Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- La liberación de Ilsa Vanessa Molina, más conocida como “la palillona”, después de haber cumplido casi la mitad de su condena por el delito de lavado de activos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ahonda la percepción de impunidad e injusticia en Honduras.
Su liberación y la de su madre, Ilsa Damaris Aguirre, fue posible gracias al nuevo Código Penal que fue “diseñado por diputados corruptos para blindarse a sí mismos y a sus socios político-criminales”, tuiteó la vocal II de la junta directiva del Capítulo de Abogados de San Pedro Sula, Gracia Bertrand.
“Continúa el desfile de la impunidad en Honduras”, publicó por su parte la titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
Molina fue acusada de blanquear 9.9 millones de lempiras del IHSS a través de la empresa de maletín ISUMEDIC, de la que era socia fundadora, y sentenciada a doce años tres meses de prisión en diciembre de 2016.
De ese total, su madre fue acusada de blanquear 4.4 millones de lempiras y condenada a ocho años de prisión en septiembre de 2020.
La liberación por buena conducta de las dos mujeres será apelada, anunció el Ministerio Público, ya que “las condenas dictadas en su contra son por un delito catalogado como de criminalidad organizada”.
En la investigación de este caso, “miles de folios de prueba documental y pericial demostraron cómo Molina Aguirre participó en el desfalco del IHSS”, señala el Ministerio Público.
Para ello, Molina se valió de su relación sentimental con el entonces gerente de compras, materiales y suministros, José Alberto Zelaya Guevara, quien sigue prófugo de la justicia.
Mientras que su madre puso a su nombre bienes inmuebles para ocultar su origen ilícito y su vínculo con la empresa fantasma.
Para el ex fiscal general Edmundo Orellana, la justicia hondureña ha fallado en el caso del saqueo al IHSS, del que también se desviaron fondos que fueron a dar al Partido Nacional, específicamente a la campaña política de Juan Hernández, y porque no todos los implicados están presos.
La rápida acción de un juez para beneficiar a la madre e hijas corruptas contrasta con las trabas que ha puesto la misma justicia para liberar a los ocho defensores del río Guapinol en Tocoa, quienes llevan presos casi dos años por su lucha a favor del territorio y los recursos naturales.
“Así funciona la justicia selectiva. Los pobres no aplican”, resumió la abogada Bertrand.
