Carlos A. Gordón B./Latinoamérica21
El incremento del nivel del mar no solo pone en peligro las infraestructuras costeras y los
medios de vida tradicionales, sino que también arroja luz sobre las profundas brechas que
existen en cuanto a políticas de vivienda y planificación territorial en América Latina. De
acuerdo con el Reporte del Estado del Clima en América Latina y El Caribe 2020 de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), “en América Latina y el Caribe más del
27% de la población vive en áreas costeras, y se estima que entre el 6 y el 8% vive en áreas
que tienen un riesgo alto o muy alto de verse afectadas por amenazas costeras”.
En Panamá, una nación con 2.988 kilómetros de costa en ambos océanos, datos publicados
por el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) y analizados por el Observatorio de
Riesgo Urbano (ORU) de la Florida State University y Esri Panamá indican que entre el 2 y
el 3% de la superficie terrestre existente en la actualidad se verá afectada por el aumento
del nivel del mar para el 2050.
Una de las regiones que más tempranamente ha empezado a sentir el impacto de este
fenómeno es la comarca indígena de Guna Yala, la cual emerge como un microcosmos de
las complejas interacciones entre el cambio climático y las comunidades vulnerables. Los
impactos son más notables en esta comarca debido a su localización en el Mar Caribe,
donde, según datos de la Organización Metereológica Mundial (OMM), el aumento del
nivel del mar ha sido superior al promedio mundial de 3,3 milímetros anuales, con un
promedio de 3,6 mm al año.
Gardí Sugdub: los primeros migrantes climáticos panameños
La primera comunidad en tomar la iniciativa de trasladarse a tierra firme en la comarca
Guna Yala ha sido Gardi Sugdub, una pequeña isla, con 300 metros de largo por 125
metros de ancho, a solo un metro sobre el nivel del mar y con unos 1.054 habitantes. Un
informe de Human Rights Watch de 2023 señala que “la planificación de la reubicación
comenzó en 2010, cuando los líderes de Gardi Sugdub crearon el comité de vecinos para
organizar el proceso, asegurar y despejar un nuevo terreno en tierra firme donado por
miembros de la comunidad”.
Este mismo informe de Human Rights Watch continúa señalando: “La reubicación
planificada suele considerarse una medida de último recurso, después de que se hayan
intentado todas las estrategias de adaptación in situ —como elevar las viviendas o construir
diques—, y se hayan descartado como inadecuadas. Aunque los daños causados por las
inundaciones y la previsión de futuros efectos del cambio climático suelen ser los factores
más visibles”.
En términos generales, la condición de la comarca Guna Yala es de abandono estatal.
Subsiste bajo presiones relacionadas con el hacinamiento, las condiciones precarias de la vivienda, la falta de acceso a servicios básicos, la falta de infraestructura, la migración
ilegal, el narcotráfico, las enfermedades de transmisión sexual y la migración hacia la
ciudad, además del aumento de eventos climáticos extremos y el deterioro ambiental.
Para los gunas, la aguja que marca el avance del progreso social apenas se ha movido
durante el siglo XXI. Entre el censo de 2000 y el 2023, el porcentaje de viviendas sin agua
potable pasó del 31% al 24% y el de viviendas sin saneamiento de 99% a 95%. Los hogares
con ingresos menores a US 600.00 mensuales pasaron del 88% al 74%. El hacinamiento es
otro de los problemas graves en esta región. Los gunas han registrado el promedio de
habitantes por vivienda más alto del país, con 7 y 4 habitantes tanto en el censo de 2000
como en el 2023 respectivamente.
Con estos indicadores como telón de fondo, lo que ha ocurrido es que la población guna ha
empezado a migrar. En el 2000 el 50% de los indígenas gunas residían en la comarca, y en
la actualidad este porcentaje es de apenas el 27%. El destino de estos migrantes ha sido la
provincia de Panamá —donde se encuentra la capital del país—, en la que se concentra el
32% de la población guna.
Promesas incumplidas y los retos de un futuro no tan distante
El reporte publicado por Human Rights Watch enfatiza también el estado de abandono de
los indígenas gunas: “El historial del Gobierno es poco convincente: en 2011, el MINSA
prometió un hospital; en 2012, el MEDUCA prometió una escuela modelo, y en 2017, el
MIVIOT prometió 300 viviendas. Todos los proyectos se han iniciado, pero ninguno se ha
completado”. Hasta el momento, la mudanza de la comunidad no se ha realizado, y las
infraestructuras se encuentran construidas y sin poder ser utilizadas.
La tierra, su acceso, planificación y manejo es uno de los retos principales dentro de este
proceso de relocalización de las comunidades amenazadas por el aumento del nivel del mar.
Displacement Solutions, una ONG que ha visitado en reiteradas ocasiones la comarca Guna
Yala desde 2014, indica: “Será la tierra la que en última instancia estará en el centro de la
mayoría de las políticas diseñadas para abordar las consecuencias del desplazamiento
climático; la gente perderá tierras y necesitará nuevas tierras para empezar de nuevo sus
vidas”.
Ante la amenaza que representa el cambio climático para las comunidades, los Principios
de la Península surgen como un “instrumento jurídico internacional sobre los derechos de
las personas desplazadas por el clima”. Estos principios indican que es necesario, “antes de
cualquier reubicación, que se prepare un plan maestro de reubicación que aborde asuntos
críticos que incluyen: i) adquisición de tierras; ii) la preservación de las instituciones
sociales y culturales existentes; iv) acceso a servicios públicos”, entre otros aspectos. Sin
embargo, hasta el momento Panamá no cuenta con los estudios que permitan implementar
estos principios.
La amenaza del aumento del nivel del mar es un reto compartido por al menos 928
comunidades y 700.000 personas en Panamá. En la comarca Guna Yala al menos unas 40 comunidades y 32.000 personas se verán potencialmente afectadas. No en todos los casos
se requerirá el desplazamiento de las comunidades, pero sí inversiones y una planificación
que aborde la protección de sus bienes y medios de vida.
El 2050 aún parece una fecha muy lejana. Lo era en 1983 cuando se identificaron las
primeras señales del aumento del nivel del mar en Panamá, y aun lo era en 1998 cuando se
confirmaron. El 2010 —cuando los habitantes de Gardí Sugdub decidieron trasladarse a
tierra firme— parece que fue hace poco, y ahora, en 2023, estamos a medio camino entre el
pasado y el futuro. Sin embargo, la historia plasmada en este artículo cuenta cómo, todavía,
después de 40 años de advertencias, no estamos preparados para el desafío que nos plantea
el cambio climático.
