Leyes de impunidad

 

Por: Efraín Bu Figueroa

 

Se podría pensar que los diputados no saben, son imprudentes, son ingenuos, situaciones que los harían víctimas manipulables por los más vivos de su formación política; sin embargo, no es así, bien saben en lo que están y lo que hacen.  Sin generalizar, con las excepciones que siempre confirman la regla, los diputados que aprobaron esas leyes que los protegen de inveterados actos de corrupción retan al pueblo con soberbia, irrespeto y temeridad.

Después de observar los resultados del juicio de TH en New York, y habiéndose mencionado una pléyade de coconspiradores y otros accesorios dentro de los que se mencionan funcionarios del gobierno, la idea que se tiene es que la madeja de narco corrupción apenas se está comenzando a desenredar y que, el ya célebre fiscal neoyorquino ya debe estar por ejecutar la próxima cartera de acusaciones a notables figuras de la política hondureña.

A esto le sumamos las tenebrosas cadenas de corrupción denunciadas por la MACCIH ante el ministerio público, donde se evidencian unas intrincadas redes donde participan diputados, funcionarios públicos y privados, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONGs). Es claro que los llamados representantes del pueblo coludidos y participantes con el narcotráfico y la corrupción rampante gubernamental sienten “pasos de animal grande” y como el que se está ahogando frente a los últimos respiros de vida, buscan lo que esté a su alcance para salvarse.

Así ve el pueblo la elaboración de un nuevo código penal a la medida para dejar en la impunidad los actos de corrupción de diputados y funcionarios estatales, la aprobación de una nueva ley que devuelve solapadamente la inmunidad y garantiza impunidad y la restauración del inconstitucional fondo social departamental.

Es ni más ni menos de brindarle a la corrupción un marco legal para redimir a los que ya están siendo procesados y para continuar a futuro esquilmando al Estado, a través de subsidios que terminan en las bolsas de diputados malandrines, en detrimento de los mismos pueblos que representan y de los cuales más bien se burlan con sus acciones deleznables.

Acabar con esa maldad es difícil, escabroso, frustrante pues la corrupción está profundamente enraizada en los tres poderes del Estado, confabulada entre si para protegerse recíprocamente, en tanto el pueblo se muestra pasivo, resignado e indiferente pues ha de sentir que ello no le toca sus intereses directamente. Pero si que los toca, al sufrir la falta de salud y educación; el desempleo, los salarios miserables y su bajo poder adquisitivo; el incremento de diversos impuestos, de los servicios públicos, de la canasta básica etc.

Los pueblos no son idealistas. Pero cuando las desigualdades se van acumulando y ya no dan para mas y le tocan directamente la bolsa a la gente, surgen las condiciones objetivas y subjetivas que desencadenan las explosiones sociales como las que estamos viendo en Chile y Ecuador.

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