entre dirigentes liberales y nacionalistas en sedes empresariales no deben interpretarse como pactos fuera del marco legal, sino como intentos de interlocución ante una crisis política. No obstante, admitió que “lo importante es que se respete la institucionalidad y que las decisiones finales recaigan en el CNE, como autoridad legítima del proceso electoral”.
En este mismo orden de ideas el exdiputado del Partido Anti Corrupción (PAC) Aníbal Calix consideró positivo el acuerdo alcanzado entre los partidos Liberal y Nacional, y subrayó que lo esencial es el contenido del acuerdo y el compromiso de los actores políticos. “El sitio debe ser irrelevante; lo importante es el objetivo del acuerdo. Espero que el Cohep solo haya facilitado el espacio, sin influir en las decisiones de los partidos”, señaló.
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NASRALLA E IROSKA, ¿DESAUTORIZADOS?
Han pasado 17 días desde las elecciones del 30 de noviembre y el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha emitido la declaratoria oficial del nuevo presidente. En medio de sospechas, fallas en la transmisión de resultados y reclamos de fraude, el candidato liberal Salvador Nasralla insiste en un conteo voto por voto, mientras el ambiente político se mantiene crispado.
Antes de la reunión entre líderes del bipartidismo, el Partido Liberal emitió un comunicado oficial en el que informó que toda comunicación dirigida a la militancia deberá canalizarse exclusivamente a través de su Secretaría de Comunicaciones. Analistas interpretaron esta medida como una desautorización tácita para que tanto Nasralla como su esposa, Iroska Elvir, den declaraciones públicas, pese a que él es el candidato presidencial del partido.
Horas más tarde, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) confirmó esa línea al excluir formalmente a Iroska Elvir de cualquier decisión vinculada con el escrutinio especial de votos.
El diputado Marlon Lara explicó que el partido acordó que “solo las autoridades del CCEPL están facultadas para designar a los representantes que participarán en el proceso”. Lara defendió la decisión como un paso necesario para avanzar: “Debemos iniciar el escrutinio especial, eso es lo que el pueblo hondureño está demandando. El Partido Liberal ya ha tomado decisiones y ha desautorizado a cualquier otra persona que quiera actuar de manera individual”.
Por su parte, la diputada Fátima Mena, recién adherida a este instituto político, restó dramatismo a las desautorizaciones hacia Nasralla y Elvir, sosteniendo que las diferencias son naturales dentro de un partido con múltiples corrientes. Sin embargo, la crisis liberal tiene raíces más profundas. Durante las semanas previas, Iroska Elvir había expresado posturas cercanas a las de Libertad y Refundación (Libre), lo que fue aprovechado por la cúpula nacionalista para impulsar una campaña mediática que insinuaba una negociación con el coordinador de Libre, José Manuel Zelaya Rosales.
Héctor Soto interpreta este escenario como una muestra clara de la fragilidad interna del Partido Liberal frente a un Partido Nacional que, a su criterio, mantiene mayor cohesión. “Se percibe un Partido Nacional unido, que habla para el partido y para el candidato. No así en el caso del Partido Liberal, donde hay una relación tensa entre la dirigencia y su candidato presidencial”, señaló.
Para Soto, la pugna entre la cúpula liberal y la fórmula encabezada por Nasralla evidencia “fisuras y falta de liderazgo en un momento crítico para el país”. Esta división —añadió— “le resta fuerza al liberalismo frente al bipartidismo tradicional y lo deja vulnerable en un contexto donde las decisiones se están tomando fuera de las instituciones electorales”.
Al termino de este artículo, el escrutinio especial de las más de 2700 actas con inconsistencias no había iniciado y no se conocía si el Partido Liberal ya había nombrado a sus nuevos representantes en las mesas del escrutinio.
