Hija de la activista Berta Cáceres, denuncia la complicidad del Estado hondureño y varios gobiernos europeos en la violación de derechos humanos y medioambientales.
Tomado de lamarea.com
La activista hondureña, Berta Cáceres, fue asesinada en su casa la madrugada del dos al tres de marzo de 2016. Su carácter incansable e incorruptible la convertían en una seria amenaza para varios proyectos de represas en Honduras, un negocio en manos de grandes empresas acusadas de destruir comunidades indígenas y devastar reservas medioambientales.
Tras su asesinato han surgido nuevas voces por todo el mundo para tomar el testigo de la lucha de Berta Cáceres en defensa de los pueblos indígenas, las personas que viven en la pobreza y el medio ambiente de Honduras, el país más peligroso para el activismo ambiental, según Global Witness. Una de esas voces es la de su hija Laura Zúñiga Cáceres, que se encuentra en Europa estos días de la mano de las Brigadas Internacionales de Paz, acompañada de abogados y activistas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares y Cívicas de Honduras (COPINH) y el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), creado para investigar de forma independiente el asesinato de Cáceres y evitar que quede impune.
Laura Zúñiga Cáceres, acompañada por miembros del COPINH y el GAIPE. Foto: J.B.
Zúñiga Cáceres atiende a La Marea a su paso por Madrid y a pocos días de formalizar, según explica, una demanda contra el Banco Holandés de Desarrollo (FMO, por sus siglas en holandés), por financiar la construcción de la central hidroeléctrica Agua Zarca, a pesar de las denuncias de violaciones de derechos humanos y episodios de violencia que rodean al proyecto, y que perjudica de forma directa a la comunidad indígena lenca.
¿En qué fase se encuentra la investigación sobre el asesinato de su madre?
Actualmente hay nueve personas detenidas, de las que ocho están vinculadas a la autoría material del asesinato. Estas personas ya cumplieron la mayor parte del proceso de instrucción y ahora comienza el juicio oral y público. Justo ahora termina la primera etapa del caso del último detenido, David Castillo, gerente general de la empresa DESA. En este caso estamos viendo cómo se margina a actores activos del proceso. Seguimos sin tener la mayor parte de la información, nos enteramos de los avances por los medios de comunicación y, además, en estas capturas vemos un manoseo para generar la visión de que hay justicia. Un ejemplo es la detención de David Castillo. El Ministerio Público tenía toda la información desde mayo de 2016. En octubre de ese año nosotros entregamos al Ministerio Público el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, pero esta detención no se da hasta el dos de marzo de 2018, que es el aniversario del asesinato de mi madre. Vemos una historia macabra por parte del Estado, y también mecanismos de impunidad dentro del proceso. Por ejemplo, no se nos hace partícipes de la información, y se va dilatando el juicio oral y público, que en principio iba a terminar en enero. Ahora dicen que en junio. Esto nos genera desconfianza.
¿Temen que con el paso del tiempo puedan prescribir delitos?
Sí. Las prisiones preventivas vencen en noviembre, y eso nos genera temores. Gran parte de la autoría intelectual todavía no está lista. Vemos cómo se captura a la parte más baja del estrato, pero no se ataca a quienes generaron estos problemas, a quienes pagaron e impulsaron a los sicarios. En el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca también identificamos toda una estructura criminal que se arma con la intención de instalar e imponer este proyecto en la comunidad. Volvemos a identificar a grupos de sicarios, casos de corrupción, una relación entre funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y la empresa. Toda esa estructura todavía no ha sido atacada. Mientras esa estructura no se desmonte, no solo habrá impunidad, sino que seguirá en activo el origen de todos estos riesgos.
David Castillo está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su madre, ¿creen que puede haber más cómplices en las altas esferas?
Lo que hemos visto es que hay más personas involucradas en la autoría intelectual, desde altos funcionarios a socios de la empresa, y que todavía no han sido arrestados.
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Dos años después del asesinato, ¿cuál es la situación de quienes defienden los derechos humanos en Honduras?
Nosotros creímos que, tras evidenciar todas las violaciones en el caso de mi madre, se iba a generar un poco más de protección a los defensores y defensoras, pero vemos que se sigue reproduciendo la forma de actuar de esa empresa en otras zonas y en otras comunidades indígenas, no solo en el pueblo lenca. Las empresas siguen entrando sin avisar, imponiendo un proyecto que va acompañado de fuerzas de seguridad estatales, sicarios, etcétera. El patrón se sigue reproduciendo e incluso se intensifica. Por ejemplo, hemos visto un fraude electoral que ha generado mucha represión, asesinatos y presos por manifestarse. Ante todo, esto, la comunidad internacional respondió con un silencio que fortalece este régimen violento.
¿Las empresas y el gobierno de España violan derechos humanos en Honduras?
Sin ir más lejos, en parte estamos acá porque el Banco Centroamericano de Integración Económica, que en su directorio cuenta con el gobierno de España, sigue financiando un proyecto que ha violado múltiples derechos humanos, está vinculado al asesinato de mi madre y el de otros compañeros en Río Blanco, y aun así sigue financiando. ¿Cómo es posible que tampoco se presione a esta entidad? Nos preocupa mucho también cómo la cooperación española ayudó a hacer un código penal que criminaliza las protestas en Honduras. También su apoyo a una ley que restringe el derecho de consulta a los pueblos indígenas, quitándoles la posibilidad de decidir sobre sus territorios, y que los coloca en un estado muy violento. También los apoyos económicos que se dan a un estado que no da garantías. Todo eso es muy preocupante.
¿En qué quedó el atentado frustrado del año pasado contra su hermana Berta?
Como los sistemas de justicia están orientados para criminalizar a los luchadores y luchadoras, y a la pobreza en general, cuando hay incidentes de violencia, como sucedió con el ataque a mi hermana, vemos que no se investiga e incluso se hacen campañas de desprestigio contra las víctimas de esos atentados. Se deja pasar el tiempo hasta que el tema cae, y es algo que vemos también en el caso de mi madre. La dilatación del caso es otro factor de impunidad. Por eso estamos acá.
Usted menciona que se detiene antes al sicario pobre que al poderoso que idea el crimen, ¿han contactado a personas o familiares de estos sicarios? Al fin y al cabo, el trabajo de su madre también iba orientado a ayudar a esas personas de estratos bajos…
La verdad, no a nivel personal. Lo que sí vimos, y está en el informe, es que hay una persona detenida que no está vinculada con el asesinato, y sigue detenida por arbitrariedades. Vemos esa necesidad de meter gente a la cárcel para mostrar que hay justicia, pero no la hay.
¿Quién es esa persona?
Se llama Emerson Eucebio Duarte. Lo hablamos con el Ministerio Público, preguntamos por su detención y todavía no hay respuesta.
¿Cómo percibe el nivel de concienciación con la lucha que ustedes llevan a cabo?
Cuando asesinaron a mi madre, la gente salió a la calle y nos acompañó. Eso rompió con la naturalización de los asesinatos que hay en Honduras. También vimos mucha presencia del símbolo de mi madre y de los pueblos indígenas y su lucha. Pero obviamente nos toca ser silenciados y discutir con los grandes medios cada vez que ponemos en duda el discurso oficial del Estado. Vivimos en esa contradicción entre lo que vemos en las calles y, a la vez, el discurso que constantemente criminaliza y busca silenciar a las organizaciones y movimientos que se oponen al extractivismo.
En España apenas se habló de las denuncias de fraude electoral de Juan Orlando Hernández. ¿Cómo perciben que desde países como España la prensa se muestre crítica ante la corrupción de países como Venezuela y, sin embargo, sea más tolerante con el caso de Honduras?
Vemos un doble discurso. Lo vemos claro en el caso de Honduras, que es un país funcional a los intereses del extractivismo, y un ejemplo es el del Banco Holandés de Desarrollo, que financia a una empresa que viola los derechos humanos y sigue como si nada. Cuando los gobiernos de estos países siguen perpetuando estas prácticas se hace más difícil criticarlos, porque son las políticas que les convienen.
¿Tienen previsto reunirse con representantes del Gobierno español?
Estuvimos hace poco en el Congreso, pero no pudimos reunirnos con congresistas porque están con el tema de los presupuestos. Vamos a vernos con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores para actualizar la situación y comentarle acerca de esta financiación a Honduras y cómo se pueden generar garantías. Le pediremos que se restringa esa financiación en los casos en que se violan los derechos humanos.
¿Qué relación hay entre el golpe de Estado de 2009, la elección de 2017 y el proyecto Agua Zarca?
Este proyecto se aprobó con un paquete de concesiones hidroeléctricas del Congreso Nacional en 2010, después del golpe de Estado. A partir de ahí, con Porfirio Lobo de presidente y Juan Orlando Hernández al frente del Congreso, empiezan a entrar las excavadoras en la comunidad para iniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico y ahí la gente se da cuenta de lo que está pasando. Sin consulta previa ni nada. En 2013, los militares matan al compañero Tomás García, y tanto el Banco Mundial como la estatal china Sinohydro abandonan el proyecto. Después, ya con Juan Orlando Hernández en la presidencia, retoman este proyecto el Banco Holandés de Desarrollo, el Banco Finlandés de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, a pesar de los antecedentes.
¿Cree que hay relación entre el silencio político y mediático y el apoyo del Estado a grandes macroproyectos?
Claro. El gobierno de Juan Orlando Hernández es totalmente funcional al sistema extractivo. Tras el golpe de Estado, viene ofreciendo bienes comunes a empresas nacionales y transnacionales. Van de la mano.
