El empresario Lenir Pérez, acusado por la supuesta comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales en el parque nacional Carlos Escaleras, se defenderá en libertad tras ofrecer una caución de arraigo por tres millones de lempiras y una vivienda valorada en más de 5 millones.
Tegucigalpa, Honduras. – Tras una década de denuncias por daños ambientales en un área protegida, tres audiencias de presentación de imputado reprogramadas y sin transmisión del procedimiento judicial, Lenir Pérez finalmente se presentó ante un tribunal de justicia.
Luego que su defensa ofreció una caución de arraigo por tres millones de lempiras y una vivienda valorada en más de 5 millones, el juez dictó a Pérez medidas cautelares distintas a la prisión, sin imponer como medida cautelar la prohibición de salir del país.
El empresario que preside el Grupo Emco Holding –bajo cuya estructura operan Inversiones Los Pinares, Inversiones Ecotek, Palmerola International Airport y Alutech, entre otras– es acusado desde el 23 de septiembre de 2024 por el delito de explotación ilegal de recursos naturales en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Su requerimiento es uno de trece presentados contra empleados de la alcaldía de Tocoa y ejecutivos de las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek. El presidente de estas empresas fue el último en presentarse, tras una serie de prácticas dilatorias justificadas en que residía fuera de Honduras, pese a que ahora afirma residir en San Pedro Sula.
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Otra de las particularidades de la audiencia fue la decisión del juez de omitir la lectura de los cargos, bajo el argumento de una supuesta “economía procesal”, explicó Kenia Oliva, abogada del Bufete Justicia para los Pueblos y representante de la acusación privada.
La profesional del derecho cuestionó esta decisión y afirmó que los cargos son “vergonzosos” tanto para Pérez como para el Estado de Honduras, ya que incluyen la presunta falsificación de documentos, así como la explotación de recursos naturales sin licencias y permisos de operación en una zona protegida “a la vista y paciencia del Estado”.
“Creo que es importante que digamos que esta empresa se instaló en una zona protegida y que el Estado lo diga. No lo quiso hacer el juez”, comentó Oliva a Criterio.hn.
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Leonel George, defensor territorial criminalizado por denunciar la instalación del proyecto minero concesionado a Inversiones Los Pinares, afirmó a Criterio.hn que la decisión judicial representa “un insulto, una bofetada y un aumento del riesgo para las y los defensores de las comunidades que exigen justicia”.
George opina que la tardanza de Pérez en presentarse al juzgado, dos años después del requerimiento fiscal inicial, responde a un cálculo que busca garantizar impunidad.
Lenir “[e]stuvo prófugo durante mucho tiempo. A los demás encausados en este expediente les dieron prisión preventiva, [pero] a los ejecutivos de la empresa les dan privilegios”, compartió el defensor del agua, al tiempo que condenó lo que calificó como justicia selectiva.
“Hoy exigir justicia representa el incremento del riesgo de nosotros, pero lo asumimos porque no puede quedar en la impunidad todos los daños cometidos”, concluyó George.
El requerimiento fiscal contra Lenir Pérez y otras doce personas por su supuesta responsabilidad por daños ambientales fue presentada nueve días después del asesinato del líder ambientalista y defensor del agua, Juan López, coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, crimen que continúa en la impunidad.
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