La Ley Integral para la Seguridad de las Telecomunicaciones denominada Ley de “SIM” entrará en tercer y último debate esta semana, está es catalogada como una medida similar a la que implementó Juan Orlando Hernández, para escuchar a sus propios diputados. Ambas son consideradas violatorias al derecho de la privacidad -que establece la constitución- y más tarde podría ser utilizada en contra de opositores al gobierno según analista
Por: Kelly Ortez
Tegucigalpa, Honduras –. Diputados del Congreso Nacional (CN), cuestionaron la aplicación de viejas y erradas prácticas, esta vez con la entrada en vigencia de la Ley Integral para la Seguridad de las Telecomunicaciones.
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, informó que se está previendo el tercer y último debate de la ley que autoriza a la Secretaría de Seguridad, examinar el contenido telefónico de los ciudadanos.
Umaña detalló que el artículo 23 de la ley, dicta que la Secretaría de Seguridad podrá pedir el registro telefónico, en un lapso de 24 horas, a las dos compañías telefónicas que operan en el país.
“Esto constituye una violación a un artículo constitucional donde dice que todos tenemos derecho al secreto de nuestras comunicaciones, salvo que nos estén juzgando y un juzgado competente autorice un vaciado en el celular”, expresó Umaña.
Al tiempo agregó que: “es muy delicada la situación porque se estaría creando una Ley de Escuchas”, advirtió el diputado hondureño.
POLÉMICO ARTÍCULO
El artículo 23 de la ley que refiere Umaña, dice en efecto, que los operadores estarán en la obligación de brindar la información cuando sea requerida por la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público o la autoridad judicial.
“Los registros técnicos referidos en este apartado son: registros de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto cursados en terminal o cursados vía internet, registros de ocupación de direcciones IP, así como otros tipos de registros de servicios de telecomunicaciones que a futuro se implementen”, dicta el artículo de manera textual.
MISMA MEDIDA DE JUAN ORLANDO
Otro de los diputados que también se manifestó en contra de ley fue el presidente de la bancada del Partido Nacional (PN), Tomas Zambrano, quién detalló que inicialmente se dijo que el texto tenía por objetivo la regulación de la venta de las tarjetas SIM o chips en Honduras; sin embargo, este no fue el verdadero fin.
“No podemos permitir esto, porque al parecer hay un gobierno intolerante, entonces, ningún gobierno ya sea de libre o de otro partido tendrá esta discrecionalidad sin orden judicial”, apuntó.
Es curioso el reclamo de Zambrano debido a que en el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), se aprobó la Ley de Escuchas.
Se recuerda que el 07 de abril de 2014, durante el mandato de Hernández, diputados del Congreso Nacional aprobaron la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones Privadas, también conocida Ley de Escuchas Telefónicas.
La misma detalla que –al igual que discutirán los diputados esta semana- sólo procederá bajo solicitud del Ministerio Público, y posterior aprobación de un juez.
La misma también contempla un castigo de cuatro a siete años de prisión a quien utilice la información recabada para un propósito distinto al establecido.
ESPIONAJE
Se recuerda que en fecha reciente el rabino Bar-Levy, ex integrante de la defensa de Juan Orlando Hernández, afirmó que durante el periodo de gobierno de Hernández se ordenaron equipos de escuchas.
Apuntó que el gobierno de ese entonces espiaba a sus propios diputados. “eso lo hacían para meterlos presión y extorsionarlos”.
Al tiempo que reiteró que: “si había un equipo de escuchas en Honduras, no sé si el actual gobierno lo está utilizando, pero si se ordenó tanto el equipo de escuchas como el software Pegasus con Israel, eso fue parte de las operaciones militares que hizo el gobierno de Juan Orlando con Israel”, dijo el rabino.
Apuntó, además, que un claro ejemplo de lo expuesto, es la reciente puesta en luz de los audios que revelan el espionaje que se le realizó al diputado nacionalista, Antonio Rivera Callejas.
En el audio que se difundió en redes sociales y medios de comunicación se escucha como el diputado sostiene una conversación con un periodista hondureño.
La petición puntual es que haga mención que su asistencia ante la Corte Suprema de Justicia, en 2019, se debe a un caso de Fe de Erratas y no por Arca Abierta. A lo que el periodista contesta afirmativamente a la petición.
SOLO SE APLICARÁ EN COMISIÓN DE DELITOS
Sobre la polémica ley, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, explicó que la medida se aplicaría solo en caso de urgencias como un ilícito penal por ejemplo: un secuestro o extorsión.
“En caso de un delito, la Policía Nacional solicita al Ministerio Público y si mira que reúne las características, lo presenta ante un juez competente, entonces la Policía Nacional no podrá hacer uso de esta intervención sin autorización de autoridad competente”, aseveró Sánchez al defender la medida.
CLARA VIOLACIÓN A PRIVACIDAD
Para la directora del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), Leticia Salomón, la medida antes expuesta, constituye una grave amenaza al sistema democrático del país.
La estudiosa explicó que, si bien, los delincuentes utilizan las redes sociales y llamadas para comunicarse cuando realizan un ilícito, no es acertado brindar carta abierta a la policía para que intervenga comunicaciones.
“La verdad es que esa es una violación fragante a la privacidad de las personas, no es posible que desde el Congreso se esté pensando en colocar una medida que nos puede involucrar a cualquiera de nosotros”, expresó Salomón.
Destacó que, aunque desde la Secretaría de Seguridad se ha informado que la medida va dirigida a combatir actos delictivos, no se podría descartar que la misiva arrastre a integrantes de la sociedad, aunque no hayan cometido delitos.
“Pueden utilizar como excusa descubrir una red de crimen, el detalle es que la policía va a pensar que los jueces estorban, que los procedimientos son lentos y ellos automáticamente van a querer realizar el espionaje, y tarde o temprano va a arrastrar a opositores políticos, movimientos sociales a personas que no están de acuerdo con el gobierno, por eso es que el peligro es grandísimo”, alertó Salomón.
Destaca que el artículo 100 de la constitución de la República establece el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
“Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”, dicta de manera literal.
