La segunda vuelta electoral es posible

Por: Edmundo Orellana

Hemos llegado a un callejón sin salida. Los resultados no han sido declarados oficialmente, los partidos no están de acuerdo con lo hecho por el TSE y la observación internacional ha señalado irregularidades de grueso calibre al proceso, incluido el cuestionamiento de que la candidatura del Presidente viola flagrantemente la Constitución de la República.

A lo anterior, agreguemos que la mayoría del pueblo hondureño, que votó en contra del inconstitucional proyecto continuista del Presidente- candidato, está convencido de que hubo fraude y que el TSE es el ejecutor del mismo.

Finalmente, está pendiente de revisión la totalidad de las actas y demás documentos que sirvieron para la practica de las elecciones.

Estas son las causas de la indignación del pueblo hondureño que no duda en tomarse las calles en el día, sonar las cacerolas en la noche y desafiar el toque de queda, para protestar en contra del amañado proceso electoral que, favoreciendo al Presidente- candidato, rectoró el TSE. Manifestaciones democráticas en las que, el gobierno, infiltró delincuentes- siguiendo las estrategias de alguno de los famosos carniceros de los ochentas-, con el ánimo de desprestigiarlas, que vandalizaron negocios, ocasionando el caos en las zonas urbanas.

Ha habido, colateralmente, acciones tendientes a apremiar al TSE  a culminar el proceso, como las tomas de carreteras y demás acciones, responsabilidad, en este caso, del pueblo organizado, acciones que, afortunadamente, no ha logrado desprestigiar el gobierno con sus infiltrados.

Las manifestaciones pacíficas son actos de protesta protegidos y estimulados por la normativa constitucional que prevé el derecho de protestar contra los atentados a la Constitución, enriquecido por la jurisprudencia de la CIDH, que reconoció, en el caso de los jueces hondureños despedidos por sus acciones de protesta contra el Golpe de Estado del 2009, que defender la Constitución es, para los funcionarios judiciales (por consiguiente, lo es también para los demás funcionarios y mucho más para el pueblo) un derecho y un deber ineludible. Las protestas públicas del pueblo hondureño, pacíficas, porque sospecha que se ha consumado fraude electoral a favor del Presidente- candidato, constituyen, inequívocamente, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber cívico.

Si el TSE se atreve a declarar oficialmente al Presidente- candidato, en estas condiciones, provocará una reacción en el pueblo hondureño de consecuencias imprevisibles.

Para evitarlo, los partidos deben aproximarse para buscar soluciones. Una, posible jurídicamente, es la versión catracha de la segunda vuelta electoral que contempla nuestra Constitución. Sí, en nuestra Constitución vigente.

En la Carta Magna se prevé, para el caso de que la elección presidencial no haya sido declarada oficialmente un día antes del 27 de enero, que el Consejo de Ministros asuma el Poder Ejecutivo, convoque a elecciones dentro de los 15 días siguientes al 27 de enero, para que se practiquen en un plazo no menor de 4 ni mayor de 6 meses, contados desde la fecha de la convocatoria, y practicadas las mismas se hará la declaratoria dentro de los 20 días siguientes al día de la elección.

Mientras estas elecciones se llevan a cabo, continuarán desempeñándose interinamente los diputados y los acaldes actuales, hasta que tome posesión el nuevo Presidente, fecha en la que se comenzará a computar el período de gobierno.

Esta es la solución que ofrece nuestra Constitución que, de convenir los tres partidos de verdad, puede resolver la crisis política en la que nos encontramos, por la irresponsabilidad del TSE, cuyos magistrados se han ganado, incuestionablemente, el juicio político, con todas sus consecuencias.