Tegucigalpa, Honduras. – Las elecciones primarias en Honduras se celebrarán el 9 de marzo de 2025 bajo un estado de excepción, una situación que podría acarrear consecuencias debido a la suspensión de seis garantías constitucionales, entre ellas la libre circulación y la libertad de asociación y reunión. Esta medida otorga amplias facultades a los cuerpos de seguridad, permitiéndoles detener a personas únicamente bajo sospecha de vínculos con actividades delictivas, sin la necesidad de pruebas concretas.
De acuerdo con el abogado Joaquín Mejía, en su análisis «Elecciones bajo un estado de excepción«, la realización de comicios en este contexto plantea dudas sobre la integridad y legitimidad del proceso democrático.
Mejía, experto en materia de derechos humanos, advierte que «cualquier proceso electoral necesita un clima político pacífico y el pleno ejercicio y respeto de todos los derechos y libertades fundamentales«. Sin embargo, la suspensión de garantías constitucionales restringe derechos esenciales como la libre reunión y circulación, lo que limita la participación ciudadana y afecta la transparencia electoral.
Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), los estados de excepción deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Bajo esa premisa, Mejía enfatiza que la Corte ha establecido que cualquier restricción a los derechos políticos en estos contextos debe estar justificada por una amenaza real y objetiva y no puede ser utilizada para limitar la participación política o manipular procesos electorales.
En el contexto hondureño, Mejía cuestiona si se han cumplido los requisitos constitucionales para la prórroga del estado de excepción. La Constitución establece que la suspensión de garantías debe ser aprobada por el Congreso Nacional y estar limitada en tiempo y espacio. Sin embargo, existen dudas sobre la legalidad y justificación de las recientes extensiones de la medida, especialmente cuando coinciden con periodos electorales, lo que podría interpretarse como una estrategia para influir en los resultados.
La aplicación de un estado de excepción otorga amplios poderes a las fuerzas de seguridad, lo que puede derivar en abusos de autoridad y represión de voces disidentes. Mejía advierte que, en este contexto, la oposición política y los medios de comunicación independientes podrían enfrentar restricciones, afectando la pluralidad de opiniones y el debate público necesarios para un proceso electoral legítimo.
Asimismo, la falta de supervisión en un estado de excepción facilita prácticas fraudulentas y la manipulación de resultados electorales. La ausencia de observadores nacionales e internacionales, debido a restricciones de movilidad y seguridad, debilita los mecanismos de control y transparencia esenciales para garantizar la confianza ciudadana en los comicios.
En conclusión, la celebración de elecciones bajo un estado de excepción compromete la transparencia, la participación y la legitimidad del proceso democrático en Honduras. Para garantizar un ambiente electoral seguro y equitativo, resulta imperativo restablecer las garantías constitucionales y asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.
BUENO, PERO BAJO QUÉ ARGUMENTO SE AMPLIÓ EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
A pesar de las múltiples denuncias contra policías y militares por abusos de autoridad y otros delitos cometidos bajo el estado de excepción, el gobierno de Honduras ha decidido extender esta medida hasta el 5 de abril de 2025. La justificación oficial es que se busca reforzar la lucha contra el crimen organizado y común, a pesar de que la efectividad de esta estrategia sigue en entredicho. La medida, que ha sido prorrogada en 18 ocasiones desde su implementación en diciembre de 2022, continúa abarcando 226 de los 298 municipios del país.
Las autoridades, encabezadas por el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, defienden la legalidad y necesidad del estado de excepción, argumentando que ha permitido allanamientos sin orden judicial y detenciones de personas sospechosas de delitos. Además, el gobierno insiste en que la violencia ha disminuido, las cifras oficiales carecen de mecanismos independientes de verificación, lo que deja abierta la posibilidad de manipulación.
Más allá de los discursos oficiales, la prolongación del estado de excepción se ha convertido en una herramienta de control político. No solo se mantiene sin la debida ratificación del Congreso Nacional en todas sus extensiones, sino que también se implementa en pleno proceso electoral.
Organizaciones de derechos humanos han elevado alarmas sobre los efectos de la militarización en la vida cotidiana de los hondureños. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha recibido más de 700 quejascontra agentes del orden por violaciones a derechos humanos en el marco del estado de excepción.
En medio de las críticas, la Secretaría de Seguridad minimiza las preocupaciones y asegura que el estado de excepción no restringe la libre circulación, sino que únicamente refuerza los operativos en zonas con altos índices de violencia. Sin embargo, múltiples testimonios contradicen este discurso. Casos de detenciones arbitrarias, desalojos forzosos y represión contra manifestaciones pacíficas revelan una realidad distinta: la de un estado que usa la «seguridad» como excusa para limitar derechos y reforzar su poder.
A escasas semanas de las elecciones primarias, la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿Quién realmente se beneficia de la prolongación del estado de excepción? Mientras el gobierno sostiene que es una herramienta para la seguridad, la evidencia apunta a un modelo de represión institucionalizada que, lejos de resolver la violencia, erosiona los derechos ciudadanos y socava la confianza en el proceso democrático.
