La anunciada reforma fiscal por parte del gobierno de Xiomara Castro ha incomodado a los empresarios y ahora en la representación de Estados Unidos en Honduras
Tegucigalpa. –Las anunciadas reformas fiscales por parte del gobierno de Honduras han sido recriminadas por la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, quien abiertamente cuestionó este viernes que se pretenda aprobar una ley orientada a reducir las exoneraciones y exenciones fiscales a la empresa privada.
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Durante su participación en un evento, en Tegucigalpa, la diplomática argumentó que los incentivos fiscales son importantes en una nación donde la mano de obra y el costo de la electricidad son elevados, lo que convierte a Honduras en un país poco competitivo.
“Estamos preocupados por el impacto que tendrá la nueva Ley de Justicia Tributaria en la creación de empleo y crecimiento económico”, expuso Dogu.
A juicio de la embajadora la propuesta gubernamental no solo desalentará las nuevas inversiones, sino que podría animar a que las existentes se trasladen a otro país.
Sin embargo, destacó los esfuerzos del gobierno hondureño para reducir los abusos provocados por los privilegios fiscales que han sido otorgados por décadas a empresarios.
La intervención de Dogu en temas nacionales ha sido una constante. En mayo de 2022 incomodó al gobierno por su oposición a las reformas a la ley de energía y el 31 de octubre de 2022 el canciller hondureño Enrique Reina propuso una relación de dignidad y no de mendicidad con Estados Unidos, luego que la diplomática opinara en contra de la derogación de la Ley de Empleo por Hora y sobre la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
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Las expresiones de Laura Dogu recibieron el rechazo de los funcionarios del gobierno de Honduras. Para el caso, el secretario de la Presidencia Rodolfo Pastor de María y Campos le respondió que el presidente Joe Biden recientemente planteó un paquete de reformas que implica un régimen fiscal que cobre impuestos a las mayores riquezas y a compañías que generan ingresos.
El funcionario dijo a medios de comunicación que en Honduras se ha abusado y lo que debería ser un incentivo a la inversión se convirtió en corrupción, pues las exoneraciones fiscales deberían ser utilizadas para un determinado tiempo y un proceso especifico.
El gobierno de Xiomara Castro ha hecho pública una reforma fiscal, a la que denomina Ley de Justicia Tributaria, según sus funcionarios, para crear un modelo regresivo, es decir, que mediante el cual quien genere más riquezas pague más y quien genere menos, pague menos.
El gabinete económico presentó el miércoles el borrador de ley al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y anunció que previó a su discusión en el Congreso Nacional iniciará un proceso de socialización con todos los sectores.
El documento difundido por el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR) Marlon Ochoa señala que la estructura tributaria heredada por 12 años de gobiernos al servicio de las élites esconde una sencilla verdad, que las redes de corrupción público-privada conspiraron contra el bienestar común concediendo el privilegio de no pagar impuestos a una minoría de la población.
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Honduras cuenta con 18 beneficios fiscales, con una vigencia promedio de 25 años. El gobierno estima que anualmente las exoneraciones y exenciones fiscales representan al menos 65,000 millones de lempiras.
El miércoles, al recibir el documento gubernamental, el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, dijo que el planteamiento es un ataque directo a las empresas y una masacre contra los mayores empleadores y en contra del pueblo.
En reacción a la postura de los empresarios, la SAR, desde sus redes sociales, dijo que por más de 20 años el pueblo ha financiado con sus impuestos al Cohep.
La revisión de las exoneraciones y exenciones fiscales tiene su base en una recomendación formulada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno anterior de Juan Orlando Hernández, sin embargo, este no la tomó en consideración.
Esta misma recomendación ha sido sugerida por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) al considerar que Honduras es el país de la región con mayor carga por concepto de beneficios fiscales y que estos no se están reflejando en la generación de inversiones ni en los empleos.
Ley de Justicia Tributaria pretende eliminar los regímenes de exoneraciones fiscales vigentes para poner fin a su desnaturalización y a los abusos constatados por las empresas beneficiarias, brindar seguridad jurídica a las empresas y reconocer sus derechos adquiridos.
Además, plantea establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas y crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales.
Otra medida que contempla esta normativa, que será enviada al Congreso Nacional, es cambiar el principio de renta de territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal.
Un punto que ha llamado la atención en este proyecto es la eliminación del secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario y permitir el intercambio de información con el resto de países del mundo.
En una entrevista brindada días atrás a un medio televisivo, el economista y asesor del Congreso Nacional en temas fiscales, Claudio Salgado, apuntó que es necesario revisar el secreto bancario, puesto que el mismo impide investigar a los contribuyentes, ya que para poder saber cuánto hay en las cuentas de la persona se tiene que tener el visto bueno de un juez.
Lo que quiere decir, que si no existe una orden otorgada por un juez o si no hay un juicio entablado contra la persona no se puede conocer la cantidad de dinero en sus cuentas bancarias.
