Por: Ondina Maldonado Zavala
«El último grado de la perversidad, es hacer servir las leyes para la injusticia». Voltaire
Los sucesos acaecidos a partir del 2009 han abierto un portal en el país para que cualquier individuo enamorado del poder y atraído por la facilidad con la que los llamados “arrastrados y lamebotas” dentro de cada partido político logran ser inmunes a las leyes y acumulan grandes riquezas a la vista y paciencia de unas mayorías, quienes no logran tener ni lo más mínimo para llevar una vida digna. ¿Qué dicen nuestras leyes acerca del caos que experimentamos los hondureños desde el rompimiento de la alternabilidad del poder desde el año 2009? ¿Qué tan cierto es que las leyes desconocen el poder, pero reconocen más rápido “los pies descalzos? ¿Debemos confiar en la aplicación de nuestras leyes, o de verdad es necesario que siempre sea el pueblo, el que ponga los muertos cada vez que a aquellos que nos gobiernan se le olvida que el poder es del pueblo y para el pueblo?
A pesar que nuestra Constitución afirma que “Honduras es un Estado de derecho” y asegura “a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad”, y “el bienestar económico y social”, los acontecimientos de los últimos ocho años indican la urgencia de “recuperar el estado de derecho y devolver las instituciones a favor del pueblo hondureño”. El secuestro del Estado de derecho. 2017. Sebastiàn Nilson. el diario.es
Prosigue nuestra Carta Magna, que “la usurpación de poderes constituye Traición a la Patria” y que “Nadie debe obediencia a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando otros medios”, por lo que el “proceso de reelección en el que se ha embarcado el presidente JOH, trastocando la institucionalidad y realizando una parcializada interpretación de la Constitución que ha dado como resultado en el fallo a favor de la reelección por parte de la Corte Suprema de Justicia” . La usurpación de la democracia. Diario El Heraldo, es una Traición a la Patria.
De todos los hondureños es sabido los escándalos derivados del proceso de la celebración de las elecciones, el pasado 26 de noviembre, del cual la OEA, observó “falta de profesionalismo en las mesas”, “compra de credenciales”, “no hay forma de saber cuántos miembros de mesa fueron efectivamente capacitados”, “poco tiempo de Mapa Solutions, para desarrollar el nuevo sistema”, “diversos atrasos en las MER”, “algunos casos en los que se incitó a los electores a votar de forma pública”.
A pesar que los resultados no pueden divulgarse, sino, hasta dos horas después del cierre de las MER, se constató como “fueron utilizados como herramientas de propaganda más que de información”. Y los miembros de la OEA, enumeran una serie de irregularidades más durante el proceso de votaciones en las mesas.
En la entrega hubo otras muchas incoherencias, según el informe de la OEA, al respecto, aseguró que, en “un alto porcentaje de los casos, las bolsas que contenían los votos venían selladas con cinta, dándose algún caso en el que estaban cerradas o amarradas con un nudo”, “notó con preocupación que en un pequeño número de mesas se contaron como votos válidos aquellos contenidos en papeletas que no tenían señales propias del manejo que les dan los votantes y los miembros de mesa al contarlas. Incluso en algunos casos, aún tenía el talonario con los datos de la mesa, es decir, la boleta nunca fue separada del bloque”, y otras irregularidades encontradas por la OEA, en el proceso de entrega de maletas.
Asimismo, afirmó con preocupación “que la participación electoral era sospechosamente alta en los departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz” y “la paralización de la transmisión de actas en línea el día lunes 27 de noviembre; el manejo de actas en el INFOP sin protocolos, con maletas sin custodios, abiertas o incompletas; la alteración del orden de carga y despacho de actas que no fue aleatorio; y la caída del servidor durante varias horas el día miércoles 29 de noviembre”.
Por lo tanto la OEA, “considera que ha observado un proceso de baja calidad electoral y por ende no puede afirmar que las dudas sobre el mismo estén hoy esclarecidas”.
Para todas las irregularidades derivadas de la corrupción, antes, durante y después del proceso electoral, existe la aplicación del Capítulo VII, Nulidad de las elecciones, en los artículos 199 al 207 de la Ley Electoral, y el Título XII, Delitos y Faltas Electorales, en sus artículos 208 al 218.
La represión en las manifestaciones, y “el uso excesivo de la fuerza es una violación a los derechos humanos que se agrava con la impunidad que el sistema de justicia le brinda a los policías y militares que atentan contra un derecho tan fundamental para la vida democrática” Joaquín Mejía, Criterio.hn.
Al respecto nuestra Carta Magna, en el artículo 245 asegura que “las fuerzas armadas son apolíticas y obedientes y no deliberantes” y la Ley orgánica de la Policía Nacional en su artículo 10, asevera que es la encargada de “proteger la seguridad de las personas y sus bienes”, y “todo con estricto respeto a los derechos humanos”. Y como bien lo expresó la ex comisionada de la Policía Nacional, María Luisa Borjas, que en el país “es más fácil militarizar a un civil, que civilizar a un militar”. Proceso Digital, julio, 2013. Eso tal vez resume la posibilidad de que los militares no están para dar seguridad, sino, para golpear, torturar, perseguir y hasta quitarle la vida al ciudadano, que se manifiesta exigiendo sus derechos. Derecho que le confiere al pueblo, la misma Constitución de la República, que ellos dicen respetar.
A manera de conclusión la raíz de todos los males, la NO aplicación del artículo 239 donde nos describe que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo, no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República”, que ha dado lugar a la elección de una ilegal Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, lo cual lejos de ayudar, -aparte del famoso y prefabricado diálogo-, incrementa el descontento del pueblo.
Y es así como nuestras leyes, juntamente con la corrupción, se pasean y se repasean en nuestra Constitución.
