Lea el discurso completo del vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor en la presentacin del primer informe semestral

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Presentación del Vocero, Juan Jiménez Mayor,  del Primer Informe de la MACCIH

Es muy para mi grato volver a este CP del que fui parte por más de dos años como representante de mi país, la República del Perú y ahora como representante especial del SG y vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH). Entrañables colegas y muchos recuerdos me dejan esta Sala de Sesiones, donde pasamos jornadas buscando rescatar a la OEA del anonimato, volverla una entidad internacional de relevancia en el Continente. Una nueva OEA.

La Misión que me ha encomendado el SG y la Organización apunta precisamente a esa nueva OEA. A esa Organización centrada hoy en los grandes temas hemisféricos y que aborda los problemas y desafíos que enfrentan las Américas. Esta nueva OEA que quiere poner en práctica y en escena de la política hemisférica declaraciones, resoluciones e incluso convenciones interamericanas aprobadas por los Estados miembro, que muchas veces dejamos pasar por alto. Esa OEA que promueve la paz en el Continente y que valora como ningún órgano internacional los principios y valores democráticos con instrumentos como la Carta Democrática Interamericana, que debe significar el parámetro de protección de los derechos políticos de nuestros pueblos. Instrumento que no debiera confrontar a los Gobiernos, sino por el contrario, ser aceptada por todos con el fin de mejorar los procesos democráticos.

Esa nueva OEA de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de su mecanismo de seguimiento. Esa nueva OEA que, con la MACCIH, la primera misión en su tipo de esta Organización, ha dado un paso fundamental para apoyar a los países en el combate a la corrupción.

No es un tema menor. La corrupción es un mal endémico en las Américas. Gobiernos están enfrentados a sus pueblos por la conducta deshonesta de sus funcionarios y eso viene afectando la propia legitimidad democrática de nuestros países, siendo una amenaza real, la amenaza de nuestros tiempos.

Como dijo el SG Luis Almagro,

 “La corrupción y lo que es peor aún la impunidad ante ella, son males sistémicos, que erosionan la democracia, alejan a la ciudadanía del sistema político, generan desconfianza y una perenne percepción de injusticia en la sociedad… como siempre los perjudicados son los más débiles, los más humildes, los que viven de su esfuerzo”.

Por estas razones, el haber dado la organización y por supuesto, la República de Honduras, un paso superior en la vía de enfrentar este problema con la presencia de una misión internacional en el país, significa no solo el reconocimiento del liderazgo de la organización en el Continente, sino la plasmación real de los pilares de la OEA como la agenda de relevancia de las Américas. Señoras, señores representantes, estamos frente a un nuevo concepto de apoyo a la consolidación de la democracia y la seguridad en el Continente y así es como debe evaluarse esta iniciativa.

Cumplo hoy, señor Presidente, con presentar a este Honorable Consejo y por su intermedio al ilustrado Gobierno de Honduras y a la respetable opinión pública de esa República, un resumen del primer informe semestral de acciones.

La República de Honduras solicitó a la OEA en el 2015 el inicio de un proceso de diálogo frente a un escándalo de corrupción producido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que generó la indignación ciudadana. Este proceso culminó con la suscripción el 19 de enero de este año 2016 de un convenio internacional con la presencia del presidente de la República Juan Orlando Hernández aquí en la sede de la OEA y del Secretario General Luis Almagro. Este convenio aprobado luego por el Congreso Nacional, dio origen a la MACCIH.

La MACCIH tiene un mandato específico para cuatro años, prorrogables, desarrollando lo que denominamos el modelo hondureño de lucha contra la corrupción.

La MACCIH-OEA trabaja bajo cuatro divisiones temáticas que son las siguientes:

Prevención y Combate a la Corrupción. Cuenta con una unidad de fiscales, jueces y expertos internacionales en materia anticorrupción quienes trabajan conjuntamente con fiscales certificados por la MACCIH que pertenecen al Ministerio Público de Honduras y que se estructuran en Equipos Integrados de Investigación y Persecución Penal. Su labor es trabajar en investigaciones que permitan identificar y desmantelar redes de corrupción en los casos que la propia misión seleccione. Ya la MACCIH se encuentra trabajando con el Ministerio Público en investigaciones, apoyando en el fraude ocurrido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y en otros casos de corrupción.

A partir de recomendaciones del MESICIC y de la MACCIH, la República de Honduras ha dado un paso fundamental en la lucha contra la corrupción al crear mediante Decreto Legislativo No. 89-2016, la jurisdicción nacional contra la corrupción. Ese es uno de los logros que puede exhibirse en estos primeros meses de acompañamiento.

En esta división se trabaja acompañando activamente al país para las reformas necesarias que permitan el cumplimiento por parte de Honduras de la Convención Interamericana contra la Corrupción y las recomendaciones del MESICIC.

A través de la Unidad de Reformas para prevenir y combatir la Corrupción, la MACCIH desarrolla una importante labor para fortalecer las instituciones, desplegando en esta materia labores de supervisión, asesoría y evaluación de las entidades a cargo de prevenir y combatir la corrupción. La misión certifica a los cuerpos de funcionarios (jueces y fiscales), encargados combatir la corrupción, labor en la que estamos abocados en este momento.

La MACCIH puede presentar iniciativas normativas acompañando a las instituciones para la generación de cambios y una mejor arquitectura institucional.

Reforma de Justicia Penal. Busca generar cambios en materia de justicia penal para la eficacia en la persecución del delito, el afianzamiento de la independencia de los jueces, la mejora de la jurisprudencia, la determinación de una clara política criminal, entre otras acciones. La MACCIH trabaja con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Dentro de esta división opera uno de los aspectos más interesantes de la misión que es el sistema descentralizado de Observatorio de justicia penal. Se trata de un componente, en actual construcción, que desarrolla una activa participación de la sociedad civil para la generación de información del sistema de justicia penal, la construcción de espacios de participación de la sociedad civil sobre la situación y desafíos del sistema de justicia y la temática de corrupción y, finalmente, la interacción permanente con la MACCIH en los procesos de reforma y otras acciones en los que se involucre la misión.

Reforma Político Electoral.  Trabaja en la elaboración de la ley y normativa de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los partidos políticos, así como su mecanismo de implementación para evitar el flujo de los capitales ilegales a las campañas políticas. En este punto se ha dado también uno de los más importantes logros en estos primeros meses, como veremos más adelante.

Seguridad Pública. Se encarga de acompañar activamente a las instituciones del Estado encargadas de las tareas de seguridad pública. Busca implementar recomendaciones efectuadas por el Departamento de Seguridad Pública de la OEA para el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.  Asimismo, esta división presta apoyo para la generación de mecanismos de protección a testigos y a los operadores de justicia y, a pedido del Gobierno de Honduras, trabaja en el seguimiento de la depuración policial y desplegará un acompañamiento activo en el ámbito de los centros penitenciarios.

Es de resaltarse en el diseño de la labor de la MACCIH el trabajo conjunto que realiza con el Ministerio Público en investigaciones de casos de corrupción. No tenemos la responsabilidad de acompañar en todos los casos de corrupción del país, sino en los que de forma autónoma la propia MACCIH seleccione y que tengan la característica de involucrar redes de corrupción. Investiga junto con el fiscal hondureño y busca la mejor construcción del caso, utilizando ciencia forense y orientando la investigación con herramientas y técnicas modernas que permitan encontrar el modo en que operan los corruptos, teniendo en cuenta las distintas experiencias existentes en el mundo. La MACCIH mejora las capacidades de la fiscalía para que se puedan construir los casos con solvencia, competencia y habilidades de buenos investigadores del delito.  Ese será el principal legado de la misión.

Es relevante señalar que es una misión autónoma e independiente. No depende del Gobierno de Honduras y el financiamiento que recibe es solo internacional. Aquí debo agradecer a los gobiernos de EE.UU. Canadá, Alemania, Italia y Perú, así como a la Unión Europea, por sus generosas contribuciones que hacen posible el funcionamiento de la MACCIH. Venimos conversando con algunos países para concretar cooperación como Suiza, México, Uruguay, Japón.

La MACCIH solo recibe instrucciones del Secretario General de la OEA y trabaja en cumplimiento estricto a su mandato contenido en el convenio.

Plantear un objetivo de combate a la corrupción y la impunidad como el que se ha formulado en Honduras requiere la construcción de un diseño institucional. En todos los países donde se ha enfrentado este desafío con decisión, se han tenido que crear órganos especiales en el Ministerio Público y en el Poder Judicial.

En el caso de Honduras estamos aplicando las mejores prácticas de la región y una de ellas es la creación de la jurisdicción nacional anticorrupción que fue creada en un tiempo muy corto el pasado 11 de agosto, mediante ley del Congreso Nacional y que significará una reforma sustantiva para el combate a la corrupción.

La jurisdicción nacional anticorrupción está en plena construcción y entrará en operaciones próximamente luego que culmine el riguroso proceso de selección abierta y certificación iniciado hace algunas semanas para reclutar a los jueces y magistrados que conformarán esta nueva instancia judicial. Operará en Tegucigalpa y San Pedro Sula, considerando todo el circuito judicial que requiere una jurisdicción de este tipo: juzgados de letras, tribunales de sentencia y cortes de apelación. No se ha permitido que los candidatos a jueces provengan de firmas de abogados que hayan defendido casos de narcotráfico o crimen organizado y sus antecedentes deben ser intachables en lo ético y lo profesional.

En el Ministerio Público se tendrá una estructura especial dependiente directamente del Fiscal General, que se centrará en investigaciones de redes de corrupción en Equipos Integrados de Investigación y Persecución Penal junto a los expertos de la MACCIH. También la misión certificará a estos fiscales. Cuando nos referimos a redes de corrupción consideramos estructuras criminales conformadas por funcionarios públicos y personas o entidades del sector privado, creadas para defraudar al Estado.  Ese es nuestro objetivo como misión internacional.

De esta forma, desde el 2017 los nuevos casos de corrupción serán investigados y juzgados por órganos especializados, independientes, que tendrán operadores competentes y que contarán con una adecuada logística para su trabajo. También con salarios especiales y con protección personal, en el entendido que tendrán una enorme incidencia en el ámbito jurisdiccional para combatir un fenómeno criminal extendido en el país y que tiene ramificaciones con el crimen organizado, como se ha comprobado en el proceso de depuración policial. En el caso del Poder Judicial, ello ya está presupuestado y en el caso del Ministerio Público, existe una solicitud de ampliación de su presupuesto que esperamos sea atendida por el Congreso Nacional.

El cambio en el ámbito jurisdiccional ya está en camino sobre bases sólidas. Como todo proceso se planificó y se han puesto en marcha las acciones y todo está muy adelantado. Creemos, como lo hemos concordado con el Presidente del Poder Judicial, el doctor Rolando Argueta y con el Fiscal General, el doctor Oscar Fernando Chinchilla, que con estas reformas la historia será diferente. Reconocemos en ello la voluntad del Estado de Honduras en generar estos cambios institucionales que deben producir impacto a futuro.

Otro paso decisivo en el combate a la corrupción e impunidad en estos primeros meses ha sido la aprobación por el Congreso Nacional de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Campañas Electorales. Una ley que se conoció como la Ley de Política Limpia.

Se trata de una poderosa reforma de prevención y combate a la corrupción en el país a través de la instauración de una serie de nuevas regulaciones en cuanto al financiamiento y fiscalización de campañas electorales, que tiene entre sus novedades más destacables la creación de una Unidad especializada que, entre otras tareas, deberá supervisar el proceso de captación de fondos privados y los gastos de campaña electoral de partidos y candidatos. Se trata de una entidad con importantes facultades de investigación de operaciones sospechosas de flujos financieros hacia partidos políticos y candidatos, que podrá levantar el secreto bancario y tributario, así como solicitar informes a la Unidad de Inteligencia Financiera.

En mucho la ley sigue la normativa modelo de Registro y Regulación de Partidos Políticos del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA (DECO), en cuando al financiamiento. La Ley aprobada por primera vez fija límites de contribuciones privadas y límites a los gastos de campaña, por primera vez se determinan obligaciones puntuales sobre entrega de información y documentos a la autoridad en fechas específicas, por primera vez se fija un catálogo de infracciones y sanciones que pueden ir hasta la cancelación del registro de un partido renuente a entregar información o la cancelación de la elección de un político que haya sido electo con fondos ilícitos. Se prohíbe la publicidad estatal durante la campaña electoral, no se permite a los candidatos participar en inauguraciones de obra pública y deberán registrarse también los aportes en especie y la publicidad en los medios, aunque no hubiera sido contratada por el partido o candidato. Los detalles se pueden ver en el primer REPORTE MACCIH y consideramos que es una ley de avanzada en las Américas en esta materia.

Sobresale el trabajo de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, conformada por representantes de todos los partidos políticos, quienes en un trabajo silencioso iniciado desde que llegó la misión en abril de este año, con apoyo técnico de la división electoral de la MACCIH y con la contribución del PNUD, llegaron a consensuar la normativa que permitió recoger lo mejor de varios proyectos de ley sobre la materia, las mejores prácticas y los estándares internacionales.

La decisión política de aprobar una legislación que reforma integralmente el proceso de captación de fondos y gastos de campaña electoral a poco tiempo de iniciarse la contienda electoral no ha sido un proceso fácil. El Congreso Nacional asumió en ello un reto importante y debemos reconocer el esfuerzo que significó sacar adelante esta iniciativa. Destaca aquí como información relevante que es un hito en la historia reciente del parlamento hondureño el alto nivel de consenso obtenido por las fuerzas políticas del país para una iniciativa legislativa. Dialogando y concertando se puede avanzar.

Ciertamente el Congreso Nacional durante los debates en el plenario modificó la estructura de la Unidad de Fiscalización, considerando no un titular, sino tres integrantes. No era eso lo que recomendó la MACCIH, pero esperamos que cuando se inicie el proceso de elección de los miembros por parte del Congreso, se pueda efectuar un proceso de designación transparente y que se valore la independencia como un principio clave para el funcionamiento de esta entidad clave en impedir que el dinero sucio penetre en la política hondureña. Esa es nuestra nueva recomendación.

Las reformas que propone la MACCIH se estructuran en diversos aspectos como la ley de colaboración eficaz, que será una herramienta importante en la lucha contra la corrupción para lograr obtener pruebas que incriminen a los líderes de organizaciones que estén operando en el país en delitos de corrupción. La legislación de conservación documental o archivos será otro paso para que no se pierdan documentos que deben servir para las investigaciones pasadas y futuras. La armonización de la legislación interna de transparencia y acceso a la información pública a los estándares internacionales, es otra meta a alcanzarse próximamente y en la que trabajaremos con todos los actores involucrados.

La reforma al Código Penal, instrumento normativo en actual debate en el Congreso, ya implicó la participación de la MACCIH que ha presentado una serie de recomendaciones técnicas en su segundo reporte. Sugerimos aquí tipificar mejor los delitos de corrupción y sus penas, los supuestos de autoría, así como los aspectos vinculados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el prevaricato, entre otros aspectos.

Las reformas institucionales serán importantes también. La reciente propuesta formulada por la MACCIH en su tercer reporte respecto al Tribunal Superior de Cuentas es una iniciativa trascendental pues implica que el órgano que controla el buen uso de los recursos públicos en todas las entidades del Estado y que puede determinar responsabilidades administrativas y civiles y proponer acciones penales en casos de corrupción, sea fortalecido y repotenciado a partir de rescatar su independencia y autonomía respecto a cualquier influencia política.

Es un tema de crucial importancia en donde la MACCIH planteó en las recomendaciones del MESICIC y recordó los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Honduras. El Congreso Nacional acaba de elegir a los tres miembros del TSC que conducirán los destinos de esta institución durante los próximos siete años, que implica tres períodos presidenciales. La MACCIH realizó aportes a este proceso de designación y manifestó que dicha elección pudo ser efectuada de una manera distinta con mecanismos más transparentes dado el momento histórico que se tenía. Los partidos políticos que asumieron esta decisión deberán asumir su responsabilidad frente a la ciudadanía.

La MACCIH quiere resaltar un hito importante en estos primeros seis meses con lo acontecido en los trabajos que realiza con la Procuraduría General de la República (PGR). Esta entidad está a cargo de la defensa de los intereses del Estado en juicio, velando por la recuperación de los activos o recursos públicos apropiados por funcionarios o terceras personas. Desde hacía tiempo el MESICIC recomendó a Honduras que debía modificarse la posibilidad que se concilien casos de corrupción. En el país la legislación permite que el Estado pueda acordar medidas desjudicializadoras si el corrupto, por ejemplo, devolvía lo robado.

Impulsamos con el Procurador General el doctor Alvarenga la decisión institucional de no permitir más conciliaciones en esta materia. Desde aquí nuestro reconocimiento a la Procuraduría y en especial a la Dirección de Procuración a cargo del doctor Ramírez por el trabajo que viene realizando en más de 30 conciliaciones no aceptadas conjuntamente con la Fiscalía y nuestro rechazo respecto a las amenazas que vienen recibiendo sus funcionarios de parte de personas vinculadas a la corrupción a partir de esta decisión.

Resaltamos en este informe la labor que cumple el Consejo Nacional Anticorrupción, una entidad que ha dado un giro importante desde hace tiempo en el desarrollo de líneas de investigación en cooperación con el Ministerio Público. Son este tipo de instituciones, que se articulan con la sociedad civil, las que la MACCIH tiene que fortalecer y con quienes estamos diseñando trabajos conjuntos. Su labor debe ser rescatada y expresamos nuestra preocupación por el hecho que personas denunciadas por corrupción, en lugar de aclarar las imputaciones, buscan entorpecer la labor del Consejo con acciones que persiguen se inhiba de su importante función. Desde aquí los alentamos a que sigan adelante.

Con el sector empresarial vamos a trabajar en conciliar las mejores prácticas contra la corrupción impulsando un Pacto de probidad empresarial y mecanismos de compliance, es decir, el establecimiento de regulaciones concretas de integridad que obligue a las empresas a conducirse en sus negocios sin tener que ceder o promover la corrupción y cumpliendo todas sus obligaciones, como pago de tributos, tarea muy importante.

La misión se ha enfocado en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuyas investigaciones comenzaron el 18 de setiembre del 2013 a iniciativa del Fiscal General Oscar Chinchilla. A la fecha existen cuatro personas condenadas, 14 con prisión preventiva, 15 casos judicializados y 47 investigaciones pendientes de ser presentadas al Poder Judicial.

Se trabaja en la actualidad en el mejoramiento de la calidad probatoria y conexidad entre los diversos casos judicializados e investigaciones. Del mismo modo, se ha efectuado el análisis de los casos y revisando los elementos pertinentes que sostengan las acusaciones. La estrategia es obviamente interna y esperamos pueda dar los resultados que se busca.

La audiencia oral y pública contra el principal implicado hasta el momento, Mario Zelaya, iniciará el 9 de diciembre de este año. La MACCIH espera que la justicia sea severa contra todos los que participaron en este caso de corrupción que no solo implicó a funcionarios estatales, sino que comprende también a empresarios, periodistas y testaferros. El peso de la ley tiene que ser igual para todos.

Debo expresar mi especial reconocimiento al Fiscal General por la apertura y disposición para generar esas sinergias que el trabajo conjunto ofrecerá en el combate a la corrupción y la impunidad. Ese modo de trabajo entre lo nacional y lo internacional, les aseguro que dará resultados. El doctor Chinchilla ha demostrado capacidad y liderazgo para enfrentar los fenómenos de la criminalidad de Honduras y lo hará también en el combate a la corrupción.

El Ministerio Público y la MACCIH han alertado a las autoridades para la captura de los diez prófugos que tiene este caso. En ello solicito respetuosamente a este Consejo Permanente, la cooperación internacional de los Estados miembro, para que se puedan efectuar las capturas de aquellos personajes que se encuentran en Estados miembros de la organización y que tienen órdenes internacionales de captura. El combate a la corrupción también es solidario entre nuestros países.

Toca mencionar que este período inicial de seis meses ha involucrado la tarea de instalación de la MACCIH, lo que es un logro en sí mismo. Tarea muy intensa en la captación de fondos, reclutamiento del personal de una misión que tendrá 70 personas (ya somos 24), diseño orgánico, planes de trabajo institucional y operativo, diseño presupuestal, estrategia de comunicaciones, normas de funcionamiento interna, diseño de protocolos de trabajo, el plan de seguridad, plan de contrataciones, las licitaciones que se vienen efectuando, arquitectura informática, sede institucional, entre otros aspectos.

También el tiempo que dedicamos para posicionar a la misión y explicar su mandato. En medio de todo ello, la necesidad de avanzar rápidamente en las reformas normativas que ya se han adelantado, el apoyo institucional que venimos efectuando y el trabajo de investigaciones de casos en los que la MACCIH está trabajando. Quizás es difícil comprender esto, pero el trabajo ha sido arduo y conducido por muy pocas personas.

Mención especial merece la sociedad civil de Honduras. Los distintos segmentos de la sociedad civil vienen comprendiendo el mandato de la misión y en las iniciativas que hemos concretado en estos meses de trabajo, hemos recibido apoyo para llevarlas adelante, así como importantes sugerencias. La MACCIH no solo acompaña a las instituciones públicas, sino que acompaña y busca la interacción con la sociedad civil en la seguridad que una sociedad civil vigilante y que participa en los temas de interés público, constituye un elemento de fortalecimiento democrático.

En este ámbito el trabajo del Observatorio será fundamental y el equipo que viene dando forma a este espacio de interacción con la sociedad civil, viene avanzando de modo importante para lograr una mayor participación no solo en Tegucigalpa, sino en todo el territorio nacional.

Cabe mencionar brevemente en este informe al CP, lo acontecido con el crimen de Berta Cáceres. Hace algunos días el SG manifestó la necesidad que se aceleren las investigaciones en este asesinato. La MACCIH no tiene participación en este caso por no tener mandato para el mismo. Si bien el Gobierno de Honduras solicitó la participación de la misión, el SG señaló que la competencia de la MACCIH está centrada en temas de corrupción y que en aspectos vinculados a DDHH, está la CIDH.

La investigación está a cargo de la Fiscalía y existen seis personas detenidas por su presunta participación en el crimen, desde los presuntos autores materiales, hasta personas que habrían intermediado en el asesinato, existiendo hasta el momento una vinculación con un funcionario de la empresa DESA y miembros del ejército. El robo del expediente en circunstancias aún en investigación, fue un hecho negativo que motivo su reconstrucción por el tribunal a cargo con presencia de la defensa.

Este asesinato es un hecho condenable tiene que ser aclarado y el Ministerio Público está a cargo. La MACCIH espera que pueda avanzarse en esta investigación y se lleguen a todos los responsables. Respaldamos la posición de nuestro SG para que exista un acompañamiento internacional en esta materia que colabore con el trabajo que están realizando fiscales hondureños y que la familia pueda ser informada sin que eso perturbe las investigaciones.

La MACCIH-OEA invoca a que se comprenda su trabajo. La misión no es un tribunal internacional que decide sobre libertades o prisiones, sino que, como otras experiencias en Centroamérica y el mundo, realiza investigaciones con los operadores del sistema de justicia nacional, para que puedan procesarse casos de corrupción y dictarse condenas efectivas, buscando recuperar los bienes y recursos robados al Estado. También hace reformas institucionales y legales que serán claves en el rediseño de país para poder tener una mejor arquitectura del modelo de combate a la corrupción. Por eso la ley de política limpia, por eso la ley del sistema nacional anticorrupción, por eso el trabajo con la PGR para que no se concilie en esta materia, por eso la legislación penal tiene que mejorarse, por eso el velar por una Tribunal Superior de Cuentas autónomo, imparcial e independiente. Por eso las reformas que vendrán.

Ninguna investigación seria se pueda hacer en dos semanas o dos meses. Los procedimientos de investigación contra grandes redes de corrupción se construyen con pruebas periciales y técnicas forenses.

La MACCIH es el modelo de lucha contra la corrupción y la impunidad de Honduras.  Todos debemos estar unidos en el propósito de enfrentar con decisión a los corruptos y estar seguros que sí se puede. La misión tiene las cosas claras y viene trabajando arduamente, recibiendo también los planteamientos de las instituciones y la sociedad civil para hacer reformas.  Estamos decididos a cumplir el mandato y que las autoridades por su lado cumplan su compromiso internacional de combatir la corrupción e impunidad.