La Ley de Colaboración Eficaz contempla el desmantelamiento de redes de corrupción, pero al CNDS parece únicamente interesarle la lucha contra la criminalidad organizada
La MACCIH planteó la normativa para desmantelar la corrupción de cuello blanco, pero ahora el Congreso Nacional podría enfocarse únicamente en estructuras de maras y pandillas
Tegucigalpa, Honduras. – El 14 de junio de 2024, en resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), se ordenó al Congreso Nacional que someta a votación el dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz, como parte del Plan de Solución Contra el Crimen Organizado.
La Ley de Colaboración Eficaz, dictaminada desde el 16 de noviembre de 2022, pero cuya aprobación se mantiene estancada en el Congreso Nacional, es una herramienta legislativa que busca el desmantelamiento de redes de corrupción y estructuras del crimen organizado.
En esencia, la Ley de Colaboración Eficaz contempla beneficios legales como reducción de penas o libertades condicionales a personas que hayan presenciado o participado en un delito y ofrezcan información a los fiscales, si esta es crucial para desbaratar las organizaciones criminales.
Sin embargo, dentro de la resolución del CNDS, la normativa fue propuesta más enfocada en el interés de combatir a las maras y las pandillas, junto con otras medidas como el enjuiciamiento colectivo y la designación de estos grupos criminales como terroristas.
A consideración del sacerdote jesuita Ismael Moreno, exdirector del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), es un paso importante que la Ley de Colaboración Eficaz sea votada, pero tampoco se debe olvidar el propósito original, que es permitirle al Ministerio Público y a una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) el eficiente combate de la corrupción.
“La criminalidad en Honduras ha traspasado todas las fronteras económicas y sociales. Hay delincuentes y criminalidad organizada en las pandillas y maras, pero también, al más alto nivel de los empresarios o políticos. Entonces, la Ley de Colaboración Eficaz debe situarse en el marco del ataque a la criminalidad en todos sus niveles, no solo a uno específico,” consideró Moreno en entrevista con Criterio.hn.
Por su lado, Osiris Payes, asesora legal en transparencia y anticorrupción del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), manifestó que la eficiencia de la colaboración eficaz dependerá del actuar del Ministerio Público, en el que debe haber procesos de formación adecuados en las fiscalías y direcciones encargadas de investigación del delito.
“Si tenemos fiscalías especializadas en la correcta aplicación de la colaboración eficaz, sí podría confiarse en el Ministerio Público. Es importante que esta ley no es necesaria solo para maras y pandillas, sino también para combatir las redes de corrupción”, señaló Payes a este medio digital.
HISTÓRICO SECUESTRO DEL PODER JUDICIAL
A lo largo de la historia, en Honduras, cuando personas de alto perfil, sean funcionarios públicos, empresarios o diputados, cometen corrupción y son procesadas por delitos de corrupción, son beneficiadas por cuestionables fallos judiciales, ya sean sobreseimientos definitivos o provisionales, o amnistías.
En 2008, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por el magistrado Nicolás García Sorto y otros dos magistrados, dejó firmes varios sobreseimientos emitidos en años anteriores por actos de corrupción presuntamente cometidos por el expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994).
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Los casos de corrupción que implicaban a Callejas y a varios de sus funcionarios fueron El Petrolazo, Comunitas, La Familia I y II, Brazos de Honduras y Ciudad Mateo, siendo acusados por el Ministerio Público por fraude, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y violación de deberes de los funcionarios.
Por estos delitos, Rafael Callejas ya había sido juzgado y sobreseído en juzgados de letras y cortes de apelaciones, pero la más alta instancia judicial, la Corte Suprema, también lo favoreció pese a los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía.
Nicolás García Sorto, quien dejó firmes los sobreseimientos como magistrado de la Sala de lo Penal, luego fue parte de la defensa del expresidente Rafael Callejas cuando Estados Unidos solicitó su extradición por el FIFAGate.
Como magistrado de la Corte Suprema, García Sorto fue además juez ejecutor que conoció y dictó sobreseimientos en el caso Banco Capital, por el cual fueron imputados 12 exfuncionarios del gobierno de Rafael Callejas. Este caso de corrupción se centró en una estafa al Estado hondureño que causó un perjuicio económico de alrededor de 36 millones de lempiras.
LA HISTORIA NO CAMBIA
Bajo esa misma lógica de impunidad, pero en otra época, el 1 de febrero de 2024, fueron sobreseídos el expresidente Porfirio Lobo Sosa y el exsecretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, por su implicación en el caso Pandora II.
Lobo Sosa y Cerrato tuvieron el mismo destino que otras 22 personas, incluidos varios exdiputados de los partidos Nacional y Liberal, que estuvieron implicados en el Caso Pandora y que también fueron sobreseídos en 2019. Posteriormente, en 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes dichas resoluciones.
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El caso Pandora I y II implicó la malversación de 570 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Este mecanismo de corrupción alcanzó al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien además de haber sido sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos, afronta una acusación por fraude y lavado de activos en el marco del caso Pandora.
Este fue un ejemplo de colaboración entre el miembro de la red de corrupción y el Ministerio Público. Sin embargo, Fernando Suárez, uno de los involucrados, pese a haberse acogido al programa de protección a testigos protegidos de la Fiscalía, en 2021 renunció y se marchó del país bajo asilo político.
En 2022, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema emitir una solicitud de extradición, pero finalmente, pese a que la Sala de lo Penal inició los trámites, no se ejecutó.
AMNISTÍA A CORRUPTOS
El 3 de febrero de 2022, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, que incluye amnistía para delitos contra la administración pública como fraude, violación de deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos, cometidos por funcionarios entre 2006 y 2009.
Esta abominación jurídica permitió que fuera excarcelado el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, quien estaba pagando una sentencia condenatoria de 17 años de prisión, y que un juzgado de letras emitiera sobreseimiento a favor del exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, quien enfrentaba acusaciones penales por la sustracción de 50 millones de dólares del Banco Central de Honduras (BCH) que serían destinados a la Cuarta Urna.
De igual forma, fue beneficiado con este decreto el actual comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, quien recibió sobreseimiento definitivo luego de haber sido acusado por el desvío de 500,000 dólares donados por la Embajada de Taiwán cuando éste se desempeñaba como gerente administrativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Un comentario
Mi comentario al respecto, es que aun caminan vuelan y se pasean las cucarachas sociales, gobernantes y no gobernantes, esa clase de criaturas son dificiles de erradicar, ni la bomba atómica las destruyo, pues llegan nuevas generaciones y más fuertes.