Por: Giovani Funa*
El contrato social es una idea de la filosofía política que explica cómo las personas aceptan vivir en sociedad: los individuos ceden parte de su libertad a una autoridad para garantizar orden, seguridad y derechos.
Los principales filósofos que escribieron sobre él fueron:
Thomas Hobbes (Leviatán, 1651): defendía un poder fuerte para evitar el caos.
John Locke (Segundo tratado sobre el gobierno civil, 1689): sostenía que el contrato protege derechos naturales como la vida y la libertad.
Jean-Jacques Rousseau (El contrato social, 1762): afirmó que la soberanía reside en el pueblo y la voluntad general.
Es uno de los conceptos clave para entender el origen del Estado moderno.
La ruptura del contrato social ocurre cuando el Estado deja de proteger derechos básicos o gobernar con justicia, y la ciudadanía pierde la obligación moral de obedecer. En ese quiebre surgen el conflicto, la desobediencia y la búsqueda de un nuevo orden social.
Con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), bajo la lupa sale a flote una crítica constitucional que nos introduce al Estado, el Derecho y la Contradicción desde una perspectiva jurídica constitucionalista.
El análisis de cualquier institución estatal debe partir de un reconocimiento fundamental: el Derecho y la Constitución no son instrumentos neutros o asépticos, sino superestructuras jurídicas que reflejan, consolidan y reproducen las relaciones de poder y producción de una sociedad de clases.
La Constitución Política, en este marco, es el documento que organiza la dominación política de la clase hegemónica, presentándola como un pacto social universal y legítimo.
ICE y la represión migratoria: el ICE no es solo una agencia de control migratorio, sino un instrumento del Estado capitalista destinado a proteger los intereses de la clase dominante. Su función principal no es la «seguridad», sino la regulación violenta de la fuerza de trabajo en un sistema que depende de la explotación.
El capitalismo estadounidense se beneficia históricamente de la mano de obra migrante barata, precarizada y despojada de derechos. Los inmigrantes -especialmente indocumentados- ocupan los trabajos más duros y peor pagados, mientras viven bajo la amenaza constante de la deportación. ICE cumple aquí un rol clave: mantener el miedo como mecanismo disciplinario, impidiendo la organización sindical y la resistencia colectiva.
La brutalidad denunciada en redadas, detenciones arbitrarias y centros de detención no es una desviación del sistema, sino una expresión estructural de la violencia estatal que, como explicó Carlos Marx, sostiene el orden económico existente. El Estado no actúa como árbitro neutral, sino como guardián de la propiedad privada y de las relaciones de producción.
Además, la criminalización del migrante cumple una función ideológica: divide a la clase trabajadora, enfrentando a trabajadores nativos contra extranjeros, desviando la atención de las verdaderas causas de la precariedad -la acumulación de capital y la desigualdad- hacia un enemigo construido.
Desde esta óptica, abolir o reformar ICE sin transformar el sistema económico solo atenúa los síntomas. La verdadera solución pasa por superar las condiciones materiales que hacen necesaria la represión, garantizando derechos plenos a todos los trabajadores, sin importar su origen, y desmontando el aparato que convierte la migración en delito.
El ICE no es simplemente una agencia de aplicación de la ley. Desde una perspectiva jurídica constitucionalista, el ICE es la encarnación institucional de una contradicción fundamental del capitalismo estadounidense.
Es el brazo ejecutor de un sistema que, bajo la pretensión de legalidad y seguridad nacional, organiza la explotación, la división de la clase trabajadora y la defensa violenta de las fronteras del imperio. ICE opera como un instrumento de la «dictadura del capital», violando sistemáticamente los derechos constitucionales mientras cumple su función histórica: disciplinar a la fuerza laboral y proteger el régimen de acumulación.
Es una batalla por la hegemonía ya que ICE es, en última instancia, un símbolo de la batalla por la hegemonía. Su existencia normaliza la idea de que un ser humano puede ser «ilegal». Defenderlo es defender el orden capitalista racializado.
Desafiar su legitimidad constitucional y política es, por tanto, un frente crucial en la lucha de clases. No se trata solo de cerrar una agencia, sino de negar la lógica que la creó: la lógica de un sistema que necesita enemigos internos, trabajadores desechables y fronteras armadas para sobrevivir. La abolición del ICE no es el fin, sino el comienzo de la construcción de un mundo donde, por fin, ningún ser humano sea ilegal.
*Filósofo
