Por: Efraín Bu Figueroa
Honduras es el país más pobre del continente americano, su índice de desarrollo humano (vida digna, larga y saludable con buena educación), es de 0,625 (PNUD 2016) el más bajo de Centroamérica; con un ingreso per cápita menor de $ 1,9 por día en el medio rural. El 67% de los hondureños viven en la pobreza y 45% % en la extrema pobreza, ocupa el 26 lugar entre los países más violentos del mundo. El área de la salud obtiene apenas el 8,7 % del PIB, insuficiente para la magnitud de los problemas en ese rubro, lo que trae como consecuencia un sistema sanitario en constante desabastecimiento, con alto grado de inequidad e ineficiencia.
El sistema de salubridad hondureño es uno desintegrado e ineficaz, fácil presa de corrupción y despilfarro; vulnerable a grandes epidemias entre las ultimas el dengue grave y la parotiditis. Enfermedades que debieron ser erradicadas hace décadas, aun diezman a la población, tal es el caso de la Malaria y la Tuberculosis; a ello se le suman numerosas patologías crónicas como la diabetes, hipertensión, y otras degenerativas, algunas de ellas asociadas al envejecimiento de las personas.
El sistema de salud fragmentado y desarticulado lo componen la Secretaria de Salud (SESAL) que cubre un 65 % de la población, el IHSS 15%, el sector privado 5% y existe un 10-15% de hondureños sin ninguna cobertura. La SESAL cuenta con un presupuesto deficitario de 14 mil millones de lempiras, cuyos servicios son deficientes con un alto grado de insatisfacción por parte de sus usuarios; se brinda a través de 30 hospitales y 1560 centros de salud.
El IHSS, noble institución fundada hace 60 años cuenta con un presupuesto de 6 mil millones de lempiras, una deuda histórica del Estado de 2 mil millones, el cual es el principal responsable de su condición deficitaria, desde que la institución se creó en 1959. Esta institución también tiene un escaso nivel de satisfacción de los derechohabientes. El IHSS nunca pudo cumplir con los principios de la Seguridad Social de universalidad y solidaridad.
Apenas cubre el 15% de la población general, aunque no fue creado para atender a ese sector, sino a la población trabajadora o económicamente activa, de la que cubre solo el 38% al cabo de 6 décadas de existencia. Fue hasta el año 2008 que se extendió la atención medica al sector informal de la economía (trabajadoras domésticas, vendedores ambulantes etc.), programa bien reglamentado al que no se le ha dado el soporte debido. Dicha institución funciona con 2 hospitales generales en las 2 ciudades más importantes del País, Tegucigalpa y San Pedro Sula y cobertura en salud a 20 regiones, a través de clínicas privadas subrogadas.
El tercer sistema es el privado, al que acceden solo un 5% de la población, que cuenta con suficientes recursos ya sea por la vía de los seguros privados o gasto de bolsillo directo. Funciona con 76 hospitales privados en todo el País y numerosas clínicas de diversa complejidad.
En su afán de paliar el descalabro de un sistema con serias falencias estructurales, en la última década, los gobiernos han recurrido al recurso de las intervenciones o comisiones con facultades extraordinarias ante el fracaso de sus titulares primarios para dar respuesta a las necesidades de sus instituciones.
Pero esta medicina, las interventoras y las súper comisiones, han resultado peor que la enfermedad. Constituidas por abogados, militares y otros burócratas legos en el tema, no han podido rescatar del pantanal a las mencionadas instituciones, al contrario, la mismas han descendido a los confines más oscuros de su calamidad, pues las crisis en las mismas ya no solo es material sino moral en el personal laborante que se ven frustrados ante la imposibilidad de alcanzar los objetivos de eficiencia y calidad, debido al desconocimiento técnico, incompetencia y visión reduccionista, de los interventores.
Y para rematar semejante infortunio, surgió por allí un diputado rural con una insólita y demagógica propuesta de ley para controlar los cobros en las instituciones privadas de salud bajo el engaño -para los incautos- de favorecer el acceso de 5,7 millones de pobres al sistema privado de servicios médicos. Medida que en el fondo favorece a las minorías privilegiadas que si tienen capacidad de pago. No hubo ninguna reacción de la Comisión de Salud del Congreso ante tan penosa y engañosa propuesta.
Olvidó o lo ignora el diputado mocionante, los cobros que los hospitales públicos le hacen a los pobres de Honduras, a través de las llamadas “cuotas de recuperación” a la cual debe sumarse los gastos directos de bolsillo que pacientes y familiares realizan en exámenes laboratoriales y radiológicos, compra de insumos y medicamentos de los que carecen esas instituciones estatales. Según un estudio reciente de gastos en salud, el 47% de los hondureños que acuden a estos servicios públicos realizan esos gastos de su propio peculio, lo que contribuye a profundizar la pobreza de los ya pobres, quienes en muchas ocasiones tienen que vender sus pertenencias y hasta sus propias viviendas.
Para ellos no hubo legislación del diputado, que prohibiera esos cobros en el sector salud pública. Hace dos años un grupo de ciudadanos introdujo en una de las salas de la Corte un recurso de inconstitucionalidad por estos cobros indebidos, que luego fue sentenciado favorablemente para los demandantes, sentencia que ha sido desacatada ya que los pacientes continúan pagando por diversos servicios en todos los hospitales públicos de la nación. El diputado se equivocó o no sabe en qué país vive, terminó legislando para sí mismo y el sector social privilegiado al cual el pertenece no para el pueblo.
