Por: Andrés Molina*
Judicializar los conflictos sociales y llevarlos a la arena penal es renunciar al diálogo, y es la forma más radical y definitiva de dejarlos sin solución. Joaquín Mejía
En contra de las autoridades si existen graves denuncias penales presentadas en su contra ante el Ministerio Público.
Tegucigalpa.- Después del demoledor artículo del doctor Joaquín Mejía en el que hace un profundo análisis de la crisis que vive actualmente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) desde un enfoque de derechos, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, con argumentos claros y precisos de la jurisprudencia internacional en la materia, ha provocado que quienes defienden desde atrás y seguramente aconsejan la criminalización y la utilización del derecho penal como medida para la solución del problema, poco a poco vayan saliendo del “closet” de la comodidad de consejeros y consultas obligadas de las determinaciones que toma la rectoría dentro de nuestra Universidad.
Es claro que las autoridades y su equipo de asesores y de amigos que mal aconsejan a la rectora, difícilmente resisten un debate académico o político sobre la legitimidad o la legalidad plena de las medidas adoptadas en los últimos años y no solo no lo resisten sino que consientes de la ilegalidad o la imposición y la violación de las normas más elementales dela democracia, se niegan a dialogar con los estudiantes o con cualquier profesional que defiende las posiciones contrarias a quienes usufructúan el presupuesto público de la Universidad.
No es cierto que las autoridades no son acusadas de malos manejos presupuestarios o de la contratación de personas por afinidad política o por el tráfico de influencias, al contrario, en franca violación a los principios éticos y las normas que rigen la UNAH, las autoridades han instaurado un Estado policial de persecución que se caracteriza por la criminalización y la persecución, si eres capaz de hacer alguna expresión pública que no sea del agrado de las autoridades de inmediato se genera una persecución por cielo, mar y tierra, que puede tener como resultado sanciones, estigmatización y por último no ser contratado nunca más, como el caso de la destacada profesional Ana Ortega, quien a pesar de ser calificada y exigida por diferentes organizaciones beneficiarias de la formación que ofrece el centro educativo, se le ha negado la oportunidad de trabajar, como represalia por haber firmado una carta en favor de los estudiantes el año 2015.
Contra las autoridades universitarias si existen graves denuncias penales presentadas en su contra ante el Ministerio Público, con el agravante que quién las presentó hoy está bajo tierra, como es el caso del profesor y sindicalista Héctor Martínez Motiño, con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH, quién denunció amenazas a muerte de las autoridades que encabeza Julieta Castellanos y días después fue asesinado. Que ha pasado con la investigación, porqué el Ministerio Público no ha sido tan diligente cómo se comporta con las denuncias de las autoridades contra los estudiantes, con requerimientos e investigaciones expres, porque no se ha presentado requerimiento contra las autoridades acusadas de delitos graves, en contra de un defensor de los derechos humanos que denunció amenazas a muerte y unos días después fue asesinado.
Es posible que los que criticamos a las autoridades no estemos afirmando que se están embolsando el dinero público, pero la corrupción va más allá de si la gente se lleva el dinero en efectivo a sus cuentas personales, la corrupción también es moral, es política y es ética, puede que los actos sean jurídicamente legales, pero no respetan los principios éticos fundamentales que deben regir la administración de los recursos públicos.
En este sentido acaso no es un acto de corrupción moral y ética (está por verse si grandes modificaciones de contratos están dentro del marco de la transparencia) que mientras no existen laboratorios en la UNAH o los que existen son del siglo 20, no del siglo 21 como le gusta decir a las autoridades en sus discurso de criminalización y descalificación, se pongan a construir un edificio suntuario al que los estudiantes no han dudado en calificar como el monumento a Julieta, cuando existe una carencia de aulas en Ciudad Universitaria y en los diferentes centros regionales, muchos también cuestionan que la construcción de un polideportivo millonario, cuando con poco dinero se podía rehabilitar las instalaciones de la Villa Olímpica y que los estudiantes y docentes pudieran utilizar esas instalaciones para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas, sin necesidad de gastar tantas cantidades de dinero que podrían haber servido para abrir espacio a los más de cien mil jóvenes excluidos por la Prueba de Aptitud Académica.
La respuesta al artículo del doctor Joaquín Mejía, merecen una contra respuesta que a pesar de que no puedan ser consideradas, es importante hacer las observaciones necesarias por las implicaciones de quienes las dicen y que de no hacerlo pueden ser tomadas como verdades absolutas, es el caso del artículo de la licenciada Leticia Salomón Directora de Investigación Científica y del licenciado Manuel Torres miembro de la Junta de Dirección de la UNAH, estos últimos completamente ausentes en el conflicto universitario.
Un primer punto aclarar a la socióloga Salomón, es que los derechos humanos los violentan los estados como garantes de los derechos de las personas, así lo ha establecido la CIDH “Todo el sistema de protección de los derechos humanos está diseñado en función del reconocimiento del Estado como sujeto de la relación jurídica básica en materia de DD.HH. y es contra él que se presentan las denuncias por violación de los derechos reconocidos en la Convención”. Los particulares no tienen funciones de garantes de derechos, por tanto son las autoridades universitarias las responsables y no los estudiantes como se deja entrever, directa e indirectamente, al no dar una solución a la problemática. Que funcionarios de tan alto nivel como las autoridades universitarias sostengan un discurso que además de criminalizar pretenda trasladar las violaciones a los derechos humanos a los actores no estatales, es quitarle la responsabilidad a los Estados de garantes de los derechos, si la academia o las autoridades universitarias van a sumar como aporte a la sociedad la imposición de una visión semejante, es como afirmar que es legítimo que narcotraficantes puedan brindar seguridad a las comunidades porque no la puede dar el Estado.
Lamentablemente si está equivocada la licenciada Salomon cuando afirma que el “derecho a manifestarse y protestar en los espacios públicos (calles, carreteras, puentes) y, si no me equivoco, se reconoce este derecho siempre que existan vías alternas para la circulación”, quién tiene la obligación de facilitar vías alternas si existe una manifestación pacífica es el Estado y no los particulares, además de crear todas las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las manifestaciones públicas.
No soy abogado ni experto, pero tampoco tiene razón la licenciada Salomón, cuando afirma que “existe una diferencia fundamental entre el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, el primero forma parte del ejercicio del derecho a la Libertad de Expresión, un derecho que es piedra angular de un sistema democrático y fundamental para el goce, el logro y disfrute de otros derechos.
La Universidad debe ser un espacio de democracia que debería dar ejemplo en cada una de sus expresiones sociales y políticas de respeto a los derechos humanos fundamentales, por cuanto allí están los profesionales más destacados del país, ciudadanos en los cuales el país ha invertido tiempo y dinero, la UNAH como el más elevado centro de cultura y de pensamiento no puede ser reducida a una única visión social, política y económico, debe ser un espacio de diálogo, de uso de la razón y libertad en el país, la Universidad es el espacio público por excelencia, si a la rectora no le gusta puede irse a una universidad privada o al ejército.
*Periodista y defensor de los derechos humanos
