Los defensores de la península de Zacate Grande, Abel Pérez y Santos Hernández, serían privados de libertad hasta por dos años en caso que la Ley de Amnistía Política continúe siendo negada a defensores por los Tribunales de la zona sur de Honduras.
Tegucigalpa.- La aclamada y a la vez cuestionada Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan —también conocida como “Ley de Amnistía Política”— continúa siendo un espejismo para muchas personas defensoras de derechos humanos, especialmente para quienes residen en el sur de Honduras.
“Desafortunadamente en la región sur hemos solicitado varias amnistías a defensores, y a nivel nacional la región sur es la única que los Tribunales las han declarado sin lugar para defensores de derechos humanos”, comentó la profesional del derecho, Nidia Castillo, quien integra la Red de Abogadas de Derechos Humanos en Honduras.
Criterio.hn abordó la situación del defensor Abel Pérez de la comunidad de Playa Blanca en la península de Zacate Grande, capturado la noche del jueves 1 de junio por una sentencia condenatoria en su contra por el delito de usurpación y amenazas, tras dos casos abiertos a partir de denuncias realizadas por el empresario Jorge Luis Cassis Leiva en 2015 y 2018.
La abogada Castillo señaló que Abel Pérez es un defensor de derechos humanos de la Península de Zacate Grande, quien ha venido ejerciendo el derecho a la defensoría del territorio desde hace más de 15 años.
El contexto siempre es importante, en este caso las y los comunitarios de la península de Zacate Grande —ubicada en el sur de Honduras, específicamente en el Golfo de Fonseca— tienen “aproximadamente más de cuatro décadas de mantenerse en resistencia pacífica para hacer valer un derecho tan fundamental como es el acceso a la tierra y la defensa a las playas públicas”, explicó.
Noticia relacionada: En silencio avanza expulsión de pobladores de la Península de Zacate Grande
¿Contra quienes defienden el derecho al acceso a la tierra y la defensa a las playas públicas? Contra el capital económico que poco a poco se instaló en la zona y quienes son conocidos como el “club de Coyolito”, algunos de sus apellidos están ligados a casos de violaciones de derechos humanos en otras zonas del país.
¿QUIÉN ES ABEL PÉREZ?
“Él inició apoyando los movimientos sociales, luego se integró como presidente de la junta directiva de Adepza [Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande] y finalmente se convirtió en un comunicador social, llevando la voz a sus comunidades de lucha y resistencia pacífica por la defensa de la tierra y el territorio, y no solamente a nivel de la región, sino que también a nivel nacional”, contó la abogada Nidia Castillo.
De acuerdo a Castillo, es producto de esta defensoría que Pérez es víctima de persecución, amenazas, hostigamiento y procesos de criminalización. Desde 2009 ha enfrentado tres requerimientos fiscales, siempre por los delitos de usurpación y amenazas.
Contó, la abogada que, del requerimiento de 2009, Abel Pérez recibió un sobreseimiento. En cambio, es en el requerimiento que se presentó en 2015, en el que aparece Santos Hernández, otro defensor ahora también privado de libertad, por el que fueron condenados a través de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de usurpación y en el que se ordena sus capturas.
Desde la Red de Abogadas de Derechos Humanos en Honduras califican esta orden de captura como ilegal. “Desafortunadamente, el trato que se le ha dado a Santos y a Abel, pues ha sido como un trato de criminales y no como defensores de derechos humanos, pese a que tenemos una Ley de Defensores de Derechos Humanos a nivel nacional, que lo que busca precisamente es exigirle al Estado que se reconozca y se respete la labor de defensoría que tenemos todos los hondureños y las hondureñas”, compartió Nidia Castillo.
Conozca más: Pobladores de Zacate Grande exigen liberación de dos defensores de la tierra y el territorio
Tanto en el caso de Pérez como Hernández, la Red de Abogadas de Derechos Humanos en Honduras, junto a otras organizaciones nacionales, están trabajando en una estrategia legal para agilizar los procesos y lograr la liberación de ambos y acompañar la lucha por la Península de Zacate Grande.
¿POR QUÉ LA PENA NO PUEDE SER CONMUTADA?
Tanto Abel Pérez y Santos Hernández recibieron penas de dos años de prisión por la supuesta comisión de los delitos de usurpación y amenazas. Criterio.hn consultó a la abogada Nidia Castillo porque al ser esta la pena, la misma no era conmutada.
En respuesta, la profesional del derecho respondió que en 2016 la pena inicial fue de cinco años. El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de un recurso que fue declarado sin lugar, mismo fin tuvo la presentación de una casación.
Al final lo que hizo la CSJ fue dictaminar la sentencia de cinco años con el nuevo Código Procesal Penal, rebajando automáticamente la sentencia a dos años de prisión que no son objeto de conmuta y deben ser cumplidos en un centro penitenciario.
En el caso particular de Abel, las opciones son dos: una media pena, que sería solicitar libertad condicional una vez que haya cumplido media pena en prisión o acceder a la amnistía que es lo que han intentado promover. Sin embargo, se han encontrado con que la región sur es la única en la que los Tribunas han declarado sin lugar las amnistías para defensores de derechos humanos.
Lea también: Piden derogación parcial de decreto que criminaliza a defensores de la tierra y el territorio
En mayo de 2022, Criterio.hn publicó: “Amnistía: el ‘perdón y olvidó’ que beneficia a corruptos y perseguidos políticos”, en el que se señala la ausencia de balance en el uso de la “Ley de Amnistía” al permitir que exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales enfrenten un proceso únicamente tengan que invocar la amnistía directamente ante un juez. Mientras que los defensores de derechos humanos criminalizados y judicializados deben ser certificados como víctimas de persecución política por un organismo defensor de derechos humanos y validados por la Secretaría de Derechos Humanos.
